Caso Melella pericias telefonicas dieron negativas

Las pericias informáticas fueron realizadas por los peritos oficiales y por un perito ofrecido por la defensa de Melella, el abogado Francisco Ibarra. En el informe presentado al juzgado se señala que los teléfonos de Alfredo Suasnabar, Damián Rivas y Mario Lovera no contienen los mensajes aludidos por los denunciantes.

Según Ibarra, el celular de Suasnabar tiene borrada la aplicación de Whattsapp y tampoco se encontraron llamadas ni mensajes. Lo mismo sucedió con el celular de Rivas, aunque en este caso se encontró un mensaje de extorsión dirigido al intendente Melella. En el otro teléfono presentado por Rivas tampoco se encontró ninguna prueba.

En el celular de Mario Lovera no se encontraron conversaciones con el intendente, aunque sí se hallaron los los audios con la supuesta voz del intendente que fueron difundidos por el portal InFoBae.

“Esos audios efectivamente están, pero no pueden ser atribuidos a Melella. Se trata de audios que están en el teléfono pero no tienen remitente. Podría tratarse de audios que han sido grabados en otro lugar, porque no tiene sello de recibido ni nada por el estilo”, dijo Ibarra por Fm Aire Libre.

Según el abogado defensor de Melella “esto pone en evidencia que esto es falso e implica a terceras personas. Todo fue armado, fue una chantada y un circo”.

Ahora, la defensa de Melella analiza presentar una demanda contra los tres hombres por haber hecho una falsa denuncia. “Entiendo que estas personas cometieron un delito y es suficiente con los resultados de estas pruebas periciales”, concluyó Ibarra.

Crónicas Fueguinas

Usurparon en Andorra y se resisten al desalojo advierten que tienen “cuarenta chicos”.

Unas quince familias que usurparon ultimamente en la zona de Andorra resisten el desalojo y advierten que tienen “cuarenta chicos”. Dicen que ocuparon un predio fiscal que pertenece al Municipio, porque no tienen “otro lugar donde vivir”. Aseguran que están en una “situación social complicada” y piden quedarse allí o ser reubicados en otros terrenos.

Vanesa Soria, una de las okupas del sector ubicado entre las calles Barba de Viejo y Antiguos Leñadores de Andorra en Ushuaia, contó que “la situación del barrio es que estamos desde octubre del año pasado ocupando un espacio de la Municipalidad. Somos 15 familias, a 13 nos ha llegado un aviso de desalojo de la Municipalidad, este es un predio fiscal y nosotros estamos todos inscriptos en tierras fiscales y demás pero nos dicen que esto no se va a urbanizar”, relató la mujer.

Dijo que les advirtieron que “nos van a desalojar, lo que quieren es que no estemos acá. Eso es lo que dice el intendente, le llevamos los papeles a un abogado y nos dice que sí que nos quieren desalojar, pero entre todas las familias tenemos más de 40 niños”, advirtió la vecina.

Después señaló que quienes allí habitan “no estamos acá por gusto, hay un montón de familias que están sin trabajo. Uno va sobreviviendo como puede, los alquileres están insostenibles, la situación es muy difícil. No estamos acá por placer ni es fácil, porque es muy difícil cargar agua, cargar la garrafa, estar sin luz. Lo único que tenemos son los subsidios para comprar gas”, relató Soria.

Mencionó que “nuestra situación, en teoría, no es distinta a la de otras tantas familias que ocuparon terrenos antes. Sin embargo ahora la Municipalidad nos dice que no nos quedemos acá, que nos van a desalojar”. “Tenemos mucho miedo, porque no tenemos otro lugar donde ir, tenemos chicos y no tenemos dinero para alquilar”, puntualizó.

La mujer comentó luego que les dicen “que esto está destinado a un espacio verde, pero pedimos que por lo menos nos reubiquen, porque hoy por hoy no tenemos donde ir. En mi caso tengo dos chicos, pero hay familias que tienen 3, 4, hay familias con seis chicos. La situación es muy complicada, ya le dijimos a la Municipalidad que si nos sacan de acá nos vamos a tener que ir a meter a otro lado”, expresó.

Sobre las respuestas recibidas desde la comuna, indicó que “lo único que nos dicen es que está todo judicializado y que no tienen novedades. Ahora nos llega esta notificación del juzgado sobre el desalojo y nos dan cinco días para responder, sólo a dos familias nos ofrecieron unos días en un hotel pero nada más”, remarcó.

Sobre este punto dijo que “esa no es una solución de fondo, lo único que nos queda es contratar un abogado pero eso también tiene un costo importante. Porque en el juzgado nos dicen que no nos pueden poner un abogado para que nos asista, porque esta es una causa civil y comercial”.

Para concluir mencionó que resolvieron “pelear por quedarnos acá o que nos den otro lugar, necesitamos una respuesta concreta porque somos 15 familias que no tenemos donde ir. Lo único que nos dan son amenazas, ya hubo tres desalojos les desarmaron la casa sin nada, sin ninguna orden y dejaron a la gente en la calle. Si no nos dejan vivir acá, que nos reubiquen, es lo único que pedimos. Que nos den un lugar que podamos pagar, en cuotas porque nuestra situación social en muy complicada, por eso estamos pidiendo una respuesta”, concluyó.

Juez desestimo denuncia a Bechis, pero apelaran

El juez de instrucción de Ushuaia Javier de Gamas Soler rechazó el requerimiento de instrucción, y por lo tanto la formación de una causa penal, en el caso de la denuncia presentada por una mujer (ver) contra el actual secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) Luis Bechis, por presunta “violencia de género”.

Así lo confirmaron fuentes judiciales vinculadas al caso, y aclararon que el pronunciamiento “no está firme” y todavía “puede ser recurrido” por la Fiscalía y por la parte querellante.

La denunciante es una mujer de 35 años que también cumple funciones en un organismo dependiente del Poder Judicial, aunque no como planta permanente. Sostiene que el gremialista la golpeó en el rostro y en otras partes del cuerpo, y le produjo lesiones leves, durante un hecho ocurrido el pasado 8 de noviembre en un departamento de la ciudad.

La causa que tramita en el Juzgado de Instrucción Nº1, a cargo de De Gamas Soler, motivó un requerimiento de instrucción del fiscal Fernando Ballester Bidau, donde se precisa la imputación contra Bechis y se solicitan una serie de medidas probatorias.

Sin embargo, el juez analizó las constancias sumadas al expediente y concluyó que “no se presume la comisión de un delito”, señalaron las fuentes.

Para ello, el magistrado tuvo en cuenta varios factores “desincriminantes” y que juegan a favor del denunciado.

Entre ellos, los voceros mencionaron una pericia psicológica que no se inclina porque la mujer haya sido víctima de un ataque o una situación de violencia.

Además, el juez cita como fundamento otra pericia donde se sostiene que las lesiones leves constatadas en el cuerpo de la denunciante, habrían sido producidas “después del momento señalado por la presunta víctima en su relato”.

De todos modos, el abogado Raúl Paderne, quien representa a la mujer en el caso, confirmó que aunque todavía no había sido notificado formalmente de la decisión judicial, ni bien ello ocurra presentará un recurso de apelación para revertir la medida.

Paderne había declarado a FM Centro, cuando la denuncia se hizo pública, que existen “pruebas contundentes” acerca de la agresión a su clienta.

“Estamos en el inicio de la investigación. Se dictó una prohibición de acercamiento de Bechis a la denunciante. No creo que sea una denuncia compleja desde el punto de vista probatorio, pero el caso recién empieza”, había dicho el abogado que ahora tendrá que recurrir a la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones.

Se cerro caso Maldonado “Un crimen sin responsables”

El juez federal Gustavo Lleral ordenó el cierre de la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado por considerar que su fallecimiento se produjo por una “sumatoria de incidencias” y que “nadie fue penalmente responsable por su muerte”. El magistrado dispuso además la absolución del gendarme Emmanuel Echazú, único imputado en la causa por la muerte de Maldonado tras la represión de Gendarmería en la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen. La querella de la APDH ya adelantó que apelará el fallo.

Para Lleral no hay ningún responsable por la muerte de Santiago, a pesar de que él mismo reconoce que falleció mientras “huía”. “Los hechos que se presentaron en el presente caso no constituyen delito. Nadie forzó la desaparición de Santiago. Nadie resultó señalado, por la prueba que se colectó, como autor de aquella hipótesis delictiva. Nadie fue penalmente responsable de su muerte”, plantea la sentencia de 263 páginas.

En su mención a la represión que se desarrolló en la ruta 40, sólo dijo que quedó probado el “procedimiento policial de despeje de ruta”. “A partir del enfrentamiento con los manifestantes que desarrollaban aquella medida, se trasladó al interior del predio ocupado por el denominado Pu Lof en Resistencia Cushamen , ubicado a la vera de ese camino nacional”, agregó sin cuestionar la entrada no autorizada a la comunidad por parte de Gendarmería. Incluso, al relatar cómo fue que se desplegó el operativo en la ruta, insistió en que eran “alrededor de 20 personas que se habrían encontrado encapuchadas, armadas con palos y hondas tipo boleadoras” que impidieron “la normal circulación por ese camino”.

Al narrar cómo cree que fue la muerte de Santiago, el juez habla en términos de “verdad”. “La verdad se mostró sencilla, sin fascinaciones. Santiago estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí, el sólo, sin que nadie lo notara, se hundió”, indicó el magistrado. En un breve relato explicó que fue una “sumatoria de incidencias” las que terminaron con la vida del joven.

“La desesperación, la adrenalina y la excitación naturalmente provocadas por la huida; la profundidad del pozo, el espeso ramaje y raíces cruzadas en el fondo; el agua fría, helada humedeció su ropa y su calzado hasta llegar a su cuerpo. Esa sumatoria de incidencias contribuyó a que se hundiera y a que le fuera imposible flotar, a que ni siquiera pudiera emerger para tomar alguna bocanada de oxígeno. Por la confluencia de esas simples y naturales realidades, inevitables en ese preciso y fatídico instante de soledad, sus funciones vitales esenciales se paralizaron”, indica un fragmento de la sentencia. Luego, Lleral asegura: “La verdad es esa”.

El fallo asegura que se pudo “dar con la verdad que rodeó la desaparición y fallecimiento de Maldonado” y apunta contra todos los que reclamaron Justicia con una versión distinta a la suya. El juez habló de ciertos intentos de “presentar los hechos de un modo absurdamente diverso a su esencia”. “Negarse a ver al realidad es materializar lo absurdo y vivir en la mentira”, insistió al sostener su postura.

El 17 de agosto del año pasado, buzos de Prefectura encontraron el cuerpo de Santiago flotando en un sector del Río Chubut revisado seis veces antes. Las pericias judiciales, algunas cuestionadas por la querella, indicaron únicamente que murió ahogado. Ayer precisamente se informó que el peritaje al DNI de Santiago habría demostrado que permaneció 90 días bajo el agua, lo cual indicaría que también el cuerpo estuvo en el río Chubut por ese lapso. Ese análisis había sido impugnado por la familia apenas fue ordenada por considerarlo nulo, cualquiera sea el resultado. Apenas un día después del resultado que reforzaba la versión oficial, llegó el fallo de Lleral.

CASO SOFIA: Tomaron declaración a un hombre de La Pampa

En diálogo con FM Del Sol, el Dr. Daniel Césari Hernández Juez de Instrucción N°1 de la ciudad de Río Grande explicó que a las declaraciones testimoniales que se han llevado adelante en las últimas semanas, se le suman diligencias de indagación sobre el terreno del sector del camping Norte (ex John Goodall), “y lo que estamos estipulando hacerlas, es antes del 15 de diciembre. Estas medidas consisten en el traslado del personal del Tribunal, junto al área de Delitos Complejos, policía científica y se va a pedir la colaboración a la Universidad para que nos provean equipamientos y técnicos de rastreos de terreno”. Asimismo, el magistrado agregó que se dispondrán de tres puntos “que tienen una relación que se combina con dos investigaciones que surgieron hace cuatro años atrás y que a mi entender, no fueron profundizadas y a partir del testimonio de testigos que en su momento no habían depuesto ante el Tribunal, entiendo que existen suficientes motivos como para dirigirse hacia ese lugar y hacer inspecciones sobre el terreno”.

Por otro lado, el magistrado confirmó que pasado el mediodía del lunes, se llevó adelante el interrogatorio mediante el sistema de video conferencia a un hombre oriundo de la provincia de La Pampa. “A esta persona nosotros venimos haciendo un seguimiento en los últimos 30 días, con medidas, con participación de la Policía Federal. Esta es una persona a la que hoy se le secuestró el teléfono, ya que estaba contactando a la familia (Herrera) y esa es otra área investigativa novedosa”. Por otro lado, aclaró que “en este caso, nos obligó a tomar medidas un poco más intensas de las que se tomaron en otro momento. La persona en este momento se encuentra en una condición de testigo y eventualmente puede mantenerse o variar su condición. Es una persona que comenzó a contactar insistentemente a la familia de la menor y de forma sospechosa, rápidamente cortó el contacto, luego miraba las comunicaciones y es una situación que le llamó la atención al Tribunal y por eso se lo convocó a testimonial por video conferencia ante mí y con control del Juzgado de La Pampa”.

El juez informó que 12 testigos prestaron declaración durante todo el mes de noviembre, “son todos residentes de la provincia y en la ciudad de Río Grande. En el caso del testigo de La Pampa, es un caso aislado y que se lo viene investigando desde hace unos 40 días y siempre intentamos mantenerla en resguardo”, indicó.

Nahir Galarza, a las piñas en la cárcel con una ex Concejal

Toda la paz que reinaba en el Penal de Mujeres de la ciudad entrerriana de Paraná, se acabó con una violenta pelea entre dos “famosas reclusas”. Una de ellas es Nahir Galarza y la otra, Griselda Bordeira, una ex Concejal de Cambiemos.

Bordeira se encuentra con prisión preventiva y procesada en la causa que está vinculada a la banda que lidera Daniel “Tavi” Celis; y Nahir,  está purgando la perpetua por el crimen de su novio, Fernando Pastorizzo ocurrido en Gualeguaychú.

Griselda Bordeira, ex Concejal de Cambiemos, se peleó con Nahir.

Ambas están en el mismo pabellón que otra reclusa, procesada y presa por formar parte de una banda narco en Concepción del Uruguay.

Según le contaron al diario Uno, todo comenzó cuando la ex legisladora, criticó a Nahir, que se encontraba escuchando música con sus auriculares. La chica reaccionó y se fue “directamente a las manos” y tuvo que ser separada por las agentes penitenciarias.

Tras el rumor que ambas se denunciarían por amenazas de muerte y la posibilidad de un nuevo conflicto, las autoridades decidieron derivar a Bordeira al pabellón de madres.

CONCEJAL DE USHUAIA Y EMPLEADO DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA INVOLUCRADOS EN UNA DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL CONTRA UNA MENOR

El edil de la UCR se puso inmediatamente a disposición de la Justicia e hizo entrega espontánea de su teléfono celular para demostrar que no tiene ningún tipo de relación con ninguna de las personas involucradas en el hecho.

Ramiro Horacio Mair, de 44 años de edad, es empleado del Superior Tribunal de Justicia y tiene dos hijos.
Ramiro Horacio Mair, de 44 años de edad, es empleado del Superior Tribunal de Justicia y tiene dos hijos.

En las últimas horas, se conoció la sustanciación en la Justicia de una causa que se inició con la denuncia de un hombre de 27 años de edad que se encuentra en una unión convivencial con una chica de 17 años de edad, relación consentida por la madre de ella, dada su condición de menor.
El hombre instó una denuncia policial en contra de Ramiro Horacio Mair, de 44 años de edad y del concejal de la UCR Juan Manuel Romano, a quien señala – a través de los dichos de su novia – como partícipe de una situación en la que la joven resultó violentada sexualmente.
Según los dichos de Lucas Ayala, su novia se ausentó sin aviso del domicilio que ambos comparten, el día lunes 5 de noviembre y que no volvió a tener noticias de ella hasta el 7, cuando regresó al departamento que ocupan, admitiendo que pensó que “se había ido de joda”. Como la menor se autoinfligía lesiones cortantes en los brazos y se tironeaba el pelo, le preguntó insistentemente qué le pasaba, la que le habría terminado por confesar que había concurrido a una reunión social en la que hubo consumo de cocaína por parte de todos los presentes y en la que había varias menores de edad y hombres adultos. Durante esta reunión, M.B.G.J, acusó a Ramiro Horacio Mair, de 44 años de edad, de haberle infringido repetidos golpes de puño y tirones de pelo, mientras la arrastraba a una cama en donde la sometió sexualmente. Luego de ello, el hombre, que es empleado del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, la habría amenazado diciéndole textualmente “No manches mi nombre porque trabajo en el Poder Judicial. Mi nombre llega a salir manchado y te va a ir mal a vos y a tu familia”.

Un aporte a la confusión. La redundancia no contribuye en nada a dilucidar este tipo de cuestiones, tan complejas y delicadas, cuando se ven reflejadas en escritos judiciales.

La menor denunció a través de su novio y tutor legal, que los hechos ocurrieron en una propiedad perteneciente a Juan Manuel Romano, de quién dijo que también estuvo en el lugar consumiendo sustancias ilegales, pero negó que haya estado presente en el inmueble cuando habría sido forzada sexualmente por Mair.

Fuente Diario Prensa

BLACK AND WHITE: LA CÁMARA DE CASACIÓN ANULÓ EL SOBRESEIMIENTO DE 6 INSPECTORES

La Sala 4 de la Cámara de Casación Penal de Buenos Aires revirtió un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y anuló el sobreseimiento de seis inspectores de la Municipalidad de Ushuaia acusados de no haber controlado el local nocturno “Black And White”, donde en 2012 se descubrió y luego se condenó a una banda dedicada a la trata de personas.
Alfredo Duilio Santos, Martín Andrés Mieres, Eduardo Hugo Scarnati, Luis Alberto Villegas, Aníbal Torres y Carlos Alberto Signoni habían sido imputados en la causa por no haber descubierto los cuartos posteriores del negocio donde se ejercía la prostitución, a pesar de haber recorrido las instalaciones en varias ocasiones.
El juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, les dictó un primer sobreseimiento que después fue confirmado, en mayoría, por la Cámara de Apelaciones de Chubut.
Sin embargo, ante un nuevo recurso de casación presentado por el fiscal Norberto José Bellver, los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, resolvieron anular el sobreseimiento y remitir otra vez las actuaciones al juez Calvete para que dicte un nuevo pronunciamiento sobre la situación de los inspectores, ajustado a los fundamentos del fallo.
La sentencia de Casación recuerda que  “Black and White” (luego rebautizado como “Red and White”) era explotado comercialmente por Víctor Morales (uno de los condenados por trata en 2015) y si bien estaba habilitado para funcionar como “club nocturno”, acorde a las ordenanzas municipales, “en la realidad funcionaba en forma solapada un prostíbulo, donde las mujeres (o “alternadoras” según consta en las constancias sanitarias), además de hacer “copas” (venta de tragos a clientes), hacían “pases” o “servicios” (prestaban servicios sexuales a los clientes a cambio de una suma de dinero), que eran realizados en las habitaciones ubicadas en la parte trasera del local las que si bien en el plano habilitado municipalmente figuraban como “vestidores”, evidentemente funcionaban como dormitorios con sus respectivos baños, amoblados con camas matrimoniales y donde se visualizaban carteles que indicaban que los preservativos debían ser arrojados en los cestos, actividades que importaban una explotación con ánimo de lucro por parte de  Morales y sus cómplices”.
El juez Gemignani desestimó en su voto el principal argumento de la defensa de los inspectores, consistente en que como las habitaciones utilizadas para prestar los servicios sexuales habían sido desafectadas por Morales del área habilitada comercialmente, entonces no debían ser inspeccionadas por los agentes, ya que “pertenecían al ámbito privado”.
Según el juez, no puede desconocerse “la actividad negligente de los funcionarios”, ya que debe considerarse “el contexto social en el que desempeñaban”.
“La actividad de fiscalización y control, llevada a cabo de modo ineficiente no puede limitarse al ámbito administrativo en tanto expectativa institucionalizada (…) puesto que la perspectiva de análisis funcionalista considera la preexistencia de un ámbito social ya fijado con anterioridad y que le impone un espectro de estabilización social propia”.
De manera más concreta, el juez Borinsky opinó que “las habitaciones supuestamente desafectadas para el uso privado, y por ende ajenas al ámbito de la inspección municipal, en realidad no lo estaban”.
Para demostrar esa afirmación, el magistrado recordó el testimonio de policías que acompañaron a los inspectores durante los controles y que dijeron que nunca fueron a ver todo el inmueble y que solo “pasaron, entraron, y se retiraron enseguida, en un plazo de diez minutos como máximo”.
En la misma línea, el juez Hornos afirmó que “resulta poco verosímil que los imputados desconocieran la actividad que se llevaba a cabo en el local que inspeccionaban y la utilización de los cuartos que allí se encontraban para tal fin”.
Por eso, entendió que un juicio oral y público sería el ámbito adecuado para que los inspectores expliquen cómo fueron verdaderamente los hechos y “la responsabilidad de los distintos intervinientes”.

Nuevas denuncias por usurpaciones en la justicia

El concejal del bloque Cambiemos, Tomás Bertotto realizó este lunes nuevas denuncias ante fiscalía para ser investigadas. Una de ellas contra María Cecilia Rossi que tiene alambradas unas cinco hectáreas en el sector autodenominado Dos Banderas y otra contra 4 viviendas escondidas en árboles y tapadas con nylon.
Bertotto aseguró que “como no vemos reacción del ejecutivo municipal hicimos la denuncia ante la Justicia”. El concejal estuvo este fin de semana junto a la referente de protección de animales, María Rosa Chinquini, recorriendo el sector, buscando perros en estado de calle, y buscando identificar a la dueña que había llevado adelante ese alambrado.
Se trata de María Cecilia Rossi que tiene alambradas aproximadamente 5 hectáreas de terreno en la zona del barrio Dos Banderas. El concejal se acercó hacia el lugar, pero la vecina le pidió que se retirara de “su casa”. En el lugar también se pudo evidenciar árboles talados en distintos sectores de la vivienda.
Rossi llamó a un grupo de vecinos que, al ser interpelados por el concejal acerca del alambrado, manifestaron que estaban “custodiando el bosque”. También se presentó personal policial quienes posteriormente brindaron la identificación de la vecina, la cuál se había negado a dársela al concejal.
El concejal también denunció ante el fiscal de turno Fernando Ballester Bidau otras cuatro usurpaciones en el barrio Raíces, sector 4. Las viviendas construidas se encuentran escondidas entre árboles y tapadas con nylon negro.

Los padres de los dos niños intoxicados con cocaína quedaron en libertad

El expediente había sido girado desde el Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo del juez Federico Calvete, al Juzgado de Instrucción Nº2 de la ciudad, a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo, tras determinarse que no había sospecha de tráfico de estupefacientes.

Una vez en la Justicia provincial, intervino también el fiscal de turno durante el mes de octubre, Daniel Curtale y Barrionuevo dispuso un nuevo llamado a indagatoria de la pareja imputada.

Según consigna del Diario del Fin del Mundo, tanto Yésica Vicco, de 33 años y guía de turismo, como Martín Cisterna, de 44, fueron formalmente imputados del delito de “lesiones graves agravadas por el vínculo”.

Posteriormente, ambos padres recuperaron la libertad mientras la jueza resuelve su situación procesal en el término de 10 días hábiles, precisaron las fuentes.

El caso comenzó a ventilarse el pasado 20 de octubre, cuando primero el bebé de 45 días fue atendido en el Hospital por “problemas respiratorios”, y ante las sospechas de los médicos le practicaron un estudio toxicológico que reveló la ingesta del estupefaciente.

La intervención del Juzgado de Familia y Minoridad de la ciudad, que ordenó medidas de protección sobre el resto del núcleo familiar, sirvió para confirmar que el hermano del bebé, un nene de 3 años, también presentaba vestigios de cocaína en su análisis de orina.