Arcando reincorporó a un empleado condenado por robar insumos del Hospital

Durante su mandato de ocho días al frente del Poder Ejecutivo, el ex gobernador interino Juan Carlos Arcando revocó la cesantía, y por lo tanto reincorporó a las filas del Estado provincial, al ex jefe de depósito del Hospital Regional Ushuaia condenado penalmente  por sustraer insumos del establecimiento, e inhabilitado a perpetuidad para ocupar cargos públicos.
La medida, plagada de hechos sugestivos, favoreció a Julio Salvador Vivas, de 35 años, a quien la Justicia consideró en diciembre de 2017 como autor del delito de “peculado” (una variante de la defraudación contra la administración pública) y lo condenó a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua.
En forma paralela a esa condena, dictada por el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia, el gobierno provincial también concluyó un sumario administrativo y resolvió echar a Vivas del Estado.
La sanción fue aplicada a través del decreto 489/2019 firmado por la ex gobernadora Rosana Bertone y el ex ministro de Salud Guillermo Ruckauf el 6 de marzo de 2019, un año después de la condena judicial.
El decreto asegura que Vivas incurrió “en una falta grave de incumplimiento de sus deberes y quebrantamiento de las prohibiciones exigibles al agente, por haber sustraído del patrimonio estatal, elementos confiados a su custodia, y dispuesto su uso a fines particulares”.
Contra esa decisión, el agente interpuso un recurso de reconsideración, lo que motivó que la ex gobernadora le corriera traslado del trámite a la Secretaría Legal y Técnica.
El organismo de asesoramiento jurídico emitió entonces el dictamen 166 de 2019, en el que el ex subsecretario Legal y Técnico, Cristian Crea, concluyó que no debía hacerse lugar al recurso de Vivas, y debía confirmarse la cesantía.
Sin embargo, durante su breve mandato como gobernador, Arcando dictó el decreto 4469 de 2019, en el que se resuelve hacer lugar al recurso de reconsideración presentado por Vivas, revocar el decreto 489 dictado por Bertone en marzo de ese año, y por lo tanto reincorporar a las filas del Estado al empleado condenado judicialmente. La medida también fue rubricada por el ex ministro jefe de gabinete, Enrique Vallejos.

De un escándalo a otro

Los ocho días del ex vicegobernador al frente del gobierno (por la renuncia de Bertone para jurar como diputada nacional) estuvieron signados por el escándalo que generó la compra de los atributos de mando (el bastón y la banda) utilizados durante el acto de jura y otros eventos protocolares.
Arcando pidió autorización para gastar $450 mil aunque cuando EDFM hizo pública esa documentación, declaró que afrontaría esa erogación con fondos personales, lo que igual desató todo tipo de repercusiones en medios locales y nacionales.
En ese contexto, la firma del decreto que revocó la cesantía del agente Vivas también está rodeada de episodios sugestivos.
Por ejemplo, el decreto que favoreció al empleado no explica el motivo del cambio de posición del Estado, que ya había cesanteado al agente y había dictaminado, a través de la Secretaría Legal y Técnica, que correspondía el rechazo del recurso de reconsideración.
Según fuentes judiciales consultadas por este medio, la condena contra Vivas fue recurrida a través de un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia, que todavía no resolvió (dos años después de la condena) si le asiste o no la razón en el planteo.
Desde el punto de vista jurídico, se podría argumentar -entonces- que el fallo condenatorio no está firme, pero nada de ello fundamenta el decreto de Arcando, que apenas alude “a las razones expresadas por el recurrente y su correlación con los principios del debido proceso y la inviabilidad de la defensa”.
También se menciona en el decreto que “tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica”, pero no se sabe si se refiere al dictamen que aconsejó lo contrario de lo resuelto, o a un nuevo dictamen que podría haber emitido la secretaria designada por Arcando para su exiguo mandato.
De cualquier modo, que la condena judicial, técnicamente no esté firme, no habilita al gobierno a revocar la cesantía. Fuentes vinculadas a la administración pública explicaron que “el sumario administrativo es una instancia diferente y paralela a una causa penal. Si el sumario ya demostró la existencia de una falta grave por parte del acusado, el Estado está habilitado para aplicar la sanción, más allá de los delitos que pueda demostrar la justicia, que tiene otros tiempos y requisitos. La cesantía no está atada a la causa penal, y por ello no tiene nada que ver la presunción de inocencia”, detallaron las fuentes.
Más allá de eso, el decreto de Arcando tiene otras singularidades. Una de ellas es la oportunidad. Fue dictado el último día de gestión y la jornada anterior a la asunción del gobernador Gustavo Melella. ¿Cuál era el motivo de la urgencia para resolver el asunto?
Por otra parte, hay una última coincidencia. El trámite para el registro del decreto y otros pasos administrativos contra reloj, requirió seguramente un mayor esfuerzo de los empleados públicos involucrados, por ejemplo del personal directivo de la Secretaría Legal y Técnica.
Como informó EDFM, Arcando dispuso el 16 de diciembre (misma fecha del decreto) otorgar “una mejora del 100% en el valor de las guardias pasivas que se le pagan a los agentes estatales” que “ostenten los cargos de Director General de Despacho, Control y Registro, y de Subdirector General de Despacho, Control y Registro, dependientes de la Secretaría Legal y Técnica”.

El caso penal

En 2015, Julio Salvador Vivas era el jefe de depósito del Hospital Regional Ushuaia.
La Justicia demostró que durante fechas previas al 26 de agosto de ese año, el agente sustrajo una cantidad de objetos que se encontraban guardados en el galpón que tenía bajo su custodia, en la parte posterior del establecimiento médico, y en un contenedor situado en inmediaciones de esa misma construcción.
Tras la denuncia del caso, y por orden de a jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo, la Policía allanó la vivienda particular del empleado público en el barrio de Andorra.
Allí aparecieron distintas cantidades de elementos como rejillas, esponjas, trapos de piso, escobillones, franelas, bolsas de consorcio, toallas y toallones, sábanas, fundas y guantes, muchos de ellos en sus envases originales y con la leyenda de “uso hospitalario”.
Vivas sustrajo del patrimonio estatal objetos “cuya recepción, administración y custodia le habían sido confiadas en razón de su cargo”, entendieron los acusadores en la causa penal.
La causa se resolvió bajo el procedimiento de “omisión de debate”. Este mecanismo, aceptado por la defensa y los jueces, establece que el tribunal se aboca directamente a dictar una sentencia (sin la realización del juicio oral) y que, en caso de ser condenatoria, no puede superar el pedido de la Fiscalía.
La omisión fue propuesta por el ex fiscal Mayor de Ushuaia, Guillermo Massimi, quien requirió la misma pena luego aplicada por los jueces Rodolfo Bembihy Videla, Maximiliano García Arpón y Alejandro Pagano Zavalia.
Por otra parte, se le impuso a Vivas el cumplimiento de una serie de reglas de conducta, entre ellas “comunicar al tribunal de ejecución todo cambio de residencia”, “someterse al cuidado del Patronato de Presos y Liberados” y “abstenerse de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas”.

Convocan a familiares de las víctimas del incendio ocurrido en Almanza

El Juez de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Sur, Doctor Javier De Gamas Soler convocó para este martes 7 de enero a los familiares de las 5 personas fallecidas en el incendio ocurrido en la ruta complementaria “J” para tomar muestras de ADN (ácido desoxirribonucleico) que permitan su identificación.

El procedimiento que consiste en la obtención de muestras biológicas a través de la realización de hisopados bucales, será llevado adelante por el médico forense del Poder Judicial y será asistido por el equipo de psicólogos de la Dirección Pericial.

Las muestras obtenidas serán enviadas al Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal que cuenta con un laboratorio especializado en Genética Forense y que realiza análisis para el Poder Judicial de la Nación y las Provincias.

Este lunes, a los fines de darle mayor celeridad al proceso integrantes del cuerpo médico forense y el juez de la causa se pusieron en contacto con el Director del citado laboratorio, Dr. Gustavo Penacino.

El Dr. Horacio Artieda, realizó el mismo día del hecho la autopsia de los cinco cuerpos hallados en el lugar. Pero en razón del estado en el que se encontraban, su correcta identificación requerirá de tareas técnicas específicas. Por ese motivo, se coordinó con Penacino enviar las muestras de ADN de los familiares y de los restos hallados en el lugar del incendio.

El proceso para realizar el estudio comparativo de ADN consiste en cotejar las muestras de los familiares directos (hijos y padres de las victimas) con las muestras obtenidas en las autopsias.

Para el análisis, se colocan las muestras en una secuenciadora, que es una máquina de laboratorio que en forma automática secuencia las moléculas de ADN, lo que permite su ulterior identificación y cotejo. Esas complejas operaciones técnicas tienen una duración de aproximadamente veinte (20) días y no es técnica ni científicamente posible acortar esos plazos.

El resultado de la información obtenida permitirá realizar el entrecruzamiento de datos para la identificación comparativa. En otras palabras, para determinar fehacientemente la identidad de las víctimas. 

En tanto, el Ministerio de Salud Pública informó el estado de los pacientes internados. Tanto Esteban Molinari como el joven menor de edad, continúan en Terapia Intensiva, bajo sedación  y analgesia,  con Asistencia Respiratoria Mecánica, bajo monitoreo permanente de sus funciones vitales y estricto control evolutivo.

El parte médico fue emitido este martes por la mañana y por esta vía de comunicación se continuará informado el estado de salud de ambos pacientes.

Caso Dario Weiss contactan a una de las menores victimas por Instagram y le ofrece una camioneta o automovil.

so Dario Weiss, uno de los abogados del condenado por abusar de dos menores se contactó con una de las víctima por mensaje privado de Instagram, para ofrecerle una camioneta o un automovil.

Recordemos que Weiss cumple una condena de 8 años por el abuso de dos niñas de 8 y 14 años . Su abogada, Norma López, contactó a una de las víctimas en la madrugada del 1 de enero. Le dijo “hola bonita” y le preguntó si “seguía enojada con Darío”. Intervino la Justicia y dictó una medida para impedir cualquier comunicación del empresario con las menores, por sí mismo o través de terceras personas.

Tres horas después del brindis de fin de año, es decir, a las tres de la madrugada del 1 de enero, la abogada del empresario se comunicó a través de la red social Instagram con una de las víctimas de los abusos, que se encontraba pasando las fiestas con su padre en la provincia de Córdoba.

En la conversación sostenida por chat, la abogada Norma López (defensora de Weiss) saludó a la víctima menor de edad con un “hola bonita”, y le preguntó si “seguía enojada con Darío”, en referencia al empresario que cumple su condena preso en Río Grande.

El extraño episodio fue calificado como un “contacto indebido” por la abogada Karina Echazú, representante de la madre de la víctima y querellante en el juicio donde Weiss fue condenado.

Echazú actuó de inmediato y realizó una presentación ante el Juzgado de Ejecución de condenas, solicitando que luego del “desconcertante mensaje”, ordenara una “medida de protección hacia la menor”, para que Weiss “se abstenga de comunicarse con la víctima, por sí o por interpósita persona”.

El juez de instrucción Javier De Gamas Soler (actuando como magistrado subrogante durante la feria judicial) hizo lugar a la medida a las pocas horas, aún sin que todavía se haya determinado cuál fue el propósito del contacto virtual, y si eventualmente pudiera estar involucrado el propio autor de los abusos.

Según las constancias aportadas por los denunciantes del hecho, la conversación que se produjo entre la abogada López y la menor, fue la siguiente:

“-Hola bonita!!! Soy la abogada de Darío… ¿Querés que hablemos? Si te jode, te incomoda o no tenés ganas decime y no te escribo más.

-¿Darío Weis? Sí, no tengo drama pero los temas judiciales son arreglados con mi abogada.

-Si ¡olvidate de eso! Ya estamos arreglando todo eso, ya le hicimos una oferta y después de las vacaciones seguro vas a tener auto (figura con guiño de ojo) O camio. ¿Vos estás enojada con él?

-Disculpá, me pasas tu whatsapp así te respondo bien por Whatsapp.

– (La abogada le proporciona el número)

-Muchas gracias

– A vos”.

En la presentación judicial consta que la menor le contó lo ocurrido a su madre, a los pocos minutos, y que la progenitora llamó entonces a López, quien le “corroboró que había sido la autora de los mensajes”. Ante ello, la madre le exigió de forma terminante que “no vuelva a comunicarse nunca más con su hija” y le adelantó que realizaría la denuncia correspondiente.

“Lo primero que viene a la mente a quien conoce esta situación es preguntarse: ¿qué hace la abogada de un reo (que cumple condena en un instituto penitenciario de la ciudad de Rio Grande) en el horario de la madrugada de la fiesta de Año Nuevo, buscando en las redes sociales a la víctima menor de edad de su defendido para abordarla de manera ilegal?”, se pregunta la abogada Echazú en la presentación judicial derivada del hecho.

También agrega que lo que se desprende de lo sucedido es “un claro mensaje de parte del mismo Weiss a su víctima”.

“No hace falta ahondar en la sorpresa de la adolescente cuando una extraña – en ese contexto y presentándose como abogada de Weis – le pregunta de repente algo tan personal y fuera de lugar como, si “está enojada“ con quien fue condenado a 8 años de prisión por haberla abusado sexualmente de manera reiterada a ella y a otra menor. La intolerable intromisión en la esfera privada de la adolescente víctima, es claramente un exceso en la actividad profesional de la abogada Norma Graciela López, lo cual seguramente será analizado en otros ámbitos. No obstante, y en cuanto a lo que a este ámbito respecta, claramente se ve como un intento por parte de Weiss de tomar contacto con quien fuera su víctima a través de su letrada y corroborar si la adolescente “está enojada con él”. Conociendo los hechos de pedofilia por los que Weiss está cumpliendo condena, no resulta extraño el propósito oculto de este contacto”, agrega Echazú en su escrito.

Por otra parte, menciona que la “irrupción” de la abogada le generó tanto a la adolescente como a su grupo familiar, una “intranquilidad que obliga a tomar otras medidas de resguardo respecto a la menor. Ello, por cuanto, se teme que Weiss, en lo sucesivo vuelva a intentar comunicarse con la misma de cualquier otro modo, o a través de interpósitas personas como lo hizo en esta oportunidad”.

La Justicia corroboró además, a pedido de la misma letrada, que en el momento de la comunicación virtual (3 de la mañana del 1 de enero) Weiss se encontraba alojado en la Unidad de Detención 1 de Río Grande y no gozando de ningún tipo de salida transitoria o excepcional. Ello para despejar la duda de que el empresario pudiese haberse encontrado junto con López en el momento del contacto.

Cada vez que salga: La abogada querellante también reveló a este medio que le solicitó al juez subrogante de Ejecución una medida adicional de protección de las víctimas de abuso en el caso, consistente en notificarla cada vez que Weiss abandone el establecimiento carcelario donde se encuentra.

Según la letrada, de esa forma, la madre de la menor podría adoptar, en cada caso, “las medidas que estime adecuadas en torno a la protección de la integridad psicofísica” de la joven.

“Nuestro interés es poder prever situaciones de encuentro en caso de salidas extraordinarias o de otro tipo. El juez tuvo por presente la solicitud pero no la resolvió en esta instancia”, explicó Echazú.

La madrugada de la muerte de Nisman, Berni y Cristina Fernandez hablaron 31 veces por teléfono


La expresidenta Cristina Fernández y el exsecretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni hablaron 31 veces por teléfono la madrugada que fue encontrado muerto el entonces fiscal del caso Amia Alberto Nisman, quien fue asesinado, como determinó la Justicia después.

Son 31 comunicaciones detectadas en un entrecruzamiento al que accedió el diario Clarín. Las conversaciones comenzaron a la 0.36 del lunes 19 de enero de 2015 –dos horas y media después de hallado el cuerpo– y siguieron dialogando hasta que se hizo de día. 

La comunicación fue frenética durante algo más de 15 horas, según determina un resultado de cruces telefónicos, asegura el diario porteño. El trabajo había sido encargado hacía un año y finalizó en los últimos días de mayo. 

De las 31 comunicaciones, 22 son llamadas telefónicas y ocho son mensajes de texto enviados desde el teléfono celular de Berni a los celulares de Presidencia asignados a los secretarios privados de mayor confianza de Cristina –Mariano Cabral y Pablo Barreiro– y desde esos números a los de Berni. 

Tanto él como la exministra de Seguridad Cecilia Rodríguez dijeron que cada vez que se comunicaban con Cristina lo hacían a través de los celulares asignados oficialmente a esos secretarios, de acuerdo con el periódico. 

La llamada restante fue recibida por Berni desde el conmutador de la Quinta de Olivos. Cinco de esas primeras comunicaciones sucedieron en dos horas y directamente desde la escena del crimen. 

Sólo dos mencionadas

Pese a que se comprobó que hubo 31 comunicaciones, Berni apenas mencionó haber llamado dos veces a Cristina Fernández la madrugada en que se supo la muerte de Nisman: una cuando iba en camino al departamento del fiscal y la otra cuando confirmó en el lugar que Nisman estaba muerto. 

Sin embargo, nunca dijo nada acerca de que llamó a la Presidenta 11 veces más, ni que Cristina Fernández lo llamó a él 18 veces. Habló con ella durante toda la madrugada: antes de las 6.30 de aquel lunes, ya se habían comunicado 12 veces.

Ocho fueron desde Fernández a Berni y las otras cuatro en sentido inverso. La comunicación siguió hasta la tarde con 19 llamadas y mensajes más que Berni omitió en su declaración ante la entonces fiscal Viviana Fein, en febrero de 2015, a pesar de que en aquel momento le pidieron expresamente que detallara la cantidad de comunicaciones que había tenido con la expresidenta durante esa noche.

Aunque Berni dijo públicamente que fue él quien le avisó a la presidenta sobre la muerte de Nisman, Cristina aseguró poco después, por cadena nacional, que se enteró por una llamada de la entonces ministra de Seguridad Cecilia Rodríguez. 

Rodríguez sigue sosteniendo su versión, ya que en marzo de este año, cuando declaró ante los investigadores, ratificó que la expresidenta se enteró por ella de la muerte de Nisman y hasta detalló cómo reaccionó Cristina:

“¿Me estás jodiendo?”, contó que le dijo la actual senadora.

Esa misma tarde del 19 de enero de 2015 –mientras Cristina y Berni se seguían llamando– el custodio Rubén Benítez habló con un agente de inteligencia apodado “Cato”. Esa llamada también estaba oculta y surgió en esta nueva etapa de investigación del caso. 

Ese día, Benítez señaló que Nisman le había estado pidiendo una pistola, lo mismo que luego dijo Diego Lagomarsino, el informático procesado acusado como partícipe necesario de homicidio y que espera el juicio oral en su casa, monitoreado con tobillera electrónica.

Los cruces telefónicos son en esta etapa –a más de cuatro años del crimen– la esperanza mayor para desentrañar cómo pudo organizarse lo que para la Justicia fue el asesinato de Nisman.

En ese mismo trabajo surgió el año pasado que no fue Nisman quien había contactado a Lagomarsino el sábado en que el asistente informático dijo que le llevó el arma, sino al revés. 

Condenan a hombre a 10 años de prisión por violencia y abuso

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, condenó la semana pasada a un hombre de 41 años, que deberá seguir detenido, al ser considerado autor de los delitos de amenazas coactivas en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, reiterado en un número indeterminado de ocasiones e incendio.

Durante el debate oral y no público, en una primera instancia, el imputado se abstuvo de prestar declaración ante los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla, por lo que luego declaró la víctima testimonialmente, quien fuera pareja del hombre y madre de dos hijos en común.

Tras escuchar la declaración de la mujer, el representante del Ministerio Público Fiscal, Nicolás Arias, decidió ampliar su requerimiento de elevación a juicio y le atribuyó al condenado otros hechos por el delito de abuso sexual con acceso carnal, que ocurrieron durante los últimos 15 años.

Por ello, el Tribunal de Juicio en lo Criminal, convocó nuevamente al imputado a declaración indagatoria a que responda por esos nuevos hechos, los cuales negó en el debate.

Iniciada la etapa de alegatos, el Fiscal Nicolás Arias pidió al Tribunal que el hombre reciba una condena de 14 años por los delitos de amenazas coactivas en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, reiterado en un número indeterminado de ocasiones e incendio, mientras que la defensa del imputado, representada por el letrado Francisco Adolfo Vladimir Espeche, solicitó la absolución.

La lectura de los fundamentos tendrá lugar el viernes 13 de diciembre, a partir de las 14 horas.

El hombre estaba acusado de haber utilizado frases intimidatorias hacía su pareja, con la finalidad de asustarla y haber abusado sexualmente de la mujer, mediante acceso carnal, hechos que ocurrieron el 2 de junio pasado, alrededor de las 15, en el Camping Municipal de Ushuaia y próximo a unos terrenos sin habitar en las afueras de la ciudad.

En ese encuentro, la mujer le había planteado a quien fuera su pareja, que la relación que mantenían no podía seguir en esos términos, y él amenazó que de persistir esa idea, atentaría contra la vida de ella.

Como consecuencia de la finalización de la relación, el condenado le había dicho a la víctima que de no tener relaciones sexuales “cortaría los servicios de luz y gas” de la vivienda que habitaban junto a dos hijos en común.

En tanto, cuatro días más tarde de esos primeros episodios, el imputado habría causado un incendio en el domicilio de ambos, el que ocurrió el 6 de junio.

Las causas que amenazan a Cristina, Máximo y Florencia Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner tiene en su haber diez procesamientos confirmados, seis de los cuales están en juicio oral. De esta manera, la flamante vicepresidenta ya cuenta con dos pedidos de prisión preventiva. Las diez causas que enfrenta Cristina se dividen en solo dos juzgados de Comodoro Py: por un lado, Claudio Bonadio procesó a la ex senadora en siete oportunidades; mientras que Julián Ercolini lo hizo en las tres restantes. En tanto que, Máximo y Florencia Kirchner están involucrados cada uno en dos causas, que están en juicio oral y público.

En este informe, el Equipo de Investigación de Perfil Educación repasa las causas que marcarán el pulso de la tensión que la Justicia enfrentará con el kirchnerimso tras su regreso al poder, en el Gobierno que asumió ayer encabezado por el presidente Alberto Fernández.

La semana pasada, Cristina declaró ante el Tribunal Oral N°2 por la causa Vialidad,que fue iniciada por una denuncia del ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. Se trata de una investigación por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obras públicas a las compañías de Lázaro Báez, en Santa Cruz. La Justicia investiga el rol de la expresidenta como presunta líder de una asociación ilícita encargada de manipular las licitaciones.

Para el juez de primera instancia, Julián Ercolini, la supuesta irregularidad surge de las licitaciones. De un total de 88 proyectos realizados en Santa Cruz entre 2004 y 2015, las empresas vinculadas a Báez obtuvieron 51 contratos por 46.000 millones de pesos. Por su parte, la defensa de la vicepresidenta objetó que el delito ya fue juzgado en los tribunales de Santa Cruz, donde la exmandataria ya fue sobreseída por lo que, sostiene su defensa, este expediente carece de la prueba necesaria.

Cristina Fernández declara en Comodoro Py 20191202
Cristina previo a declara ante el Tribunal Oral N°2. Tiene seis expedientes en juicio oral.

Por otra parte, la causa Dólar Futuro fue la primera en ser elevada a juicio oral. En este expediente se investiga la venta de contratos futuros de dólar a un precio menor al del mercado lo que habría provocado un perjuicio económico para el Estado de 54,4 millones de pesos. La investigación se originó a partir de una denuncia realizada por legisladores de Cambiemos y Bonadio en 2017 y ya cerró la etapa de instrucción para que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 juzgue a los imputados.

Entre los procesados por autorizar esta maniobra se encuentra Cristina junto con el exministro de Economía Axel Kicillof, el exdirector del Banco Central Alejandro Vanoli y otras autoridades de ese organismo. El delito que se les acusa es “administración infiel en perjuicio de la administración pública”. Por su parte la defensa de la expresidenta alegó que Fernández “no obtuvo rédito personal alguno a través de la celebración de contratos de dólar futuro, lo cual da cuenta de que nunca ha obrado con el fin de procurar para sí un lucro indebido“.

El Memorándum de entendimiento con Irán es otra causa en la que intervino Bonadio, donde la exsenadora por la provincia de Buenos Aires fue enviada a juicio oral y público por firmar dicho pacto. Tanto el magistrado como la Cámara entendieron que la firma del documento fue un plan para beneficiar a los iraníes acusados del atentado a la AMIA, por el que tenían pedido de captura internacional.

Se acusa a Cristina y 11 funcionarios más de encubrimiento agravado, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad. Además, Bonadio solicitó la prisión preventiva de la nueva vicepresidenta, quien evitó ser detenida por poseer fueros. En este caso será juzgada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8. En varias oportunidades la exsenadora remarcó que esta causa se trata de una persecución política liderada por el gobierno de Mauricio Macri

Cristina Fernández tiene diez procesamientos confirmados y dos pedidos de prisión preventiva.

Tras conocerse la información de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno, Bonadio procesó a la ex presidenta por considerarla jefa de una asociación ilícita. Por esta causa, el magistrado solicitó nuevamente la prisión preventiva de Fernández. El expediente fue elevado a juicio oral y el Tribunal Oral Federal N°7 se hará cargo del caso.

El abogado defensor de la vicepresidente, Carlos Beraldi solicitó ante la Cámara de Casación que se removiera la prisión preventiva, tras considerar que “no tiene fundamentos”. Además calificó la medida como arbitraria y remarcó que el magistrado nunca había solicitado esta herramienta jurídica por riesgo de entorpecimiento hasta que Cristina Fernández se presentó como candidata a senadora. “El hecho de que alguien pase a tener un fuero no puede ser una circunstancia de riesgos procesales”, dijo.

Por otro lado, la vicepresidenta también fue procesada por formar parte de asociaciones ilícitas dedicada al lavado de dinero, en el caso Hotesur y Los Sauses. Ambos expedientes fueron unificados a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, por orden de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. 

En el expediente conocido como Los Sauces, se investiga el pago de alquileres realizados por Lázaro Báez y Cristóbal López a la firma de la familia Kirchner, como presuntos “retornos” a cambio de los contratos que los empresarios recibían del Estado

Cristina Fernández junto a Máximo y Florencia Kirchner.
Máximo y Florencia Kirchner están procesados por las causas Hotesur y Los Sauses. 

La situación judicial de Cristina también tiene su correlato en sus propios hijos. Los Sauces fue la primera denuncia que involucró a Máximo y Florencia Kirchner. Al actual diputado nacional se le imputó “haber tomado parte en una asociación ilícita, en calidad de organizador“. Mientras que su hermana supuestamente ingresó a la sociedad en calidad de miembro, tras la muerte de Néstor Kirchner. Se le imputó a Florencia haber formado parte de la dirección de un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito.

En el caso Hotesur la familia Kirchner es investigada por presunto lavado de dinero a través del alquiler de 935 plazas hoteleras a la empresa de Báez. La justicia debe comprobar si fueron utilizadas o fueron simulaciones para que ingrese dinero al patrimonio de los Kirchner. Tanto, Cristina como Máximo y Florencia fueron procesados ya que intervinieron como accionistas de la compañía hotelera.   

Por la causa Hotesur y Los Sauces, la vicepresidente declaró: “Los fiscales dicen que el retorno de las obras públicas que hacía Lázaro Báez en Santa Cruz se paga a través del alquiler de habitaciones. Pero no dicen que las obras son 16 mil millones y los contratos son en cinco años 20 millones de pesos. Para ser delincuentes, bastante idiotas los delincuentes. ¿Les dábamos un hotel de cinco estrellas de más de 100 habitaciones de arriba?”.

En tanto, para Beraldi “es tan arbitraria la intimación que ni siquiera se precisa cuáles son las conductas que conforman la supuesta maniobra de blanqueo de capitales, cuándo se habría consumado, ni el modo en qué se habría afectado el bien jurídico tutelado por la norma”.

El juez Claudio Bonadio
El juez Claudio Bonadio procesó a Cristina en siete causas. Tres ya fueron elevadas a juicio Oral. 

Por otro lado, Bonadio desprendió nuevas denuncias de “los cuadernos de las coimas” contra la vicepresidenta que se encuentran en etapa de instrucción. Entre ellas, la cartelización de la obra pública, donde Ernesto Clarens, reconoció haber sido el recaudador del dinero que pagaban los empresarios. El financista aportó planillas sobre los pagos que, una vez traspasados a dólares o a euros,  habrían sido entregados en bolsos a Daniel Muñoz, el secretario privado de Néstor Kirchner. En esta causa, Cristina fue procesada porque se la presume como coautora del delito de cohecho pasivo.

En la misma línea de los cuadernos, Bonadio procesó a la expresidenta por haber recibido pagos que, supuestamente, provenían de subsidios a trenes y subtes. Por este expediente, la Sala I de la Cámara Federal confirmó, a mediados de este año, el procesamiento de Cristina, junto a Julio De Vido Ricardo Jaime

Asimismo, la vicepresidente obtuvo una confirmación de su procesamiento en la causa donde se la acusa de peculado por utilizar aviones oficiales para trasladar muebles y objetos a sus hoteles, desde Buenos Aires a Río Gallegos y el Calafate. Se trata de otra investigación que surgió a partir de los cuadernos de Centeno.

Por último, tras realizarse allanamientos en las propiedades de Cristina en Santa Cruz, en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, se encontró una carta que el libertador José de San Martín le escribió desde Francia a Bernardo O’ Higgins en 1835 y un prontuario del expresidente Hipólito Yrigoyen. Por mantener dichos objetos históricos entre sus posesiones, Bonadio dispuso procesarla por presunto “ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos”.

Seis meses de prisión por incumplir asistencia alimentaria a su hija

El Juzgado Correccional del Distrito Judicial Sur a cargo de la Dra. Felicitas Maiztegui Marcó resolvió la semana pasada condenar a 6 meses de prisión en suspenso a un hombre por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en perjuicio de su hija menor.

El incumplimiento denunciado se produjo en la ciudad de Ushuaia, desde el año 2014 hasta la fecha de la denuncia -23 de agosto de 2016- ante el Juzgado de Minoridad Nº 1 donde se conformó la causa “C. V. c/ L. F. I. s/ Alimentos”.

Ante el Tribunal Correccional, el Fiscal Daniel Curtale mantuvo la calificación legal y pidió condena a 1 año y 8 meses de prisión y la defensa solicitó la absolución.

Se trata de un caso en el que la madre realizó innumerable cantidad de acciones procesales civiles e incluso otra de índole penal, a los fines de lograr la asistencia alimentaria por parte del padre respecto de su hija menor de edad.

“El caso penal avanzó hasta su reciente condena en un delito de difícil prueba y tratamiento técnico y dogmático; pero lográndose en definitiva una respuesta razonable en tiempo oportuno, por tratarse de una víctima doblemente vulnerable por ser mujer y menor de edad”, afirmó el Fiscal.

Cabe destacar que por su complejidad existen pocos antecedentes de condena en el país  en este tipo de casos, por lo que se destaca la tarea de la defensa, cómo de la querella, de la fiscalía y el propio juzgado que llevó al proceso ordenadamente hasta su sentencia.

En el requerimiento de elevación a juicio el Fiscal indicó que entre L. y C. arribaron a un acuerdo respecto de los alimentos “equivalente al 20% de los haberes netos de aquel una vez efectuado solo los descuentos de Ley, cuota que sería depositada dentro del quinto día de percibido los haberes a la cuenta del denunciado.

Desde octubre del año 2011 a agosto del 2012 (L.), abonó una cuota inferior a la pactada y desde setiembre de 2012 hasta el 31 de agosto de 2016 no se erogó suma alguna en concepto de cuota alimentaria. En el mes de setiembre de 2012, (L.) renunció a su trabajo en relación de dependencia de la empresa “S.A. S.A.”. Los incumplimientos fueron denunciados y dieron origen al expediente de “ejecución por Alimentos” del Juzgado de Familia Nº 2 del Distrito Judicial Sur.

Rio Gallegos: el SENASA secuestró camión con verduras que se dirigía a Ushuaia

 El operativo, realizado en el Puesto Sanitario del SENASA de la Ruta Nacional N°3, personal del organismo interceptó un vehículo procedente de Tapiales –provincia de Buenos Aires- con destino a la localidad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, que transportaba 2872 kilos de hortalizas (alcaucil, brócoli, coliflor, chaucha, espárragos, pepino, tomate, zapallito, repollo, apio, hinojo, tomate perita y zanahoria).

El personal del SENASA constató que la mercadería carecía de la rotulación e identificación en el embalaje, transgrediendo la normativa fitosanitaria vigente. Por tal motivo, se labraron las actas de infracción correspondientes, procediendo a su rechazo y retorno al origen.

El SENASA recuerda que desde este mes de noviembre, no se permite el ingreso/egreso hacia o desde la Región Protegida Patagónica de frutas y hortalizas que carezcan de su rotulado correspondiente y correcta identificación, conforme a las resoluciones de la ex Secretaría de Agricultura 145/1983, 297/1983 y 554/1983; y de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 641/2004 y 58/2007.

El rotulado de frutas y hortalizas es la principal herramienta de trazabilidad. Productores, transportistas y comercializadores están obligados a exhibir la identificación correspondiente de los alimentos que manipulan.

Una mujer de 70 años fue atacada por una jauría en Ushuaia

Según los vecinos, informaron que el dueño de los perros, se trata de un hombre de 21 años, quien ya contaría con varias denuncias por el mismo tema.

Los residentes del lugar, plantearon que ya le habían solicitado al hombre que resguarde a sus canes porque habían atacado a otras personas, entre ellas, a una menor de edad, pero éste, resiste a los pedidos de la gente.

Además, detallaron que la persona tendría problemas con el alcohol, y que el padre es quien le brinda alimento a los canes, cuando va de visita al domicilio.

También, los vecinos comentaron que personal de zoonosis había retirado las crías de una de las perras que dió a luz hace unos meses.

Los vecinos espera un accionar por parte de las autoridades antes los incidentes acontecidos.

Procesaron por femicidio al asesino de Estela Suárez

El Juez de Instrucción Nº 3 del Distrito Judicial Sur, Dr. Federico Vidal, resolvió procesar a Gustavo Lopes de 36 años de edad por considerarlo autor materialmente responsable del delito de femicidio, cometido contra su ex pareja, Estela Noemi Suárez, el pasado domingo 27 de octubre.

Lopes, que se encuentra detenido, se lo imputa de haber provocado la muerte de quien fuera su pareja al atacarla de varias puñaladas contra su ex pareja, en la vereda de una vivienda ubicada en calle Marcos Zar Sur al 300, en donde reside la hermana de la víctima y en donde ambos mantenían una discusión.

Lopes fue detenido esa misma noche por personal de la Comisaría Segunda y a pocas cuadras del hecho, aún con el cuchillo utilizado para el crimen.  Tras su detención y disposición en la Justicia, Lopes se negó a declarar.

Luego de la etapa de recolección de pruebas, las que fueron analizadas exhaustivamente y en forma conjunta a la luz de las reglas establecidas, el Juez de Instrucción entendió que está acreditada la materialidad del hecho y su relación de autoría con el encausado, por lo que irá a juicio en donde se espera una cadena perpetua.

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