Destacadas, Nacionales

Página 12 : El escándalo por abusos sexuales que compromete a Gustavo Melella

La causa por acoso sexual abierta contra el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, podría cobrar impulso a partir del resultado de los peritajes realizados a los teléfonos de las víctimas. El jefe comunal fue denunciado por tres obreros de la construcción que relataron con detalle cómo los acosó y les pidió favores sexuales como condición para pagarles trabajos que habían hecho para el municipio. En los estudios realizados a los celulares se detectaron comunicaciones que dan cuenta de la existencia de una relación entre Melella y al menos dos de sus presuntas víctimas. El abogado que representa a los denunciantes pedirá en base a ello la indagatoria del intendente.

“Decía que no los conocía, ahora tendrá que explicar por qué mantuvo estos contactos telefónicos”, es el razonamiento elemental del abogado Francisco Giménez para solicitar que Melella sea indagado. En el plano público el intendente tuvo que lidiar con el impacto político que provocó la denuncia, pero hasta ahora en los tribunales sobrellevó sin mayores sobresaltos. Giménez le apunta a la justicia de Río Grande por su lenta investigación.

Melella fue denunciado el 30 de agosto pasado. La denuncia la recibió el fiscal subrogante Pablo Candela, ante quien Giménez dio cuenta del acoso sexual Mario Lovera, Damián Rivas y Jerónimo Suasnabar. Los tres hombres son albañiles. Sólo dos se conocían entre sí. Además del oficio y su condición humilde, el común denominador entre ellos es que en su momento migraron desde el norte del país hacia Tierra del Fuego en busca de empleo y que realizaron trabajos para la Municipalidad de Río Grande que llegado el momento no pudieron cobrar. En ese marco establecen un vínculo con Melella y se plantea la situación investigada por la justicia.

El municipio les pagó los trabajos realizados por los albañiles a la Constructora Patagonia SRL, que además los sobrefacturó. El dueño de esa empresa es Alejandro Guillén, esposo la secretaria privada de Melella, Norma Menéndez, cuyo hermano Diego integra el directorio de la firma. El vínculo entre el intendente y Constructora Patagonia SRL fue denunciado en 2017 por el mismo Giménez, tras lo cual la justicia ordenó allanamientos en la municipalidad y la empresa e imputó a sus propietarios.

El caso de Lovera, Rivas y Suasnabar dio lugar a la apertura de una causa contra el intendente por “abuso sexual coactivo”. La instrucción del expediente quedó en manos de Raúl Sahade, quien traba la investigación al extremo de haber apartado a Giménez de la querella con el argumento de que obstruye la justicia.

Giménez denunció la maniobra de Sahade ante el Consejo de la Magistratura fueguino y lo recusó, pero el juez cajoneó el pedido. Sahade está vinculado al “clan Loffler”, como se llama en Tierra del Fuego a la poderosa familia de cinco hermanos entre los que sobresalen Ernesto “Nené” Loffler, juez de la Cámara Civil de Río Grande, y Damián “Loli” Loffler, quien lleva ya dos décadas como legislador provincial. Es común ver a los Loffler en los actos de campaña de Melella a la gobernación y a ellos se les atribuye la nominación de su compañera de fórmula.

Los relatos de los albañiles ante Sahade fueron crudos y con detalles precisos de los abusos. En los tres casos dijeron que Melella les mandaba mensajes de WhatsApp, en los que se les insinuaba o directamente les hacía propuestas de índole sexual valiéndose de su situación de poder y que en encuentros en su propio departamento o su oficina abusó de ellos.

Como parte de la investigación el juez ordenó peritar los celulares de Lovera, Rivas y Suasnabar; en cambio, no ordenó retener el teléfono móvil del intendente ni tampoco realizó las inspecciones a los lugares descritos por los denunciantes para acreditar la veracidad de sus dichos. Los peritos judiciales que estudiaron los teléfonos de los albañiles son Matías Taborda y Matías Calderini, quienes entregaron a Sahade dos dictámenes con sus conclusiones: el 543/2018 y 544/2018. Allí consignan que en el celular de Lovera se detectaron 151 registros de llamadas, entrantes y salientes, con el celular de Melella. En el peritaje también se constató la existencia de 18 archivos de audio de WhatsApp a los cuales los especialistas les prestaron atención. Si bien esos archivos no pudieron técnicamente relacionarse a comunicaciones con el intendente, los peritos indicaron que “por su contenido se presupone que tendrían alguna vinculación con el hecho investigado”. Lo mismo ocurrió con 105 capturas de pantallas de charlas de WhatsApp que por lo que dicen podrían estar ligados a los presuntos abusos.

Al analizar el móvil de Rivas, los peritos hallaron una única comunicación suya con Melella. El mensaje da cuenta del reclamo del albañil por el pago de trabajo. “Hola amigo cómo está necesito que me pague la totalidad del trabajo realizado en centro tecnológico de Pellegrini 520 caso contrario difundiré a todos los medios de comunicación prueba de acoso y boleta de factura firmada por funcionarios municipales usted jugó con mi necesidad”, dice el texto que Rivas le mandó al intendente y cuya captura los especialistas adjuntaron en el dictamen que enviaron al juzgado de Sahade.

En el celular de Suasnabar no hubo hallazgos que fueran considerados de importancia para la investigación. En su declaración ante Sahade el 31 de agosto ese obrero había aclarado, de todos modos, que los mensajes que contaba haber intercambiado con Melella se le habían borrado de su teléfono, pero que no tenía incovenientes de dejarlo en poder de la justicia para el caso de que pudieran ser recuperados. Los peritajes a los teléfonos de los denunciantes fueron realizados durante el mes de diciembre. Giménez fue notificado de los resultados días atrás. En el juzgado atribuyeron la demora a cuestiones burocráticas, entre ellas la falla de una impresora. Para el abogado de los obreros fue otro de los artilugios en favor de Melella entre los que anota también el hecho de que el defensor del intendente haya accedido al contenido del expediente ni bien sus representados declararon para ratificar la denuncia.

Hasta ahora Melella, un ex seminarista de origen radical que a través de Forja se acercó al kirchnerismo y tras dos mandatos como intendente de Río Grande se postula ahora para gobernar de Tierra del Fuego, hizo una defensa político: alega ser objeto de una maniobra político que apunta a sacarlo de la carrera a la gobernación fueguina. Si la Justicia decide avanzar con la investigación y es llamado a indagatoria, tendrá que empezar a dar explicaciones en los tribunales.

Previous ArticleNext Article

Dejá un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *