Fernández, sobre el aislamiento: “Lo que no entre con la razón, va a entrar con la fuerza”

El presidente Alberto Fernández advirtió hoy que “lo que no entre con la razón, va a entrar con la fuerza” en relación a los ciudadanos que incumplen el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional para contener la propagación del coronavirus, y estén circulando por las calles, a quienes calificó de “inconscientes”.

“Es posible que haya gente que no esté autorizada a salir. Yo le aviso a esa gente que, adonde los encontremos, los detenemos y les vamos a sacar los autos, porque son unos inconscientes. Lo que no entra por la razón, va a entrar por la fuerza; quiero que todos lo sepan”, afirmó Fernández, en un mensaje enviado al periodista Pablo Vilouta, conductor del noticiero de A24.

En relación al colapso del tránsito que se observó esta mañana en los ingresos a la ciudad de Buenos Aires, el jefe de Estado recordó que el lunes, en una reunión en Olivos con el gobernador bonaerense Axel Kicillof e intendentes, se acordó que “ellos van a custodiar todas las autopistas de acceso a la Capital”.

“Arriba de las autopistas, la Gendarmería y la Policía Federal se van a ocupar, y, dentro de Buenos Aires, se está ocupando la policía de la ciudad de Buenos Aires. Todo está organizado”, detalló Fernández.

En ese plano, indicó que “hay que tener en cuenta que hoy van a entrar 122 mil personas que trabajan en salud y en seguridad, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y que van a entrar alrededor de 80 y 100 mil personas más que trabajan en la alimentación, en supermercados, en farmacias, en negocias de cercanías y estaciones de servicio, lo que hace un total de 230 mil personas que se mueve”.

No obstante, el Presidente aclaró que “eso es nada si se tiene en cuenta que en la ciudad entran diariamente alrededor de 9 millones de personas”.

“Quiero que todos me sigan ayudando, nos sigan ayudando. Es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo todos. Por favor, ayudemos”, expresó finalmente Fernández, en el mensaje enviado a A24, tras observar las aglomeraciones de autos en los accesos a la Capital Federal y el renovado pedido de que toda la gente se quede en su casa para evitar contagios.

El jefe de Estado desarrollaba su actividad esta mañana en Olivos, comunicado con su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y sus ministros y colaboradores en la emergencia sanitaria, siguiendo la evolución de la medidas para afrontar la pandemia del coronavirus, dijeron a Télam fuentes oficiales

Al mediodía, el mandatario mantendrá una reunión con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y los jefes de las fuerzas federales.

Coronavirus: Imputan a la persona denunciada por hacer circular mensajes alarmantes

El Juez de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Sur, Dr. Javier de Gamas Soler ordenó el allanamiento del domicilio de una persona denunciada por hacer circular mensajes alarmante para la comunidad. De la requisa personal se procedió al secuestro dispositivos electrónicos que pudo haberse utilizado para perpetrar el suceso investigado. Además se ordenó que sea indagado en las próximas horas.

A raíz de la presentación que realizó el Secretario General de Legal y Técnica del Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, José Capdevila en la sede de la policía provincial, el Fiscal de turno Nicolás Arias requirió que se lo investigue por el delito de intimidación pública previsto en el art. 211 del Código Penal.

El hombre está imputado de haber hecho manifestaciones alarmantes para la comunidad en una red social al hacer mención de una persona que presta servicios en la Policía de Seguridad Aeroportuaria del Aeropuerto Malvinas Argentinas de la ciudad de Ushuaia, con un diagnóstico positivo afectado por Conavirus (Covid-19).

Para el magistrado, la conducta asumida por el imputado, en caso de verificarse la hipótesis delictiva propuesta por la Fiscalía, advertirían que el nombrado profesa un profundo desprecio y desinterés hacía la comunidad. “En tanto, como se dijo, habría desplegado acciones presumiblemente idóneas para atemorizar a la población, propiciando el contexto social endeble a causa de la crisis sanitaria que se intenta evitar por todos los medios legales de los que disponen las autoridades públicas”.

Por estas circunstancias, el Juez impuso la adopción de reglas de conducta para garantizar su sometimiento a proceso y a evitar otras consecuencias que entorpezcan la investigación.

Con ese objeto, -cuando cese el aislamiento social obligatorio- deberá presentarse diariamente en la sede de la División Delitos Complejos de la Policía Provincial, no podrá mudar de domicilio y deberá comparecer toda vez que sea citado por la autoridad policial o judicial.

Un hijo puede reclamar cuota alimentaria a los padres hasta los 25 años

Un fallo  da cuenta de una sentencia en la que los jueces obligaron a un padre a depositar el 18% de su salario a su hijo, en concepto de cuota alimentaria, luego de que este último presentara un reclamo ante la justicia. La Jueza de Familia, doctora María Marta Nieto, explicó que este tipo de presentaciones “son comunes” y que el nuevo Código Civil establece que los jóvenes pueden extender el reclamo “hasta los 25 años”, si es que “están estudiando”.

“Los padres tienen la obligación y el derecho de prestar todos los recursos económicos y asistenciales a favor de los hijos menores de edad, según lo marca el texto actual del Código Civil que entró en vigencia el 1° de agosto de 2015”.

En este sentido, aclaró que “ya con anterioridad a la sanción del Código, se extiende la obligación alimentaria hasta los 21 años” y explicó que “hasta el 2010 una persona era menor de edad hasta los 21 años, después de ese año se dictó una ley por la cual la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, pero ya esa ley decía que la obligación alimentaria se extendía hasta los 21 años”.

Entonces “hay una franja entre los 18 y los 21, donde los hijos, aun siendo mayores, podían reclamar la cuota alimentaria a alguno de los progenitores. Esto es lo que toma el Código Civil, pero no es algo nuevo sino que está vigente hace más de seis años”, aclaró.

“Lo que trae como novedoso el nuevo Código Civil es que le da la posibilidad al hijo de exigir alimentos en los mismos términos hasta los 25 años, pero sólo si está estudiando”, sostuvo la doctora.

Explicó: “el padre no le va a tener que prestar la cuota alimentaria al hijo en caso de que acredite que este hijo tiene capacidad para procurarse sus propios recursos. Por ejemplo: hay chicos que terminan la secundaria y directamente ingresan a trabajar”.

“Si esto no sucede y el chico continúa sus estudios, es una obligación legal con el mismo tratamiento de que si tuviera 16, 10 o 5 años”, dijo y añadió: “si un padre desconoce esta obligación, el chico puede realizar acciones legales a partir de los 13 años con un abogado del niño”.

Consultada sobre si se registran reclamos de adolescentes, dijo que “hubo peticiones de adolescentes en caso de medidas cautelares. Por ejemplo, ante una denuncia por violencia familiar, el juez puede disponer muchas medidas en protección de ese menor. Ha habido muchos casos de chicos de 16 años que han denunciado situaciones de violencia y han solicitado  una cuota alimentaria”.

Sin embargo aclaró: “esto se da en el marco de una medida cautelar. Es algo provisorio que puede ser dejado sin efecto. No es lo mismo que un fallo dictado en el marco de un proceso de alimento”.

Informó que “la asistencia alimentaria debe ser suficiente para la subsistencia del hijo. La asistencia no cubre sólo alimentos sino habitación, esparcimiento, deporte, educación. Si bien se llama ‘cuota alimentaria’ tiene que ver con todo lo que hace al mantenimiento de una persona”.

Finalmente, destacó otro ítem del nuevo Código Civil respecto a las demandas que inicia un menor de 18 años. Al cumplir la mayoría de edad, la denuncia la puede continuar el progenitor y no necesariamente el chico por ser mayor.

El empresario más poderoso con acciones en Tierra del Fuego fue denunciado por su histórico socio

 El dueño del mayor fabricante de electrodomésticos, uno de los principales empresarios del país, está en medio de una guerra societaria en la que se lo acusa de graves delitos, como extorsión, defraudación y lavado de dinero. Se trata de Rubén Cherñajovsky, fundador y principal accionista de Newsan. Del otro lado de la contienda está Emilio Mazzola, su socio histórico en el negocio de artículos para el hogar y ahora ex amigo.

El entramado que se denuncia incluye presuntas operaciones fraudulentas de vaciamiento, que habrían sido realizadas vía China en los últimos tres años de gobierno de Cristina Kirchner y por un monto de, al menos, USD 35 millones.

Los denunciantes creen que los desvíos millonarios desde China a cuentas particulares en Uruguay y Suiza se hicieron mediante un mecanismo que incluyó importación con sobreprecios –usando dólar comercial– mientras que el proveedor chino habría reintegrado las diferencias a través de cuentas offshore.

Mazzola detenta el 25% de Newsan, el grupo que controla marcas como Siam, Sanyo, Philco, Atma y Noblex y que creció en la década pasada hasta convertirse en el principal fabricante de electrodomésticos, celulares y televisores del país, con fuerte injerencia en Tierra del Fuego, donde fabrica y está adscripto a las políticas de promoción de la isla.

El otro 75% está en manos de Cherñajovsky, quien diversificó los negocios en una empresa pesquera y de alimentos (exporta frutas secas, miel, maní y aceite de oliva), en otra de instalación de luminarias LED en municipios de todo el país y hasta en fabricación de aerogeneradores para la industria eólica, una inversión que fue anunciada en 2018 con la visita del entonces presidente Mauricio Macri.

Siempre cercano al peronismo, Cherñajovsky fue uno de los primeros empresarios que visitaron a Alberto Fernández en su oficina de la calle México, el año pasado, luego de las PASO.

Electrodomésticos

Dentro del grupo, están las empresas DatandHome Supplier y Pilisar, que fabrican los lavarropas Atuel y las heladeras SIAM, entre otros. Mazzola y su hijo Juan Pablo denuncian que Cherñajovsky y el CEO del grupo, Luis Galli, quieren sacarlos de la compañía, haciéndolos renunciar a la fuerza e impulsando una compra hostil apoyados en una acusación –falsa, según los Mazzola– de haber robado mil heladeras de la fábrica Pillsar.

En la denuncia penal, que recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini, Mazzola hijo asegura: “Estoy siendo extorsionado por Galli y los restantes denunciados, quienes pretenden que mi desvinculación sea entregando dinero a cambio de no inventarme causas mediante las cuales asegura tener todo arreglado para mi detención».

“Asimismo, esa extorsión se extiende a mi padre, a quien presionan para que venda a un precio vil sus acciones a cambio de no ‘meter preso a Juan Pablo’. Lo cierto –y conocido por los denunciados–, es que no existe un solo elemento mediante el cual puedan enjuiciarme, y por eso inventaron una auditoría. De acuerdo a trascendidos, la misma trataría de demostrar mediante datos falsos irregularidades en mi desempeño y otros miembros de mi familia que trabajan en el Grupo”, puntualizó.

Agrega que los denunciados ordenaron intervenir sus teléfonos y sostiene: “Mediante la invención de ilícitos inexistentes cuya autoría pretenden endilgarme, me están presionando para que deje mi cargo y, encima, entregue una suma dineraria. Siendo que ya no soporto la presión, es que decidí poner lo que ocurre en conocimiento de la Justicia”.

Intimaron al empresario turbero que instaló sin permiso un alambrado en el río Olivia

La secretaria de Ambiente del Ministerio de Producción y Ambiente, Eugenia Álvarez, informó que el Gobierno ya tomó intervención en la situación producida por el indebido cercamiento del Río Olivia por parte de un concesionario de un emprendimiento turbero. En este sentido, la funcionaria manifestó que se labraron las actas correspondientes y que se instó al privado a retirar el alambrado.

“La infracción cometida al alambrar un curso de agua público ya ha sido constatada. El equipo de la Dirección General de Recursos Hídricos del ministerio llegó ayer a la mañana, hizo las constataciones con la gente de Tierras y se labraron las actas y las infracciones. Estamos en proceso de intimación al concesionario del emprendimiento de turba y a partir de allí corre un plazo de tiempo para que haga el retiro voluntario. Si en ese plazo no se quita el alambrado, el personal de la dirección con la fuerza pública va a hacer retiro del mismo”.

Con respecto a esta situación, la funcionaria sostuvo que “más allá de la distribución de responsabilidades, nos sirve para reflexionar que tenemos que entender que los recursos naturales de nuestra provincia son de todos y que estén en las condiciones adecuadas también depende de todos”.

“En este sentido -continuó-, es nuestra motivación trabajar en ese aspecto, apelar a la inmediatez y por supuesto aguardar a que la persona que cometió la infracción rápidamente retire el alambrado. Si no, por supuesto, avanzaremos en los pasos pertinentes”.

Impondrán multas de hasta $125.000 por acoso callejero e insultos en la calle

El Concejo Deliberante de Granadero Baigorria, en Santa Fe, aprobó este viernes una disposición por la cual se sancionará con multas de hasta $125.000 a quienes ejerzan el acoso callejero o profieran insultos racistas, xenófobos u homofóbicos.

La modificación al Código de Convivencia Urbana estipula multas que empiezan en los $25.000 para los casos menores de faltas contra la dignidad de las personas” y llegan a $125.000 para los más graves, informó el sitio El Litoral.

“Más allá de ser una contravención, lo que se busca es que el Estado municipal intervenga ante este tipo de situaciones acompañando a las víctimas y sancionando al agresor o los agresores”, explicó el concejal Mauro Ferrero D’Atri.

Además se acompañará la multa con “la denuncia penal correspondiente”, aclaró.

El Código Penal argentino incorporó en 2019 el acoso a las mujeres como delito para casos en los que las víctimas se encuentren en espacios públicos, como los medios de transporte.

INVESTIGAN MILLONARIO CONTRATO DE BERTONE


Una sospechosa contratación por 24 millones de pesos, para controlar la obra «Corredor del Beagle», se comenzó a investigar en las ultimas horas.

Al parecer se confirmó que durante la administración de la ex gobernadora Rosana Bertone se contrató a una empresa privada para que controle la gestión y la obra que realizaba la firma Gancedo, encargada de construir esta obra. El contrato es millonario y con este pago el Estado no se hizo cargo de controlar el destino de casi 2 mil millones de pesos de fondos públicos.

La ministra de Obras Públicas de la Provincia, Gabriela Castillo, confirmó que la gestión provincial anterior contrató por la suma de 24 millones de pesos a la empresa PEE S.A-ATJSL Union Transitoria de Empresa.

Son varias las empresas que conformaron esta U.T.E para llevar adelante el control de la obra que está a cargo de la firma Juan Felipe Gancedo S.A.

Se trata de la constructora de la polémica obra denominada «Corredor del Beagle», que es la obra de infraestructura mas importante que tiene Tierra del Fuego, y porque no la mas trascendente de la historia de la isla teniendo en cuenta que allí se invertirá casi 2 mil millones de pesos, que sería el precio final con las redeterminaciones que se pretenden cobrar.

Ahora, se han planteado algunas sospechas e interrogantes sobre esta contratación que llegó de la mano no solo de Rosana Bertone, sino del ex ministro de Obras Públicas, Luis Vázquez.

Estas sospechas se plantean sobre posibles conexiones que podría tener esta firma PEE SA-ATJSL-UTE precisamente con la empresa Gancedo SA. Si se confirman estas sospechas, se trataría de un delito, al contratar a una empresa para controlar el trabajo que hace -con millones de fondos públicos- una firma vinculada a la misma.

Desde Casa de Gobierno están detrás de estos contratos. No es fácil por el entramado que ambas firmas armaron para firmar los contratos con el Gobierno fueguino.

«Nuestras sospechas se plantean, además, por los débiles registros de inspección que han realizado hasta el momento», aseguraron autoridades el Gobierno Provincial.

Arcando reincorporó a un empleado condenado por robar insumos del Hospital

Durante su mandato de ocho días al frente del Poder Ejecutivo, el ex gobernador interino Juan Carlos Arcando revocó la cesantía, y por lo tanto reincorporó a las filas del Estado provincial, al ex jefe de depósito del Hospital Regional Ushuaia condenado penalmente  por sustraer insumos del establecimiento, e inhabilitado a perpetuidad para ocupar cargos públicos.
La medida, plagada de hechos sugestivos, favoreció a Julio Salvador Vivas, de 35 años, a quien la Justicia consideró en diciembre de 2017 como autor del delito de “peculado” (una variante de la defraudación contra la administración pública) y lo condenó a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua.
En forma paralela a esa condena, dictada por el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia, el gobierno provincial también concluyó un sumario administrativo y resolvió echar a Vivas del Estado.
La sanción fue aplicada a través del decreto 489/2019 firmado por la ex gobernadora Rosana Bertone y el ex ministro de Salud Guillermo Ruckauf el 6 de marzo de 2019, un año después de la condena judicial.
El decreto asegura que Vivas incurrió “en una falta grave de incumplimiento de sus deberes y quebrantamiento de las prohibiciones exigibles al agente, por haber sustraído del patrimonio estatal, elementos confiados a su custodia, y dispuesto su uso a fines particulares”.
Contra esa decisión, el agente interpuso un recurso de reconsideración, lo que motivó que la ex gobernadora le corriera traslado del trámite a la Secretaría Legal y Técnica.
El organismo de asesoramiento jurídico emitió entonces el dictamen 166 de 2019, en el que el ex subsecretario Legal y Técnico, Cristian Crea, concluyó que no debía hacerse lugar al recurso de Vivas, y debía confirmarse la cesantía.
Sin embargo, durante su breve mandato como gobernador, Arcando dictó el decreto 4469 de 2019, en el que se resuelve hacer lugar al recurso de reconsideración presentado por Vivas, revocar el decreto 489 dictado por Bertone en marzo de ese año, y por lo tanto reincorporar a las filas del Estado al empleado condenado judicialmente. La medida también fue rubricada por el ex ministro jefe de gabinete, Enrique Vallejos.

De un escándalo a otro

Los ocho días del ex vicegobernador al frente del gobierno (por la renuncia de Bertone para jurar como diputada nacional) estuvieron signados por el escándalo que generó la compra de los atributos de mando (el bastón y la banda) utilizados durante el acto de jura y otros eventos protocolares.
Arcando pidió autorización para gastar $450 mil aunque cuando EDFM hizo pública esa documentación, declaró que afrontaría esa erogación con fondos personales, lo que igual desató todo tipo de repercusiones en medios locales y nacionales.
En ese contexto, la firma del decreto que revocó la cesantía del agente Vivas también está rodeada de episodios sugestivos.
Por ejemplo, el decreto que favoreció al empleado no explica el motivo del cambio de posición del Estado, que ya había cesanteado al agente y había dictaminado, a través de la Secretaría Legal y Técnica, que correspondía el rechazo del recurso de reconsideración.
Según fuentes judiciales consultadas por este medio, la condena contra Vivas fue recurrida a través de un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia, que todavía no resolvió (dos años después de la condena) si le asiste o no la razón en el planteo.
Desde el punto de vista jurídico, se podría argumentar -entonces- que el fallo condenatorio no está firme, pero nada de ello fundamenta el decreto de Arcando, que apenas alude “a las razones expresadas por el recurrente y su correlación con los principios del debido proceso y la inviabilidad de la defensa”.
También se menciona en el decreto que “tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica”, pero no se sabe si se refiere al dictamen que aconsejó lo contrario de lo resuelto, o a un nuevo dictamen que podría haber emitido la secretaria designada por Arcando para su exiguo mandato.
De cualquier modo, que la condena judicial, técnicamente no esté firme, no habilita al gobierno a revocar la cesantía. Fuentes vinculadas a la administración pública explicaron que “el sumario administrativo es una instancia diferente y paralela a una causa penal. Si el sumario ya demostró la existencia de una falta grave por parte del acusado, el Estado está habilitado para aplicar la sanción, más allá de los delitos que pueda demostrar la justicia, que tiene otros tiempos y requisitos. La cesantía no está atada a la causa penal, y por ello no tiene nada que ver la presunción de inocencia”, detallaron las fuentes.
Más allá de eso, el decreto de Arcando tiene otras singularidades. Una de ellas es la oportunidad. Fue dictado el último día de gestión y la jornada anterior a la asunción del gobernador Gustavo Melella. ¿Cuál era el motivo de la urgencia para resolver el asunto?
Por otra parte, hay una última coincidencia. El trámite para el registro del decreto y otros pasos administrativos contra reloj, requirió seguramente un mayor esfuerzo de los empleados públicos involucrados, por ejemplo del personal directivo de la Secretaría Legal y Técnica.
Como informó EDFM, Arcando dispuso el 16 de diciembre (misma fecha del decreto) otorgar “una mejora del 100% en el valor de las guardias pasivas que se le pagan a los agentes estatales” que “ostenten los cargos de Director General de Despacho, Control y Registro, y de Subdirector General de Despacho, Control y Registro, dependientes de la Secretaría Legal y Técnica”.

El caso penal

En 2015, Julio Salvador Vivas era el jefe de depósito del Hospital Regional Ushuaia.
La Justicia demostró que durante fechas previas al 26 de agosto de ese año, el agente sustrajo una cantidad de objetos que se encontraban guardados en el galpón que tenía bajo su custodia, en la parte posterior del establecimiento médico, y en un contenedor situado en inmediaciones de esa misma construcción.
Tras la denuncia del caso, y por orden de a jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo, la Policía allanó la vivienda particular del empleado público en el barrio de Andorra.
Allí aparecieron distintas cantidades de elementos como rejillas, esponjas, trapos de piso, escobillones, franelas, bolsas de consorcio, toallas y toallones, sábanas, fundas y guantes, muchos de ellos en sus envases originales y con la leyenda de “uso hospitalario”.
Vivas sustrajo del patrimonio estatal objetos “cuya recepción, administración y custodia le habían sido confiadas en razón de su cargo”, entendieron los acusadores en la causa penal.
La causa se resolvió bajo el procedimiento de “omisión de debate”. Este mecanismo, aceptado por la defensa y los jueces, establece que el tribunal se aboca directamente a dictar una sentencia (sin la realización del juicio oral) y que, en caso de ser condenatoria, no puede superar el pedido de la Fiscalía.
La omisión fue propuesta por el ex fiscal Mayor de Ushuaia, Guillermo Massimi, quien requirió la misma pena luego aplicada por los jueces Rodolfo Bembihy Videla, Maximiliano García Arpón y Alejandro Pagano Zavalia.
Por otra parte, se le impuso a Vivas el cumplimiento de una serie de reglas de conducta, entre ellas “comunicar al tribunal de ejecución todo cambio de residencia”, “someterse al cuidado del Patronato de Presos y Liberados” y “abstenerse de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas”.

Convocan a familiares de las víctimas del incendio ocurrido en Almanza

El Juez de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Sur, Doctor Javier De Gamas Soler convocó para este martes 7 de enero a los familiares de las 5 personas fallecidas en el incendio ocurrido en la ruta complementaria “J” para tomar muestras de ADN (ácido desoxirribonucleico) que permitan su identificación.

El procedimiento que consiste en la obtención de muestras biológicas a través de la realización de hisopados bucales, será llevado adelante por el médico forense del Poder Judicial y será asistido por el equipo de psicólogos de la Dirección Pericial.

Las muestras obtenidas serán enviadas al Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal que cuenta con un laboratorio especializado en Genética Forense y que realiza análisis para el Poder Judicial de la Nación y las Provincias.

Este lunes, a los fines de darle mayor celeridad al proceso integrantes del cuerpo médico forense y el juez de la causa se pusieron en contacto con el Director del citado laboratorio, Dr. Gustavo Penacino.

El Dr. Horacio Artieda, realizó el mismo día del hecho la autopsia de los cinco cuerpos hallados en el lugar. Pero en razón del estado en el que se encontraban, su correcta identificación requerirá de tareas técnicas específicas. Por ese motivo, se coordinó con Penacino enviar las muestras de ADN de los familiares y de los restos hallados en el lugar del incendio.

El proceso para realizar el estudio comparativo de ADN consiste en cotejar las muestras de los familiares directos (hijos y padres de las victimas) con las muestras obtenidas en las autopsias.

Para el análisis, se colocan las muestras en una secuenciadora, que es una máquina de laboratorio que en forma automática secuencia las moléculas de ADN, lo que permite su ulterior identificación y cotejo. Esas complejas operaciones técnicas tienen una duración de aproximadamente veinte (20) días y no es técnica ni científicamente posible acortar esos plazos.

El resultado de la información obtenida permitirá realizar el entrecruzamiento de datos para la identificación comparativa. En otras palabras, para determinar fehacientemente la identidad de las víctimas. 

En tanto, el Ministerio de Salud Pública informó el estado de los pacientes internados. Tanto Esteban Molinari como el joven menor de edad, continúan en Terapia Intensiva, bajo sedación  y analgesia,  con Asistencia Respiratoria Mecánica, bajo monitoreo permanente de sus funciones vitales y estricto control evolutivo.

El parte médico fue emitido este martes por la mañana y por esta vía de comunicación se continuará informado el estado de salud de ambos pacientes.

Caso Dario Weiss contactan a una de las menores victimas por Instagram y le ofrece una camioneta o automovil.

so Dario Weiss, uno de los abogados del condenado por abusar de dos menores se contactó con una de las víctima por mensaje privado de Instagram, para ofrecerle una camioneta o un automovil.

Recordemos que Weiss cumple una condena de 8 años por el abuso de dos niñas de 8 y 14 años . Su abogada, Norma López, contactó a una de las víctimas en la madrugada del 1 de enero. Le dijo “hola bonita” y le preguntó si “seguía enojada con Darío”. Intervino la Justicia y dictó una medida para impedir cualquier comunicación del empresario con las menores, por sí mismo o través de terceras personas.

Tres horas después del brindis de fin de año, es decir, a las tres de la madrugada del 1 de enero, la abogada del empresario se comunicó a través de la red social Instagram con una de las víctimas de los abusos, que se encontraba pasando las fiestas con su padre en la provincia de Córdoba.

En la conversación sostenida por chat, la abogada Norma López (defensora de Weiss) saludó a la víctima menor de edad con un “hola bonita”, y le preguntó si “seguía enojada con Darío”, en referencia al empresario que cumple su condena preso en Río Grande.

El extraño episodio fue calificado como un “contacto indebido” por la abogada Karina Echazú, representante de la madre de la víctima y querellante en el juicio donde Weiss fue condenado.

Echazú actuó de inmediato y realizó una presentación ante el Juzgado de Ejecución de condenas, solicitando que luego del “desconcertante mensaje”, ordenara una “medida de protección hacia la menor”, para que Weiss “se abstenga de comunicarse con la víctima, por sí o por interpósita persona”.

El juez de instrucción Javier De Gamas Soler (actuando como magistrado subrogante durante la feria judicial) hizo lugar a la medida a las pocas horas, aún sin que todavía se haya determinado cuál fue el propósito del contacto virtual, y si eventualmente pudiera estar involucrado el propio autor de los abusos.

Según las constancias aportadas por los denunciantes del hecho, la conversación que se produjo entre la abogada López y la menor, fue la siguiente:

“-Hola bonita!!! Soy la abogada de Darío… ¿Querés que hablemos? Si te jode, te incomoda o no tenés ganas decime y no te escribo más.

-¿Darío Weis? Sí, no tengo drama pero los temas judiciales son arreglados con mi abogada.

-Si ¡olvidate de eso! Ya estamos arreglando todo eso, ya le hicimos una oferta y después de las vacaciones seguro vas a tener auto (figura con guiño de ojo) O camio. ¿Vos estás enojada con él?

-Disculpá, me pasas tu whatsapp así te respondo bien por Whatsapp.

– (La abogada le proporciona el número)

-Muchas gracias

– A vos”.

En la presentación judicial consta que la menor le contó lo ocurrido a su madre, a los pocos minutos, y que la progenitora llamó entonces a López, quien le “corroboró que había sido la autora de los mensajes”. Ante ello, la madre le exigió de forma terminante que “no vuelva a comunicarse nunca más con su hija” y le adelantó que realizaría la denuncia correspondiente.

“Lo primero que viene a la mente a quien conoce esta situación es preguntarse: ¿qué hace la abogada de un reo (que cumple condena en un instituto penitenciario de la ciudad de Rio Grande) en el horario de la madrugada de la fiesta de Año Nuevo, buscando en las redes sociales a la víctima menor de edad de su defendido para abordarla de manera ilegal?”, se pregunta la abogada Echazú en la presentación judicial derivada del hecho.

También agrega que lo que se desprende de lo sucedido es “un claro mensaje de parte del mismo Weiss a su víctima”.

“No hace falta ahondar en la sorpresa de la adolescente cuando una extraña – en ese contexto y presentándose como abogada de Weis – le pregunta de repente algo tan personal y fuera de lugar como, si “está enojada“ con quien fue condenado a 8 años de prisión por haberla abusado sexualmente de manera reiterada a ella y a otra menor. La intolerable intromisión en la esfera privada de la adolescente víctima, es claramente un exceso en la actividad profesional de la abogada Norma Graciela López, lo cual seguramente será analizado en otros ámbitos. No obstante, y en cuanto a lo que a este ámbito respecta, claramente se ve como un intento por parte de Weiss de tomar contacto con quien fuera su víctima a través de su letrada y corroborar si la adolescente “está enojada con él”. Conociendo los hechos de pedofilia por los que Weiss está cumpliendo condena, no resulta extraño el propósito oculto de este contacto”, agrega Echazú en su escrito.

Por otra parte, menciona que la “irrupción” de la abogada le generó tanto a la adolescente como a su grupo familiar, una “intranquilidad que obliga a tomar otras medidas de resguardo respecto a la menor. Ello, por cuanto, se teme que Weiss, en lo sucesivo vuelva a intentar comunicarse con la misma de cualquier otro modo, o a través de interpósitas personas como lo hizo en esta oportunidad”.

La Justicia corroboró además, a pedido de la misma letrada, que en el momento de la comunicación virtual (3 de la mañana del 1 de enero) Weiss se encontraba alojado en la Unidad de Detención 1 de Río Grande y no gozando de ningún tipo de salida transitoria o excepcional. Ello para despejar la duda de que el empresario pudiese haberse encontrado junto con López en el momento del contacto.

Cada vez que salga: La abogada querellante también reveló a este medio que le solicitó al juez subrogante de Ejecución una medida adicional de protección de las víctimas de abuso en el caso, consistente en notificarla cada vez que Weiss abandone el establecimiento carcelario donde se encuentra.

Según la letrada, de esa forma, la madre de la menor podría adoptar, en cada caso, “las medidas que estime adecuadas en torno a la protección de la integridad psicofísica” de la joven.

“Nuestro interés es poder prever situaciones de encuentro en caso de salidas extraordinarias o de otro tipo. El juez tuvo por presente la solicitud pero no la resolvió en esta instancia”, explicó Echazú.