Sindicato de Camioneros en Chubut se quejan por los controles antidrogas

El gremio de Camioneros de la provincia de Chubut protagonizó un polémico reclamo durante la reciente VIII Asamblea Extraordinaria del sindicato. Encabezados por el líder de esa agrupación, el actual diputado nacional Jorge Taboada, se quejaron por los controles sobre consumo de drogas a los que son sometidos los choferes.

“Otro punto es que se pusieron muy duros con respecto al consumo de drogas. Si les da positivo a los compañeros, no pueden hacer su carnet psicofísico. Estas son directivas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, señaló Taboada durante el discurso que pronunció en el encuentro realizado el último viernes en Comodoro Rivadavia y que se viralizó a través de las redes sociales.

En otro pasaje, Taboada también criticó que existe “una nueva normativa para sacar el carnet, para los que están excedidos de peso. Es cuestión de tiempo que les van a pedir que hagan un tratamiento. Estas son disposiciones del Gobierno y es un motivo más para votar en contra de él”, afirmó el diputado.

Jorge_Taboada

En el acto, se trató la orden del día, en la que se realizó la elección de las autoridades titulares y suplentes de la Junta Electoral.

Luego de la elección, así quedó conformada la Junta Electoral:

Presidente: Martín Márquez (Transportes Mansilla-Comodoro).

Secretario: Darío Saldivia (E-Nueva-Comodoro).

Vocal titular: Mario Balcón (Vientos del Sur-Comodoro).

1er suplente: Mercedes Bustamante (Patagonia Logística-Trelew).

2do suplente: Eduardo Di Lucca (Distribuidora del Valle-Puerto Madryn).

3er suplente: Javier Mercado (4MGroup-Esquel)

ATE deja el reclamo salarial para el 2019

El prosecretario Gremial de ATE Río Grande, Felipe Concha, indico que terminamos el año “presentando un petitorio de recomposición salarial al Gobierno de la provincia, pero lamentablemente no están llamando a nuestro gremio para discutir el aumento salarial que reclamamos”. Seguramente si no tenemos respuesta, el año que viene vamos estar en la calle de nuevo pidiendo un aumento salarial como corresponde”, advirtieron desde el sindicato estatal. Recordemos que durante la ultima movilización de ATE, habiamos informado que la misma era una puesta en escena entre el propio gremio, con el Ejecutivo, para dejar para el próximo año cualquier discusión salarial .

Advirtió el gremialista que “es una situación que incomoda a todos los trabajadores, a los compañeros de salud, de educación. Seguramente si no tenemos respuesta, el año que viene vamos estar en la calle de nuevo pidiendo un aumento salarial como corresponde”, remarcó. Dijo que se trata de “un incremento salarial en blanco, donde vayan aportes y contribuciones para nuestras Cajas. Que no sea un paliativo en negro, rechazamos ese tipo de suma porque van a terminar fundiendo a nuestra obra social, que cada día está más complicada”, aseguró Concha.

Sobre la pretensión que elevaron al Gobierno, mencionó que “nosotros queremos un aumento que vaya para los jubilados y para los activos, en esa línea estamos trabajando. Hoy estamos girando una nueva nota al gobierno, pidiéndoles a reunión y reclamando el aumento salarial que queremos”, adelantó.

El prosecretario Gremial de ATE Río Grande mencionó luego que estiman “que la situación va a ser más compleja el año que viene. Nosotros queremos garantizar las clases, que no comencemos con conflicto; por eso la Comisión Directiva de ATE no se toma vacaciones”, destacó.

Explicando que se encuentran “esperando que nos llamen para trabajar sobre el aumento salarial, como corresponde, y tratar de garantizar la paz social y las clases”. De igual forma que pretenden garantizar “el servicio de salud, pero eso depende de la respuesta del gobierno. Está en manos de la gobernadora tomar una decisión, sobre si va a atender a la Asociación Trabajadores del Estado o no”, insistió Felipe Concha.

Mencionando que “tenemos que sentarnos con el gobierno, porque de eso depende la paz social. Si no nos atienden vamos a tener problemas, vamos a estar en la calle, pueden llegar a suspenderse las clases y puede haber inconvenientes en el servicio de salud. Pero eso depende de ellos, nosotros como siempre seguimos dispuestos para sentarnos; pero va a depender de que estén decididos a dar un aumento en blanco”, remarcó.

Dijo que el aumento debe ser “por un porcentaje que dé respuesta a las necesidades de los trabajadores. Cómo se defina esta situación depende de ellos, porque los trabajadores ya no aguantan más esta situación donde tuvimos un ajuste nacional y un ajuste provincial”, puntualizó.

Avanzando sobre el rol de los legisladores dijo que “los legisladores también tienen que salir a defender al empleado público. Los legisladores nos abandonaron, el poder político de la provincia nos dio vuelta la cara, gracias a los trabajadores se garantiza las clases y hoy lamentablemente están teniendo un salario por debajo de los niveles de pobreza”, alertó.

Concha señaló que “dan un paliativo de 6000 $ para este año y 4000 para el año que viene, eso no da respuesta para nada. Por eso anticipamos que si no nos atienden va a haber conflicto, seguramente en enero y febrero vamos estar en la calle”, anticipó. 

Para finalizar, el dirigente de ATE comentó que “estamos haciendo un esfuerzo muy grande y los trabajadores se tienen que quedar tranquilos, sabiendo que tienen un gremio que los defiende. Un gremio que va a estar en la calle, porque el gobierno está mirando para un costado y los legisladores no sabemos en qué provincia viven. Así que estamos esperando respuestas, porque vemos que no hay un presupuesto en el cual se contemple esta situación. Los legisladores se juntan para aprobar leyes en contra los empleados públicos, pero no para ver de dónde salen los fondos para otorgar un aumento salarial. Esto también se lo vamos a recordar a los compañeros cuando empiecen las campañas políticas”, concluyó.

El silencio de los gremios se vuelve insostenible

En los últimos días fue noticia que el SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales) de Ushuaia manifestó su simbólico rechazo al bono no remunerativo por única vez de $6000 que dispuso el Municipio de la ciudad, siguiendo el impulso de los anuncios del Gobierno Nacional. El Sindicato, que tiene como fin velar por los intereses de los trabajadores, solicitó a través de un comunicado reunión con carácter de urgencia con el Intendente para tratar la recomposición salarial. En este escenario, todo tiene su debida lógica: un gremio reclamando y cuestionando una medida que no ofrece ninguna solución a largo plazo y resulta más bien un paliativo económico ante una crisis cada vez más mayor. Lo que no resulta lógico es el silencio del SOEM, junto a sus pares ASEOM (Asociación Sindical de Empleados y Obreros Municipales) y de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) durante tantos meses, tras aumentos de salarios que no lograron equiparse con los números de la inflación. Hace meses que los gremios no interpelan a las autoridades municipales por el bien de los trabajadores. Si no hubiese sido por el cuestionado Bono, quizás los gremialistas seguirían en silencio hasta que no queden alternativas. Pero, ¿por qué? ¿acaso quienes deciden pelear por los derechos de los trabajadores no encontraron oportunidad para acordarse de los reclamos antes? ¿o será que el Bono les presentó una situación en la que ya no pudieron sostener su pasividad? ¿en dónde estarán canalizando sus energías? El silencio del SOEM ante la recomposición salarial de los empleados municipales pasó desapercibido por la cantidad de anuncios que vienen haciendo en el último tiempo: la inauguración de su Salón de Usos Múltiples y la entrega de decretos de adjudicación de tierras a sus afiliados que festejaron con bombos y platillos. La entrega de tierras, la adjudicación de viviendas y las pasantías a hijos y familiares de los gremialistas pareciera ser la estrategia del Municipio para tenerlos de aliados. Con este escenario, toma más fuerza la idea de que el rechazo al bono de $6000 fue meramente simbólico como respuesta a la “presión social” de tener que simular una supuesta defensa de los trabajadores. Y, mientras tantos, las autoridades Municipales mantienen entretenidos a los gremialistas con beneficios particulares a costa de todos los vecinos de Ushuaia.

Concejal denuncio a 7 integrantes del gremio de camioneros por amenazas

El concejal de Ushuaia, Tomás Bertotto (PRO) denuncio en la Fiscalia a siete camioneros por amenazas, el edil manifesto que la misma está vinculada a una causa anterior por usurpaciones y tala indiscriminada en la zona autodenominada Almafuerte en el Valle de Andorra (ver). Bertotto contará con custodia permanente en su vivienda y su vehículo personal para resguardo de su integridad física.

Son siete miembros del Sindicato Camionero presuntamente involucrados en la venta ilegal de lotes en terrenos usurpados que fueron denunciados, el concejal relató que en la denuncia indicó cómo “se acercó un camionero que no conozco, ni sé su identidad; y me dijo que tenga cuidado porque estos tipos habían conversado de hacerme ‘cagar’, literalmente. Yo le pregunté cómo y me dijo que me van a hacer cagar a tiros por la denuncia que le hice a miembros del gremio de camioneros”.

El edil llevó adelante la denuncia ante Fiscalía donde fue recibido por el fiscal de turno Daniel Curtale, quien le confirmó al concejal el dictado de la prohibición de acercamiento a 150 metros además de la custodia permanente de la vivienda del concejal y su vehículo particular “yo les dije que voy a seguir denunciando con toda la información que vaya recabando de las distintas usurpaciones”.

Los denunciados por el concejal son: Hugo Zárate, alias Yoryi; Maximiliano Echeverría, alias El Turro; Andrés Hernándes, alias Chaco Pelo Largo; Gustavo Maldonado, alias Toreto; Máximo Fabre, alias Cordobés; Emiliano Alonso, alias Sky y Aldo Perrone.

Bertotto describió las mismas como “usurpaciones organizadas con la modalidad de cercado de terrenos fiscales y venta de lotes. Estos tipos están atrás de ese tipo de maniobras, que en definitiva son varios delitos. No solo está el delito de usurpación que está tipificado en el Código Penal, artículo 181. No solo el delito de tala que viola la ley de bosques.

Tampoco respetan la Carta Orgánica Municipal art. 87 y 88. Sino que además hacen venta ilegal de terrenos que es una estafa. Venden terrenos sin papeles con lo cual el Estado perfectamente los pueden recuperar y esas personas pierden el dinero que gastaron. En definitivamente están vendiendo algo que no es de ellos”.

Para el edil “el modus operandi peligroso es ese, no estamos hablando de una familia que usurpa el bosque y comete un delito, sino hay varios delitos metidos dentro de eso”.

Viviendas de ATE: Carlos Córdoba ya se encuentra frente al Juez De Gama Soler

Es por la investigación que se realiza en el marco de las diversas estafas que se habrían producido a través de la venta de viviendas a personas que no eran afiliados a ATE. La audiencia ante

Si bien Carlos Córdoba fue quien en un principio denunció la irregularidad, ahora es investigado ya que avanzada la causa, se presume que Córdoba estaría al tanto de la maniobra defraudatoria.

El Juzgado de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Sur, a cargo del Doctor Javier De Gamas Soler, citó a indagatoria a 11 imputados en la causa caratulada “Arana, Miguel Ángel y Belbey, Alberto s/defraudación”.

El origen de la causa proviene de la construcción de parte del Instituto Provincial de la Vivienda, de 128 viviendas, destinadas a afiliados del Sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado, que se efectuaría con fondos del Programa Nacional “Techo Digno”, en terrenos cedidos por la Municipalidad de Ushuaia, en la urbanización Barrancas del Río Pipo.

 

El accionar del Secretario General de ATE
Ante el incumplimiento de la entrega del inmueble, dos de los damnificados acudieron al Secretario General de ATE, Carlos Córdoba, a reclamarle por la falta de entrega de las viviendas, por lo que “no podía desconocer la maniobra cuya cara visible resultaba Arana”, expuso el funcionario del Ministerio Público Fiscal, en su dictamen.

El propio dirigente, insistió en reuniones con la Presidencia del IPV y en notas dirigidas al Ministro de Gobierno, la incorporación al listado de 7 personas, ajenas al gremio. “Se corroboró la activa participación de Córdoba en los hechos que se imputan, a partir de conversaciones entre éste y Belbey, donde le refería ‘no me trajiste verdes’, en relación a plata extranjera”, describió Arias.

Para el Fiscal, la intervención de Córdoba en las maniobras defraudatorias, en su condición de Secretario General de ATE, debe considerarse porque “quebrantó la confianza” de los afiliados. Y más bien, “debía administrar en resguardo y para el interés exclusivo de los trabajadores del sindicato que representa”, señala.

Por su parte, según reza el escrito, Miguel Ángel Arana fue señalado como quien “se presentaba al cobro de las sumas de dinero entregadas por los damnificados, ya sea a través de pagos parciales o de una suma única, y a cuyo nombre se transfirieron todos los vehículos entregados como parte de pago”,

“Arana era el Vicepresidente de la Comisión de Vivienda de ATE, y en su intento por incorporar adjudicatarios que no pertenecían al gremio, también habría defraudado los intereses de los verdaderos afiliados con expectativas de recibir una unidad habitacional”, argumenta Arias.

Del detallado dictamen, se desprendió que Francisco Freire Acosta, habría ofrecido algunas de las viviendas sociales, haciendo uso de la agencia inmobiliaria de la cual es propietario, mientras que en el caso de Hugo Fabián Aguirre, en su calidad de agente inmobiliario, “se presume que conocía la situación de las viviendas y aún así, habría intermediado para su venta y recibo de dinero”.

Leandro Santillán Mulvihill y Omar Alberto Calquín, oficiaron de intermediarios en numerosos oportunidades, acercando a los interesados en acceder a las viviendas a la persona de Miguel Ángel Arana, recibiendo incluso pagos o bienes en su representación.

En el caso de Lilian Galli, para el Fiscal “no se puede descartar su activa participación en las gestiones para que se concrete la estafa, al menos respecto de una damnificada”, ya que en uno de los audios aportados ésta le manifiesta que “por no ser afiliada al gremio debían encontrarle otro marco legal y que lo estaba hablando con Córdoba”.

Por último, respecto de Daniel Alberto Belbey, su intervención se vio acotada por una única intermediación y percepción de sumas de dinero de parte de uno de los denunciantes.

 

La UOM amenaza con tomar la Casa de Gobierno

El secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, fue el encargado de cerrar los discursos de esta mañana frente a las puertas de Audivic, adonde se agolparon decenas de trabajadores tras el intento de vaciamiento del fin de semana.

Allí, el líder metalúrgico aseguró: “Estamos dispuestos a tomar las fábricas, cortar las rutas y tomar la Casa de Gobierno si es necesario”.

“Estos irresponsables en representación de la empresa pretenden vaciar la poca alternativa que tienen los trabajadores de Audivic”, sostuvo ante los presentes, que llegaron de forma masiva a pesar de las temperaturas bajo cero.

“Nos estamos calentando con al bronca, la indignación y la rabia”, manifestó Martínez, quien agradeció el acompañamiento de las distintas extracciones que llegaron al Parque Industrial de Río Grande, como el Sindicato de Camioneros y los representantes de la CGT y de la Cooperativa Renacer, de Ushuaia.

SUSPENDEN VUELO DE USHUAIA- BS AS, POR LAS AMENAZAS DE UN GREMIALISTA A UN PILOTO

Los pasajeros del vuelo 1893 de Aerolíneas Argentinas, que debía despegar ayer desde Ushuaia, deberán esperar para viajar a Buenos Aires. Es que la partida del avión se suspendió luego de un incidente entre el piloto y un gremialista.

 

Según relataron testigos del hecho y confirmaron fuentes de la compañía,  el comandante se descompensó luego de que un integrante de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) lo presionara para leer un reclamo gremial en medio del vuelo.

 

Se trata de un comunicado que cuestiona la política aerocomercial del Ministerio de Transporte, que critica el ingreso de las empresas Low Cost y alerta sobre distintas cuestiones que ponen en riesgo la seguridad.  El mensaje se enmarca en el conflicto que los gremios aeronáuticos mantienen con el Gobierno, que impulsa una apertura en el mercado con el objetivo de revitalizar el tráfico aéreo.

 

Los problemas comenzaron el sábado por la mañana, cuando el piloto llegó a aeroparque, para el viaje a Ushauaia, y  fue abordado por un gremialista de APLA.

 

Ante la negativa del piloto de leer la proclama en medio del viaje, se produjo una intensa discusión y un forcejeo que se disipó cuando el sindicalista -también comandante de Aerolíneas Argentinas- amenazó a su colega: “Quedate tranquilo, esto después lo resolvemos afuera”.

 

Afectado emocionalmente por las presiones recibidas, el trabajador se descompensó en pleno viaje hacia Tierra del Fuego y debió ceder el control de la aeronave a su copiloto. Al llegar a destino, médicos del centro clínico ubicado en el aeropuerto detectaron que tenía 13-17 de presión arterial y lo derivaron a un hospital.

 

Como generalmente el regreso a Capital Federal es realizado por la misma tripulación, el vuelo que aguardaban 173 pasajeros en medio de la temporada alta por las vacaciones de invierno fue cancelado.

 

Tras el episodio, el piloto presentó un informe a sus superiores y la conducción de la aerolínea de bandera está analizando los pasos a seguir. Ahora preveen realizar una presentación ante el Ministerio de Trabajo porque creen que la lectura de esta consigna podría representar una violación a la conciliación obligatoria dictada la semana pasada.

 

Todo lo que se lee en las operaciones aerocomerciales está normado. Salvo pequeñas excepciones, los miembros de la tripulación están obligados a cumplir a rajatabla con los mensajes dispuestos por cada compañía para darles la bienvenida a sus pasajeros, informarles cuestiones de seguridad,  comunicarles distintas situaciones vinculadas al viaje y anunciarles el aterrizaje en destino.  Toda violación a estos reglamentos es considerada como un riesgo al vuelo y están totalmente prohibidas consignas personales o políticas. Es por eso que en las próximas horas podría haber sanciones para quienes leyeron el mensaje de APLA.

 

En esta protesta la gravedad es aún mayor porque dentro del contenido del mensaje hay una alusión directa a posibles riesgos en los vuelos. El sábado, Infobae publicó el caso del AR 1570 donde varios pasajeros publicaron en redes sociales su sorpresa por escuchar a 10 mil metros de altura una advertencia sobre fallas en aviones como el que estaban utilizando.

Allanaron la sede de ATE por estafa de las 128 viviendas

La Justicia de Ushuaia realizó tres allanamientos en relación con la causa judicial donde se investiga la presunta estafa con entrega de vivienda de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Los procedimientos judiciales fueron ordenados por el juez de instrucción Javier De Gamas Soler.

Efectivos de la División Delitos Complejos de la Policía Provincial ingresaron al interior de dos domicilios particulares y a la sede de ATE ubicada en la intersección de las calles Kuanip y Karukinká.

Sobre las medidas en las casas de particulares no trascendieron demasiados detalles, aunque sí que en uno de los casos se trata de una persona que habría puesto dinero para la adquisición de la vivienda en el complejo de ATE en Barrancas del Río Pipo (a pesar de no ser ni empleado público ni afiliado al gremio estatal) y al igual que las demás situaciones que se investigan, nunca habría recibido el inmueble.

Sin embargo, el allanamiento principal fue el que se realizó en la sede de ATE, donde la Justicia dispuso el secuestro de decenas de documentos y computadoras en los que puede haber registros de la presunta maniobra ilícita.

Al parecer, al comienzo de la causa, que se gestó por una denuncia del propio secretario general de ATE, Carlos Córdoba, los investigadores ya les habían requerido a las autoridades del sindicato que presentaran la documentación con que contaran.

Pero al recibir solo información parcial, el juez decidió allanar la sede sindical en busca de toda la prueba disponible.

Este dato es importante porque, si bien no se conocen pormenores, marcaría un giro en las actuaciones, y la convicción de los investigadores de cerrar el círculo sobre toda la cúpula gremial, y no solo sobre los dirigentes Miguel Arana y Daniel Belbey, mencionados en la denuncia original.

Las fuentes consultadas mencionaron que de las oficinas de ATE se llevaron cajas con documentación que ahora deberá ser clasificada y analizada para determinar el grado de relevancia que tenga para el expediente.

La Justicia intenta reconstruir la maniobra por la que directivos del principal gremio estatal de la provincia habrían vendido viviendas sociales del complejo Barrancas del Río Pipo a personas ajenas al sindicato.

El complejo habitacional de 128 unidades financiado con recursos nacionales y construido por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) estaba íntegramente destinado a afiliados a ATE que además cumplieran con los requisitos para acceder a una vivienda social.

Sin embargo, se sospecha que el gremio se “reservó” una cantidad de esas casas (se cree que 26 de las 128) para “comercializarlas” a terceros, con la expectativa de que esas personas (previo un pago de dinero) pudiesen ser incorporadas al listado de adjudicatarios que el gremio debía informar al IPV.

Al parecer, el organismo se negó a incluir a esos terceros y muchos de los que habían puesto sumas de hasta $700 u $800 mil o dado vehículos en parte de pago, comenzaron a reclamar y a considerarse víctimas de una estafa.

El caso se hizo público a partir de la denuncia penal que presentó el propio secretario general de ATE, Carlos Córdoba, señalando como supuestos responsables del fraude a dos directivos del gremio, (Arana y Belbey) que integraban la comisión de vivienda del sindicato y manejaban la operatoria con el IPV.

Tras la denuncia, Arana fue salvajemente golpeado el pasado 25 de mayo en la puerta de su domicilio, en la calle Tolhuin al 200, debieron hospitalizarlo, estuvo en coma varios días y hace poco fue dado de alta. En tanto Belbey se suicidó ahorcándose en las tribunas de la cancha de fútbol exterior del Polideportivo Municipal, el pasado 1 de junio.

Arana debía ser indagado por la presunta estafa el pasado 21 de junio, pero el juez de De Gamas Soler, a cargo de la investigación, pospuso ese acto procesal sin una fecha definida.

Tampoco fueron indagados todavía los dos sospechosos de haber participado de la agresión a Arana frente a su domicilio, que estarían individualizados por una filmación, uno como el autor material del hecho, y el otro como supuesto partícipe, ya que se lo vería presenciando el ataque a poca distancia pero sin intervenir en él.

Los damnificados y la inmobiliaria, con el transcurrir de los días fueron apareciendo otros damnificados de la estafa con las viviendas.

Las circunstancias que cuentan estas personas no tienen muchas diferencias entre sí: dicen que les ofrecieron una vivienda en venta con la garantía de que recibirían el inmueble en Barrancas del Río Pipo, y que por ello entregaron dinero en efectivo y bienes en forma de pago. Cumplieron con su parte pero la casa nunca les fue entregada.

El dato es que de las declaraciones de testigos surge la intervención de una inmobiliaria que está siendo investigada judicialmente para determinar si estaba al tanto o no de la maniobra defraudatoria.

Caso viviendas 128 viviendas de ATE: Allanaron propiedades y secuestraron vehículos

Efectivos de la División Delitos Complejos Ushuaia incautó el martes varios vehículos por orden de la justicia en relación a la causa Nro. 36.414/2018 caratulada “Arana Miguel Ángel y Belbey Daniel Alberto p/defraudación”, conocida como la causa de las viviendas de ATE.
El personal policial a solicitud de la justicia logró ubicar una serie de vehículos que se le atribuye a Miguel Ángel Arana. Así se ejecutó varios allanamientos sobre los siguientes domicilios: Calle Hol Hol al 1000, Gobernador Gómez al 1200, 8 de Noviembre al 500
y Tolhuin Sur al 200.
Todos estos domicilios están asociados al entorno del imputado Arana. Producto de la concreción de dichas medidas judiciales se procedió al secuestro de diversa documentación de interés para la causa, como así también de los siguientes vehículos cuya propiedad se le atribuye al mencionado Arana.
Entre los vehículos secuestrados figuran, un camión marca Ford, modelo Cargo con caja volcadora, un cuatriciclo de 50 cc, un cuatriciclo Suzuki, un automotor marca Toyota, modelo Corolla, tres retro excavadoras marca Jhon Deere modelo 310 SJ 4X4, una retro excavadora marca Liugong modelo CLG766, una retro excavadora marca Liulong modelo CLG765 y una retro excavadora 310 SJ.
Como se recordará los acusados habrían “vendido a los damnificados, viviendas a realizarse por parte de la entidad (ATE) defraudando así a los compradores, ya que a los inmuebles sólo podían acceder empleados del Estado y afiliados del sindicato mencionado, requisitos que aquellos no reunían”, definió el fiscal en el requerimiento de instrucción elevado al juez de instrucción de turno, Javier De Gamas Soler.
Arias encuadró provisoriamente la conducta de los imputados como una “defraudación” mediante “abuso de confianza o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”, lo que constituiría el delito de “estafa”, y citó el caso de al menos dos víctimas (un hombre y una mujer) aunque según fuentes judiciales “podría haber más”.