Seis meses de prisión por incumplir asistencia alimentaria a su hija

El Juzgado Correccional del Distrito Judicial Sur a cargo de la Dra. Felicitas Maiztegui Marcó resolvió la semana pasada condenar a 6 meses de prisión en suspenso a un hombre por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en perjuicio de su hija menor.

El incumplimiento denunciado se produjo en la ciudad de Ushuaia, desde el año 2014 hasta la fecha de la denuncia -23 de agosto de 2016- ante el Juzgado de Minoridad Nº 1 donde se conformó la causa “C. V. c/ L. F. I. s/ Alimentos”.

Ante el Tribunal Correccional, el Fiscal Daniel Curtale mantuvo la calificación legal y pidió condena a 1 año y 8 meses de prisión y la defensa solicitó la absolución.

Se trata de un caso en el que la madre realizó innumerable cantidad de acciones procesales civiles e incluso otra de índole penal, a los fines de lograr la asistencia alimentaria por parte del padre respecto de su hija menor de edad.

“El caso penal avanzó hasta su reciente condena en un delito de difícil prueba y tratamiento técnico y dogmático; pero lográndose en definitiva una respuesta razonable en tiempo oportuno, por tratarse de una víctima doblemente vulnerable por ser mujer y menor de edad”, afirmó el Fiscal.

Cabe destacar que por su complejidad existen pocos antecedentes de condena en el país  en este tipo de casos, por lo que se destaca la tarea de la defensa, cómo de la querella, de la fiscalía y el propio juzgado que llevó al proceso ordenadamente hasta su sentencia.

En el requerimiento de elevación a juicio el Fiscal indicó que entre L. y C. arribaron a un acuerdo respecto de los alimentos “equivalente al 20% de los haberes netos de aquel una vez efectuado solo los descuentos de Ley, cuota que sería depositada dentro del quinto día de percibido los haberes a la cuenta del denunciado.

Desde octubre del año 2011 a agosto del 2012 (L.), abonó una cuota inferior a la pactada y desde setiembre de 2012 hasta el 31 de agosto de 2016 no se erogó suma alguna en concepto de cuota alimentaria. En el mes de setiembre de 2012, (L.) renunció a su trabajo en relación de dependencia de la empresa “S.A. S.A.”. Los incumplimientos fueron denunciados y dieron origen al expediente de “ejecución por Alimentos” del Juzgado de Familia Nº 2 del Distrito Judicial Sur.

Rio Gallegos: el SENASA secuestró camión con verduras que se dirigía a Ushuaia

 El operativo, realizado en el Puesto Sanitario del SENASA de la Ruta Nacional N°3, personal del organismo interceptó un vehículo procedente de Tapiales –provincia de Buenos Aires- con destino a la localidad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, que transportaba 2872 kilos de hortalizas (alcaucil, brócoli, coliflor, chaucha, espárragos, pepino, tomate, zapallito, repollo, apio, hinojo, tomate perita y zanahoria).

El personal del SENASA constató que la mercadería carecía de la rotulación e identificación en el embalaje, transgrediendo la normativa fitosanitaria vigente. Por tal motivo, se labraron las actas de infracción correspondientes, procediendo a su rechazo y retorno al origen.

El SENASA recuerda que desde este mes de noviembre, no se permite el ingreso/egreso hacia o desde la Región Protegida Patagónica de frutas y hortalizas que carezcan de su rotulado correspondiente y correcta identificación, conforme a las resoluciones de la ex Secretaría de Agricultura 145/1983, 297/1983 y 554/1983; y de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 641/2004 y 58/2007.

El rotulado de frutas y hortalizas es la principal herramienta de trazabilidad. Productores, transportistas y comercializadores están obligados a exhibir la identificación correspondiente de los alimentos que manipulan.

Una mujer de 70 años fue atacada por una jauría en Ushuaia

Según los vecinos, informaron que el dueño de los perros, se trata de un hombre de 21 años, quien ya contaría con varias denuncias por el mismo tema.

Los residentes del lugar, plantearon que ya le habían solicitado al hombre que resguarde a sus canes porque habían atacado a otras personas, entre ellas, a una menor de edad, pero éste, resiste a los pedidos de la gente.

Además, detallaron que la persona tendría problemas con el alcohol, y que el padre es quien le brinda alimento a los canes, cuando va de visita al domicilio.

También, los vecinos comentaron que personal de zoonosis había retirado las crías de una de las perras que dió a luz hace unos meses.

Los vecinos espera un accionar por parte de las autoridades antes los incidentes acontecidos.

Procesaron por femicidio al asesino de Estela Suárez

El Juez de Instrucción Nº 3 del Distrito Judicial Sur, Dr. Federico Vidal, resolvió procesar a Gustavo Lopes de 36 años de edad por considerarlo autor materialmente responsable del delito de femicidio, cometido contra su ex pareja, Estela Noemi Suárez, el pasado domingo 27 de octubre.

Lopes, que se encuentra detenido, se lo imputa de haber provocado la muerte de quien fuera su pareja al atacarla de varias puñaladas contra su ex pareja, en la vereda de una vivienda ubicada en calle Marcos Zar Sur al 300, en donde reside la hermana de la víctima y en donde ambos mantenían una discusión.

Lopes fue detenido esa misma noche por personal de la Comisaría Segunda y a pocas cuadras del hecho, aún con el cuchillo utilizado para el crimen.  Tras su detención y disposición en la Justicia, Lopes se negó a declarar.

Luego de la etapa de recolección de pruebas, las que fueron analizadas exhaustivamente y en forma conjunta a la luz de las reglas establecidas, el Juez de Instrucción entendió que está acreditada la materialidad del hecho y su relación de autoría con el encausado, por lo que irá a juicio en donde se espera una cadena perpetua.

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Diez años de prisión e inhabilitación de por vida para el médico del Garrahan que distribuía pornografía infantil

La pena fue dictada por el doctor Gonzalo Rúa, a cargo del Juzgado Contravencional Nº6. Es lo que había pedido la fiscal del caso, Daniela Dupuy. El hospital, querellante en el caso, había solicitado trece años de prisión. Irá preso a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal

En la tarde de este miércoles, el doctor Gonzalo Rúa, titular del Juzgado Contravencional porteño Nº6, condenó a 10 años de cárcel por el delito de producción, tenencia y distribución de pornografía infantil al pediatra Ricardo Russo, ex jefe de inmunología y reumatología del hospital Garrahan. También fue inhabilitado para practicar la medicina de por vida.

La fiscal Daniela Dupuy, encargada de la investigación, el arresto de Russo en mayo de 2018 y la acusación en el proceso, había pedido diez años al finalizar su alegato en la jornada de ayer. El hospital Garrahan mismo se constituyó como querellante con una abogada, que pidió una pena mayor: trece años. El abogado defensor Ricardo Izquierdo pidió que el pediatra sea absuelto. Russo, que llegó a la lectura de su sentencia bajo prisión domiciliaria, entró a la sala con un uniformado que le tomó el brazo: tres efectivos de la Policía de la Ciudad lo rodeaban en su silla. La jarra de agua frente a él no fue de vidrio como en la audiencia de ayer, sino de plástico, para evitar que dañe a otros o se dañe a sí mismo.

Durante el juicio, que contó con un asesor tutelar del Ministerio Público porteño constituído como parte en nombre de las víctimas y que actuó desde los comienzos de la causa, Dupuy habló de un total de 1.500 fotos y videos acumulados y transmitidos el médico desde noviembre de 2015 hasta el mismo 28 de mayo de este año, horas antes de su detención, con una carpeta de 100 fotos de material prohibido en la computadora del consultorio del Garrahan llamada“Tom Petty and the Heartbreakers”, un clásico grupo de rock estadounidense.

Entre las fotos, según la acusación, hay 220 imágenes tomadas en lugares públicos con el foco en los genitales de niñas y “cinco producciones fotográficas en las que exhiben sus genitales”. También habría distribuido videos de pornografía infantil a través de la red de distribución de archivos eMule, lo que llevó a que lo detecte la agencia de seguridad estadounidense Homeland Security y a su eventual caída. El pediatra habló de descargas “por error”. Dupuy le replicó: “Se le pueden escapar una, dos, no cientas”.

“Tengo acreditado que bajo el IP de su domicilio se habían descargado 270 archivos. No tengo dudas de que fue usted, señor Russo. En primer lugar porque usted es el usuario. Usted tenía conocimientos de uso del programa eMule, había descargado gran cantidad de material de diferente índole”, continuó Rúa.

Rúa lo complicó aún más al recordar el allanamiento que hizo Gendarmería en su domicilio en noviembre de 2018, luego de que : “Con respecto al dolo, usted mencionó que jamás había observado los 270 archivos. Llegué a la conclusión de que eso no es cierto. Cuando se realizó el allanamiento, los testigos han afirmado, con palabras más o palabras menos, que usted les dijo que no le digan nada a su mujer”.

El juez fue tajante: “Usted sabía lo que hacía. Bajaba, consumía y distribuía”.

Antes de dictar la pena, Rúa sumó varios agravantes a la calificación en contra del médico como la cantidad de material, ofrecerlo de manera indiscriminada, su condición de médico, la tentativa acabada de distribución y el tenor de los archivos.

La fiscal Dupuy pidió tras la condena que la prisión preventiva de Russo sea revocada y que sea enviado a un penal.

Así, la condena dictada por el juez Rúa se convierte en un hecho inédito para la Justicia argentina, la pena más dura por un caso de este tipo, donde la figura de abuso sexual no fue parte de la imputación.

Russo aseguró tras el fallo: “Estoy sorprendido por las conclusiones”. Pidió quedarse en su domicilio hasta que la sentencia quede firme. El juez se lo negó. Russo será enviado tras la audiencia a una cárcel del Servicio Penitenciario Fede

Avanza la investigación sobre el escandaloso negocio inmobiliario de terrenos en Tolhuin

Cuando hace dos meses la concejal de Tolhuin, Ana Paula Cejas, hizo las primeras afirmaciones públicas sobre un negocio inmobiliario en el corazón de la isla, el tema no pasó desapercibido. El abogado Daniel Merlo profundizó en el asunto y realizó una denuncia judicial sobre la escandalosa venta de terrenos en Tolhuin que tenían como finalidad emprendimientos productivos, pero que finalmente habrían sido utilizados para negocios inmobiliarios privados, en al menos once casos.

La denuncia por “defraudación al Estado” involucra a políticos, empresarios, sociedades y comerciantes. Según el abogado denunciante, está íntimamente relacionada con ordenanzas llamativamente modificadas para generar excepciones, la sanción de las leyes provincial que modificaron y ampliaron el ejido urbano de Tolhuin y la paralización de la concesión de las Termas del Valdéz.

“La investigación judicial está en marcha, esto se originó en una denuncia mediática que hace la concejal de Tolhuin de apellido Cejas, donde pone en conocimiento de la población de la existencia de situaciones irregulares de tierras fiscales en Tolhuin, a precios irrisorios, y destinadas supuestamente a proyectos productivos pero que en realidad se terminaron convirtiendo en loteos”, explicó el letrado en FM Aire Libre.

Merlo, que además es representante legal de la empresa Roanmat SRL, concesionaria de las Termas del Valdéz, tomó las declaraciones de Cejas para realizar la denuncia penal, luego de lo cual el Fiscal Mayor Guillermo Quadrini ordena el requerimiento del caso con lo cual se abrió la investigación de la causa. No es un detalle menor, siendo que Roanmat SRL asegura haberse visto perjudicada por todo el entramado y, de hecho -hasta el momento- no se ha podido poner en marcha el servicio.

“A raíz de la difusión pública que tuvieron las declaraciones de la concejal, yo recibo en mi domicilio una serie de documentación que puse a disposición de la justicia en tres presentaciones posteriores, o ampliaciones de denuncias, donde además del barrio privado que la concejal Cejas denunciaba que se había construido con un loteo no permitido, aparecen involucrados comerciantes conocidos, empresarios y sociedades de la provincia en once hechos que hoy están denunciados”, detalló.

Si bien el abogado pidió ser querellante, esto fue denegado por el juez de la causa que quedó a cargo del juez Sahade. “Estoy ahora en el juzgado presentando un recurso de apelación para que la Cámara de Apelaciones deje sin efecto esa desestimación y se me de el carácter de querellante”, añadió.

No son supuestos hechos delictivos, son hechos delictivos y lo puedo comprobar”, dijo Merlo quien solicitó ser querellante que “porque estamos ante un perjuicio fiscal en contra del Estado, porque los delitos que se estarían investigando serían los de defraudación al Estado”.

En este orden, precisó que “hubo gente que compró, pero lo compró para un emprendimiento ganadero, un emprendimiento turístico o productivo, que es un precio totalmente diferente al que se hace para realizar un loteo, entonces el perjuicio que se le hace al erario es evidente”.

Asimismo, el abogado realiza la presentación como representante de la firma Transporte Roanmat SRL, que es la empresa concesionaria de las termas. “Ha sido perjudicada directamente porque se han vendido tierras en las proximidades del camino de las termas, donde para ingresar van a tener que utilizar camiones, porque uno de los que compró esos terrenos es para una cantera, otro para llevarse agua de unas vertientes naturales y venderla como agua de mesa, y eso requiere de vehículos pesados, cosa que está prohibido su tránsito por el camino de las termas porque el camino se hizo solamente por la empresa para el tránsito de vehículos de turismo”, indicó.

“Yo entiendo que la Cámara de Apelaciones me va a dar la razón porque se está cometiendo un error por parte del tribunal, ya que curiosamente yo hago la denuncia, luego tres ampliaciones de denuncia por once hechos de defraudación en contra del Estado, la causa lleva el nombre de este letrado y no me dan el carácter de querellante, esto es realmente raro”, cuestionó.

Respecto a los once hechos que se investigan, precisó que la más conocida es la urbanización Los Ñires cuyo beneficiario fue Hugo Daniel Marasco; Ecopueblo de Carlos Daniel González, Nelson Adrián Sander, y Alcides Milessi. Sin embargo, aseguró que “hay más personas involucradas, entre ellos Dovronic, Agua Patagónica SRL. Antonio Celentano, Godoy y varios más que pude comprobarlo con la documentación a la que tuve acceso de manera anónima y presenté en la justicia, que son las adjudicaciones en venta, la ubicación, las escrituras traslativas de dominio”.

En ese punto dijo que “muchos de esos predios están escriturados y acá se amplió también la denuncia porque hay funcionarios públicos de la provincia involucrados en esto, porque quien aprueba los planos de unificación, subdivisión y loteo es el actual titular de la AREF, el ingeniero Eduardo Villa, quien años atrás fue secretario de Queno y siendo secretario de Queno entregó lotes de esta manera”.

Además plantea que la denuncia fue ampliada porque “las adjudicaciones no solamente se hacen cuando Queno era intendente, están refrendadas por lo menos dos de las que presenté en la justicia por Harrington que es el actual intendente electo y además Milín Fernández que también fue intendente de Tolhuin, y una mujer que estaba a cargo en aquella época interinamente de la intendencia de apellido Benítez que también entregó escrituras traslativas de dominio de estas características, de manera dolosa”.

“Hay dos ordenanzas en Tolhuin, una con el número 85 que la deroga Queno en el 2014, esa ordenanza primera tenía un artículo que prohibía cambiar el destino de la tierra, que es lo que dice Cejas cuando hace la primera denuncia pública, la derogan en 2014 y en la nueva ordenanza establece una curiosa nueva normativa que es la excepción, y que le permite modificar el destino de lo que se había comprado y consiste en que el intendente se autoriza a si mismo contra la simple presentación de un proyecto a modificar un destino cuando por ejemplo era para un emprendimiento ganadero”.

Leyes “escandalosas”

“Todo esto es algo absolutamente ilegal, por eso puse a disposición de la justicia las dos copias, la ordenanza anterior y la posterior, lo que pasa es que esto es más complejo aun porque en el medio hay dos leyes provinciales, cuya inconstitucionalidad planteé y que el Superior Tribunal de Justicia tiene que resolver, que son las leyes que crean el departamento Tolhuin y la que amplía el ejido urbano de Tolhuin que es algo escandaloso”, precisó.

Para Merlo ambas leyes “son las que le han permitido a Queno disponer de 644 mil hectáreas para vender”. “Esa es la dimensión que tiene el nuevo departamento Tolhuin y un ejido urbano que antes tenía 54 kilómetros cuadrados, ahora va hasta la cabecera del Lago Fagnano y del otro lado de la ruta que es donde está por ejemplo Ecopueblo”.

Según el letrado en el caso de Harrington “tiene la particularidad de haber refrendado los decretos de Queno con autorizaciones ilegales y de haber votado las dos leyes por las cuales yo he planteado la inconstitucionalidad, que son inconstitucionales además porque meten de prepo dentro del ejido urbano a las termas del Valdez y al viejo aserradero Martínez cuando eso siempre perteneció al Departamento Ushuaia, lo que pasa es que eso se hizo para lo que se llama dar una puesta en valor porque las tierras  fiscales que se compraron antes no valían nada y a partir de que las termas están adentro valen mucho más”.

Las termas del Valdéz sin avances

Merlo sostuvo que todos estos hechos son la explicación a que durante años se haya congelado la situación de las Termas del Valdéz, para que no pueda trabajar la empresa que tiene la concesión.  “Es la respuesta a la cual durante tantos años Manfredotti en 2001 que inventó causales de incumplimiento de contrato, después el gobierno de Cóccaro restituyó la vigencia del contrato porque devolvió lo que Manfredotti y Gallo se habían robado; y desde ahí en 2007 se presentó la mensura de las tierras y nunca lo quisieron aprobar, y esta es la explicación”.

Se permitió por ejemplo el ingreso de camiones para que transitaran por un camino que cuando se lo construyó no fue para eso, y se lo destruyó al camino; y por otro lado se fueron dando adjudicaciones a la vera del camino a las termas, que dicho sea de paso es un camino que hizo la empresa concesionaria de las termas con un costo millonario en dólares en los años 80” señaló asegurando que “esta es la verdadera razón por la cual hasta hoy no se ha podido resolver el tema de las termas, porque políticamente desde un sector del Estado de la provincia se intentó dañar la concesión, lo que hicieron fue robarle el contrato a la empresa”.

Se trata de una causa que hoy se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Yo inicié un juicio varios años atrás pidiendo el cumplimiento del contrato, porque el Estado no estaba cumpliendo, espero que no se demoren 20 años como en el caso del Senador Martínez”.

 Finalmente señaló que “es importante lo que hizo Quadrini de haber requerido porque está abierta la investigación, estamos hablando de hechos de corrupción en perjuicio del Estado y de los fueguinos, pero creo que con la ampliación de la denuncia que hice se viene a ampliar el requerimiento ante los nuevos elementos que hay en la causa y creo que esta causa no se va a detener”.

“A mi me sorprende que haya una denegatoria del juez Sahade que dice que no me puede otorgar el carácter de querellante, en doble carácter, por ser el denunciante y por ser el abogado de la empresa concesionaria de las termas y como eso le genera un perjuicio directo a la empresa yo espero que la Cámara de Apelaciones me haga lugar y pueda colaborar en la investigación”, cerró.

Otra denuncia a Moncho Calderón secretario general de UTHGRA por violencia genero

Una mujer, que dijo ser la ex pareja del Secretario General de los Gastronómicos UTHGRA de Tierra del Fuego Ramon “Moncho” Calderon y dirigente a nivel nacional del gremio, fue nuevamente denunciado públicamente por violencia de género. Dijo que está separada “desde hace tres meses”, pero aseguró que la semana pasada envió a dos personas a agredirla físicamente. “Está todo denunciado en la justicia. Pero tiene poder, tiene contactos en la política, no se hace nada y me siento desamparada totalmente”, remarcó. Es la segunda vez que una mujer lo denuncia Calderon, antes fue Soledad Torres quien lo hizo cuando Calderon era candidato a Concejal por el Partido Verde y desde la Secretaria de la Mujer del municipio no se le brindo ningun apoyo, ni asistencia.

“Mi nombre es Lidia Pacheco, mi ex pareja es Ramón “Moncho” Calderón del gremio de gastronómicos, hace tres meses que me separé de él y tenemos dos hijos en común, de los cuales se olvidó totalmente”, aseguró una mujer, dando testimonio durante el acto que se realizó el viernes pasado en la ciudad de Ushuaia, a raíz del femicidio de Estela Suárez ocurrido en esa misma ciudad el pasado 27 de octubre.

Pacheco dijo ser víctima de “violencia de género de todo tipo, inclusive ayer (por el jueves pasado) me mandó a pegar con dos personas, está todo denunciado en la justicia. Pero tiene poder, tiene contactos en la política, no se hace nada y me siento desamparada totalmente”, remarcó Pacheco.

Pidió “justicia, por mis hijos porque tengo una hija de 14 años y un hijo de 11. Hoy tengo custodia policial, porque me la dieron, pero de acá a 10 días o un mes no sé lo que puede pasar. Él toma muchas represalias, es una persona muy vengativa, y la verdad es que lo nombro y ya tiemblo porque tengo terror, le tengo pánico”, aseguró.

La mujer dijo que “fueron 15 años de violencia y cuando le puse fin a la situación no le gustó y empezó a atacarme con todo. Desde lo laboral a lo económico, lo social y ahora físico, ataques de todo tipo. A plena luz del día iba caminando y me estaban esperando, me revolcaron por toda la calle Alem, así que lo único que pido es justicia”, insistió.

Lidia Pacheco agradeció “el espacio y que me escuchen” y pidió “que la sociedad lo condene, porque no puede ser que una persona con esas características esté como si nada y que diga que es intocable. Mañana no sé qué me va a pasar y estoy acá por mis hijos, refugiándome en la gente que me apoya”, concluyó.

Marcharán para pedir justicia por Estela Suárez

Mañana a las 17:00 se realizará una concentración en San Martín y Fadul para después realizar una movilización por toda la calle San Martín hasta llegar a la sede del Superior Tribunal, con la finalidad de exigir justicia por Estela Suárez, la mujer que fue cruelmente asesinada de varias puñaladas el pasado domingo, en horas de la noche.

Por este homicidio está detenido Carlos Gustavo López, un hombre de 36 años, quien se desempeñaba como cocinero en un restaurante céntrico de esta ciudad. Si bien se trata de determinar en forma fehaciente las causas del hecho, trascendió que el hombre nunca pudo superar que Estela Suárez haya decidido terminar la relación sentimental que mantenían y que la noche de ocurrido el homicidio, López habría actuado alcoholizado.

María Eugenia Bernnardis, subsecretaria de Políticas de Género, área que depende del Ministerio de Desarrollo Social, el cual colaboró con la familia de la víctima, consideró que “se trata de un femicidio por cómo se dio la situación” dijo Bernnardis, revelando que durante la intervención realizada se pudo detectar que “había situaciones de violencia por parte de este sujeto”.

La funcionaria dijo que la víctima “tiene 7 hijos, 5 de los cuales son adultos de más de 20 años y los otros dos menores. Ahora estamos trabajando en conjunto para acompañar a todo el grupo familiar y en especial a los adolescentes, que están a cargo de los hermanos mayores”.

Dijo que “apenas tuvimos conocimiento de la muerte de Estela tomamos contacto con una de las hijas para ver cuáles eran las necesidades que tenían y en primer momento se nos planteó que no tenían los recursos para solventar el sepelio, ya que Estela era el sostén de familia”.

Bernnardis dijo que “se hizo una evaluación desde el Ministerio de Desarrollo Social y, además de decidir solventarle el costo del sepelio en su totalidad, como área de Género y de Niñez conformamos un equipo interdisciplinario para acompañarlos en este proceso”, el cual está conformado por “psicólogos, trabajadores sociales y abogados” con la idea de “acompañar al grupo familiar en su totalidad, pero especialmente a los dos adolescentes que quedaron sin su madre”.

La Subsecretaría de Políticas de Género indicó que “estamos en articulación y conversaciones con el Juzgado de Instrucción Nº 3, a cargo del doctor Federico Vidal y con el Fiscal Mayor, para abordar el tema de la carátula de homicidio agravado por una situación de violencia de género” y destacó la “buena predisposición” de las autoridades judiciales para “trabajar en conjunto” en este caso.

“Queremos que se tome esto como un femicidio, que es la situación más fuerte de violencia de género hacia la mujer” insistió, y señaló que “por eso queremos que se considere como tal en la causa penal” y que a López “se lo juzgue por esta situación”.

Femicidio en Ushuaia: se negó a declarar el acusado por el crimen de Estela Suárez

El acusado del femicidio de Estela Noemí Suárez, de 51 años, ocurrido en Ushuaia el último domingo, se negó a declarar ante el juez que investiga el caso y continuará detenido, según revelaron fuentes judiciales.

Carlos Gustavo López, de 36 años, fue indagado ayer por el juez de instrucción Nº3 de la capital fueguina, Federico Vidal, y en ese acto declinó de dar su versión sobre el hecho consistente en haber apuñalado a la víctima, con quien mantenía una relación sentimental, en la puerta de la vivienda donde ambos se encontraban en compañía de otros familiares.

López, quien tiene derecho a no declarar, habría optado por esperar el resultado de medidas probatorias ordenadas por la justicia, entre ellas una pericia psiquiátrica, antes de ensayar alguna justificación sobre lo ocurrido.

El hombre oriundo de la provincia de Corrientes enfrenta una situación “muy complicada”, dijeron las fuentes, porque hay testigos que lo vieron discutir con la mujer momentos antes de que ambos salieran al exterior de la vivienda ubicada sobre la calle Marcos Zar al 400, donde la víctima recibió varias puñaladas “en el tórax, rostro y cuello”, y falleció minutos después mientras la atendían en el Hospital Regional Ushuaia.

Además, el acusado fue detenido a pocas cuadras del lugar, cuando todavía tenía entre sus pertenencias el cuchillo supuestamente utilizado para el ataque, y múltiples manchas de sangre en la ropa.

La supuesta ingesta excesiva de alcohol, que podría haber servido como elemento desincriminante, tampoco fue verificada, ya que la prueba pertinente habría arrojado una pequeña dosis de alcohol en sangre, insuficiente para que el imputado no haya tenido dominio de sus actos.

Hasta el momento se sabe que López y Suárez estuvieron juntos dentro de la casa, donde vive la hermana de la víctima y donde también estaba la pareja de la hermana. Al parecer hubo una discusión que empezó en el interior de la vivienda y continuó afuera, donde se produjo el desenlace fatal.
Ayer López fue trasladado al edificio de tribunales de Monte Gallinero, para ser indagado.

Distintas fuentes confirmaron que en los pasillos del edificio judicial recibió algunos insultos de personas que lo reconocieron. Durante la indagatoria, fue notificado formalmente de la acusación que promueve el fiscal Nicolás Arias, por el delito de “homicidio agravado” por “haber sido cometido contra quien fuera su pareja y mediando violencia de género”.

Según se desprende del requerimiento de instrucción elevado por Arias, el imputado y su víctima habrían mantenido una discusión de “índole sentimental, producto de celos de parte del hombre”, y que derivaron en que López atacara y  provocara heridas mortales en el cuerpo de Suárez.

Para tal accionar, el hombre habría utilizado un cuchillo, lesionando a la víctima “en el sector del cuello, rostro y tórax” y provocando heridas que más tarde derivaron en el deceso de la mujer.

De acuerdo a los hechos planteados, el fiscal consideró que a primera vista se constituyen el delito de homicidio agravado por “haber sido cometido contra quien fuera su pareja y mediando violencia de género (Art. 80 inc. 1º y 11º del Código Penal).

El juez Vidal tiene ahora diez días hábiles para resolver la situación procesal de López. Si prospera la acusación fiscal, podría enfrentar la pena máxima del Código Penal: prisión perpetua.

El primer marino llamado a indagatoria se negó a declarar

El capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe de Logísitica del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), se negó a declarar hoy ante la jueza federal de la localidad patagónica de Caleta Olivia, en la primera indagatoria de la causa que investiga el hundimiento del ARA San Juan y sus 44 tripulantes en el Atlántico Sur, en noviembre de 2017, informaron fuentes judiciales.

Sulia fue el primer marino en ser citado en calidad de imputado en el marco de la investigación por el siniestro del buque, caratulada por el momento “averiguación de delito”, que lleva adelante la magistrada santacruceña.

Su presentación se mantuvo bajo un fuerte hermetismo, y si bien no trascendió la imputación dispuesta por Yáñez, fuentes cercanas a la causa informaron a Télam que el marino llegó a las 10 al Juzgado Federal, pero como lo hizo sin abogado particular, hubo que aguardar la llegada de un defensor oficial desde la localidad vecina de Comodoro Rivadavia.

Tras negarse a declarar, el capitán de corbeta dejó la sede judicial minutos antes de las 15: las querellas que intervienen en la causa no estuvieron presentes durante la audiencia, por pedido del imputado.

La citación de Sulia, quien estaba al frente del área de Logística cuando el ARA San Juan perdió contacto con la Base Naval de Mar del Plata el 15 de noviembre de 2017, había sido firmada el último 11 de octubre por la jueza, al igual que otros dos llamados a indagatoria.

La magistrada fijó además fechas para que declare mañana desde las 10 como imputado el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, quien al momento del hundimiento del buque y sus 44 tripulantes era jefe de Operaciones de la fuerza.

El jueves, en tanto, será indagado a la misma hora el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso, quien se desempeñaba entonces como jefe del Estado mayor del COFS y fue quien firmó el 24 de octubre de 2017 la Orden de Operaciones 04/17 “C”, que dispuso la zarpada del submarino desde el Puerto marplatense al día siguiente.