Hoy es el veredicto en el juicio al cura acusado de abuso sexual


El Tribunal Oral en lo Criminal de la ciudad de Río Grande dará a conocer hoy el veredicto del juicio a Cristian Vázquez, el sacerdote acusado del abuso sexual de una adolescente de 13 años, en lo que se considera el primer juicio de Tierra del Fuego a un cura por este tipo de delito.

Los jueces  Ernesto Borrone, Juan José Varela y Eduardo López resolvieron también que antes se escucharán las últimas palabras del religioso, quien hasta el momento se proclamó inocente y negó los tres hechos que le atribuyen haber cometido en 2013.

El abogado defensor de Vázquez, Javier Da Fonseca, prestó el último de los alegatos del proceso y solicitó la absolución de su defendido, por “falta de pruebas”.

Por su parte la fiscal Laura Urquiza consideró que Vázquez es culpable de los abusos cometidos contra la adolescente que ahora tiene 18 años, y solicitó una condena de 11 años de prisión.

Según la titular del Ministerio Público, el sacerdote “tocó a la menor en sus partes íntimas, aprovechándose de la inmadurez sexual de la víctima y sin su consentimiento”, en dos ocasiones, mientras que en una oportunidad “concretó el abuso con acceso carnal”, haciendo uso de “amenazas y violencia física”.

La fiscal estimó que el cura debe responder por los delitos de “abuso sexual simple” (dos hechos) y “abuso sexual con acceso carnal” (un hecho) en todos los casos “agravado” por su condición de religioso.

En tanto el abogado Francisco Ibarra, que representa a la víctima, requirió en su alegato una condena de 16 años de cárcel, y afirmó que las pruebas contra el acusado “son muy sólidas” y les otorgan “gran verosimilitud y credibilidad al propio testimonio de la víctima”, destacó el letrado.

El cura de 39 años se desempeñaba en la parroquia “Virgen del Carmen”, ubicada en un barrio de Río Grande, cuando se produjeron los episodios que fueron denunciados por la madre de la menor.

Abuso de su propia hija durante 10 años, tuvo hijos con ella y la justicia lo condenó

Los jueces del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur condenaron a la pena de 22 años de prisión a un sujeto que abusó sexualmente durante 10 años a su propia hija y con quien tuvo tres hijos.

Los magistrados condenaron al hombre, cuya identidad se encuentra reservada por protección a la víctima, fue condenado por el delito de abuso sexual agravado por acceso carnal y por el vínculo, reiterado en un número de ocasiones y en concurso ideal con promoción de corrupción de menor agravado por el vínculo.

Los jueces Rodolfo Bembihy Videla, Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón, comenzaron el juicio a puertas cerradas el pasado lunes, en donde se escuchó el testimonio del condenado y dos testigos.

En la etapa de alegatos, el fiscal Nicolás Arias solicitó una condena de 22 años por los delitos que fue condenado el hombre, mientras que el Defensor Público Juan Carlos Núñez, pidió que se otorgue el mínimo de la escala penal aplicable a los delitos requeridos por el fiscal.

Los jueces tuvieron en cuenta el pedido del fiscal y decidieron aplicarle una condena de 22 años, la cual ya estaba cumpliendo desde la denuncia de su propia hija y víctima, la cual fue abusada desde que tenía 14 años hasta los 24 años.

Durante ese tiempo, la mujer dio a luz a dos niños de 8 y 7 años, y una niña de 4, hijos de ambos.
Los sucesos se habrían concretado cuando las partes convivían, en la vivienda familiar compuesta por la madre y dos hermanas de la víctima, también hijas del imputado, en la localidad de Villa General Arias, pero luego se mudaron a Punta Alta donde los abusos continuaron.

Entre 2010 y 2011, los padres de la víctima decidieron separarse, y ella se quedó con su padre y sus hermanas, con su madre.

No obstante, las mudanzas para la víctima continuaron cuando se quedó embarazada de su padre, y en el año 2012 se trasladaron a Ushuaia, con la finalidad que nadie preguntara sobre su primer embarazo.

“Los abusos habrían sido practicados siempre bajo las mismas circunstancias de modo, es decir, en horas de la noche, cuando el hombre se introducía en la cama de la víctima, obligando a la joven mediante fuerza física e intimidación psicológica”, habría descrito el fiscal Arias en su requerimiento de elevación a juicio.

Polémica por los datos oficiales: “Los datos tardaron muchísimo en llegar” dijo el juez Electoral

El juez electoral Isidoro Aramburu se refirió en Fm Aire Libre a las quejas por la demora en la carga de datos oficiales de los resultados electorales. Más allá de los resultados ayer el foco de las quejas se centró en la falta de información y los datos de la justicia electoral que no se actualizaban. Al respecto se realizó una denuncia de Unidad Fueguina planteado la falta de transparencia ante este tipo de situaciones.

Mediante fotos y videos tomados en tiempo real de las pantallas de la sala de prensa habilitada por el gobierno fueguino y difundidas a través de las redes, las autoridades fueron consignando en cuentagotas los datos del conteo oficial. A la poca nitidez de esas capturas, se sumaba lo insólito de los datos: 7 votos para un candidato, 4 para otro… Y así a continuación.

“Nosotros nos ceñimos al trabajo denodado que venimos realizando hace mucho tiempo, los datos no se fueron subiendo rápidamente porque tardaron muchísimo en llegar, de Río Grande de Tolhuin y de Ushuaia”, aseguró el juez.

En este sentido sostuvo que “hubo mesas que cerraron a las doce de la noche”.

Aramburu aseguró que “el intrincado sistema electoral argentino más la frondosa oferta electoral es lo que genera que las autoridades de mesa tengan una tarea muy complicada y les cueste muchísimo realizar los escrutinios provisorios”.

Y agregó que “las mesas se fueron sacando muy tarde y obviamente los telegramas llegaban tarde, por otro lado esa información es procesada por sistemas informáticos del Poder Judicial de la Provincia, no depende de mí, por eso la Junta sacó un comunicado advirtiendo sobre esta circunstancia”.

“Hubo un problema con el coaxil, la línea que tiene contratada el Poder Judicial de la Provincia, no sé si tiene que ver con los cortes masivos de luz y energía a nivel nacional, pero esa línea se cayó y por eso no se podían subir a la web”, explicó.

El juez afirmó que “aquí el que quiere ver cosas raras u oscuras es simplemente porque está molesto por alguna circunstancia especial, pero no es una cuestión de echar culpas a los demás, nosotros somos un equipo exiguo de compañeros de trabajo, somos ocho personas para toda la provincia, no tenemos informáticos en nuestro juzgado, dependemos de informáticos del Poder Judicial de la Provincia y ellos nos señalaron que durante todo el día no tuvieron la conexión de la línea de la página oficial del Poder Judicial y por eso no se pudieron subir a la página web”.

Lo que no estuvo funcionando fue la página web oficial del Poder Judicial de la Provincia. “Desconocemos por qué, es una cuestión que me excede, un sistema técnico que no le incumbe a la junta, ese problema está, emitimos un comunicado y dependemos de esos informáticos que cargan las novedades para poder publicarlas”, agregó.

En este orden expresó que “lo que hicimos fue hacer un trabajo artesanal a través de los informáticos del poder judicial e íbamos subiendo a medida que disponíamos de información y de manera manual”.

“Nos quedamos trabajando toda la noche hasta ahora y ya hemos podido subir todos los resultados de la provincia”, añadió.

Finalmente señaló que “lo importante es que hemos trabajado un pequeño grupo de personas durante la madrugada para poder dar la información que hoy está completa, nosotros lo hicimos de manera artesanal pero de manera segura, seguramente otros tendrán otros sistemas más sofisticados, nosotros lo hacemos artesanalmente y seguro”.

“Estamos perfectamente convencidos de que los datos que subimos al tuit oficial hoy fue votos a voto, para que hoy toda la gente tenga los datos completos de la elección, y ahora estamos haciendo el análisis del sistema d´hont”, añadió.

Los datos propios de los partidos no son oficiales, son chequeos y no se hacen de manera segura, nosotros somos el poder judicial de la provincia y no podemos tener tanta liviandad para pasar datos y nuestra información es segura, es el telegrama enviado por el presidente de mesa a las once o hasta la una de la madrugada, y es lo que nosotros vamos subiendo, despacio a las publicaciones que vamos haciendo para que la gente tenga seguridad, no podemos ser tan irresponsables de subir información no chequeada.

En otras elecciones donde no ocurrió esto quizás haya sido porque no había tanta cantidad impresionante de boletas, tenemos tres sistemas diferentes en las tres ciudades con tachas y preferencias, hubo 72 boletas en Ushuaia y 77 en Río Grande, 35 en Tolhuin, la gente tardó mucho en votar y eso hizo que a las 18 horas todavía había colas en algunas mesas esperando para votar.

Las mesas terminaron sus escrutinios provisorios a las nueve de la noche, los primeros, y a la una de la mañana y seguían llegando telegramas.

Yo quiero hacer hincapié en que fue una fiesta de la democracia en toda la provincia, no hubo un solo incidente en las escuelas donde pudimos las mesas salvo algún problema esporádico y al recorrer las escuelas de Ushuaia, la tranquilidad con la que votó el fueguino es digna de destacar.

“La gente seria fue siguiendo la información oficial y segura publicada por nosotros, es la democracia y hay que fortalecerla con los datos que da la justicia, sabemos que hay que mejorarlo, el sistema de informáticos no depende de un resorte mío, no tengo empleados informáticos, eso depende los cuerpos informáticos del Superior Tribunal de Justicia, supongo que deberemos tener más equipo para que este tipo de situaciones mejoren”, cerró.

CANDIDATO A LEGISLADOR DEL PARTIDO VERDE DENUNCIADO POR GOLPEADOR

Soledad Torres tiene 32 años y es de Río Cuarto. Contó a RETRUCO cómo hace un año atrás sufrió violencia por parte de Ramón Calderón, candidato a legislador por Tierra del Fuego. El hecho dejó secuelas en ella, tanto físicas como psicológicas. Además, por esta misma razón, Soledad está desempleada. Hoy busca justicia.

Por Dafne Acevedo Giménez

El político y sindicalista Ramón “Moncho” Calderón está imputado judicialmente por “lesiones graves calificadas, privación ilegítima de la libertad personal calificada, y reiterada desobediencia a la autoridad”. Soledad Torres, víctima y denunciante del hecho, expresó que “con los cargos que tiene él debería estar preso, no haciendo campaña política”. Calderón es candidato a legislador en la provincia de Tierra del Fuego, para las próximas elecciones del 16 de junio, en las cuales acompaña en la Lista 165-Partido Verde, a la actual gobernadora Rosana Andrea Bertone. Además, es secretario general de UTHGRA (Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos) de la seccional Tierra de Fuego en Ushuaia, y ocupa un cargo en la Comisión Ejecutiva Nacional junto a Luis Barrionuevo en ese mismo gremio. “Moncho” está donde la justicia no suele llegar.

Soledad Torres en la actualidad está desempleada, sin mutual. Asegura que más allá de las secuelas físicas que le dejó Calderón, tiene marcas psicológicas que no están recibiendo tratamiento.

Se conocieron en el 2016, por capacitaciones y encuentros nacionales que realiza UTHGRA. Soledad y Ramón se encontraron en Buenos Aires y a mediados del 2017 comenzaron un noviazgo. “Toda la relación con él fueron mentiras y manipulación”, dijo Soledad, supo que Ramón tenía familia en Tierra del Fuego, Ushuaia, pero le había asegurado que iba a separarse de su esposa para estar con ella. Así, fue como Soledad dejó su trabajo de más de 10 años de antigüedad en UTHGRA, seccional Río Cuarto, y apostó por esa relación insana.

El primer acto de violencia física ocurrió en abril del 2018 en la ciudad de Salta, “tuvo intervención la policía, pero en ese momento no quise y no pude denunciar. Con el episodio que pasó después -julio del 2018- que fue mucho más grave no podía dejar de denunciarlo, por más que tuviera miedo por el cargo que él ocupa y por cuestiones políticas. No podía no denunciar ese hecho”, contó Soledad. Por la denuncia y la imputación, Calderón recibió una orden de restricción, pero no hizo caso al pedido de la Justicia y Soledad lo denunció cinco veces por este motivo.

Cuando Soledad se presentó ante la justicia se comunicó con Luis Barrionevo de UTHGRA, y con los directivos en la ciudad de Río Cuarto para hacerles saber la situación judicial de Calderón, “ellos están en conocimiento de la situación, pero no tuve ninguna respuesta , ningún llamado, ni mensaje, nada”.

Ramón “Moncho” Calderón junto a la gobernadora de Tierra del Fuego Rosana Andrea
Soledad destaca el acompañamiento de su familia y sus amigos en este proceso, aseguró que sin ellos no habría podido denunciar la situación. Pero en la actualidad, necesita apoyo y contención por parte de la justicia y del Estado. “A pesar de que he hecho todo lo que correspondía por ley, no sé si sirve porque me siento totalmente desamparada de todas partes: cero apoyo de todas las instituciones, de organismos, no tengo ningún tipo de contención, no tengo tratamiento psicológico, nada”, aseguró y agregó: “Es muy difícil denunciar, porque uno queda sola, pero hay que hacerlo, siempre hay que hacerlo, porque no puede ser que este tipo de personas vayan por la vida como si nada, como si no hubiesen hecho daño, y siguen trabajando y postulándose para un cargo político. No puede ser, no puede ser”.

Ex Juez de la provincia cobra casi 300 mil pesos y presenta demanda para cobrar mas.

El jubilado mejor pago de Tierra del Fuego es el ex juez del Superior Tribunal de Justicia Tomás Hutchinson, quien percibe un haber de $273.199 mensuales, aunque acaba de demandar a la Caja de Previsión Social de la provincia para elevar esa suma a por lo menos $333.225, según confirmaron a Télam fuentes judiciales y del organismo previsional fueguino.
El caso de Hutchinson es uno de los más emblemáticos del régimen jubilatorio provincial porque el abogado y catedrático del derecho administrativo se jubiló en el año 2000, cuando tenía 59 años de edad y había aportado a la caja previsional durante apenas 5 años y 2 meses.
El entonces juez se acogió a una ley de “jubilación anticipada” que según la dirigencia política de la época fue utilizada para reemplazar a la cúpula judicial de entonces por magistrados afines al ex gobernador peronista Carlos Manfredotti.
“En definitiva, Hutchinson aportó durante 62 meses al sistema, y lleva cobrados 222 meses de jubilación, con lo que ya lleva percibidos 10 veces sus aportes a la caja”, resumió una fuente de la Caja de Jubilaciones de la provincia.
Sin embargo, el ex magistrado no está conforme con su situación previsional porque el sistema fue declarado en “emergencia” a partir de la asunción de la actual gobernadora Rosana Bertone, en enero de 2016, debido a que los ingresos ni siquiera alcanzaban para hacer frente a las jubilaciones, que se pagan en cuotas.
Como consecuencia de ello, la Legislatura provincial sancionó una serie de leyes que establecieron aportes adicionales para los trabajadores en actividad (en primer término y hasta fines de 2017) y solo para los funcionarios provinciales a partir de 2018.
Las normas vigentes en los últimos dos años (la emergencia caduca a fines de 2019) fijaron un aporte adicional del 12% para los jubilados que hayan aportado menos de 10 años al sistema, y que perciban haberes que “superen en un 50% el sueldo del gobernador de la provincia”. Además, se estableció otro aporte permanente que se calcula como el 15% del monto que perciban estos jubilados por encima de la remuneración del gobernador.
“En el caso de Hutchinson, luego del descuento de ambos aportes, percibe una jubilación “de bolsillo” de $ 273.199, tres veces el salario actual de bolsillo de la gobernadora de la provincia, pero quiere cobrar los $333.225 que le corresponderían sin los descuentos”, detalló un vocero del organismo previsional fueguino.

La intangibilidad y las diferencias no percibidas

El ex magistrado planteó una demanda ante el Superior Tribunal que antes integraba, y allí solicitó el cese de las retenciones –a través de una medida cautelar- pero también las diferencias no percibidas “desde enero de 2016 hasta el dictado de una sentencia”, indica el escrito judicial al que accedió Télam.
Hutchinson plantea en su demanda que las deducciones a su jubilación viola “el principio de intangibilidad de la jubilación de los magistrados”, y también cuestiona que la provincia haya salido de la movilidad jubilatoria que referenciaba los haberes como el 82% de los trabajadores en actividad, por un sistema que actualiza las jubilaciones dos veces al año.
“El haber jubilatorio es de carácter alimentario y su reducción o suspensión importan grave daño”, asevera el planteo del ex juez fueguino que con la actualización de julio pasará a ganar $330 mil mensuales, lo que equivale a más de $4 millones al año.

Prefectura incauta marihuana tras dos allanamientos

Los procedimientos se realizaron en la calle Kupanaka al 100 y Kuanip al 1300 el sábado pasado. Así personal de la Prefectura local se trasladó hasta un domicilio ubicado en la calle Kupanaka al 100, lugar donde incautaron, dinero en efectivo, 6 celulares, semillas de marihuana y elementos varios destinados a la producción, elaboración y consumo (picadores y papel para cigarrillos artesanales.
En tanto en la casa ubicada en la calle Kuanip al 1300, la Prefectura secuestró dinero en efectivo, tres celulares, dos tablets y marihuana.
En ambos casos y ante la presencia de testigos se procedió a realizar el test correspondiente que arrojó positivo para marihuana.
En los domicilios, los efectivos de la fuerza que dirige Eduardo Scarzello identificaron a cuatro personas que quedaron sujetas a la causa y decomisaron semillas y más de 60 dosis de marihuana.
Es importante mencionar que la Prefectura contó con la colaboración de la sección canes de la Policía de la provincia, especializados en la detección de estupefacientes.
Si bien en ambos procedimientos no se produjeron detenciones en los mismos, se procedió a la identificación fehaciente de los encartados, quedando sujetos a la causa.
Si bien la justicia no brindó mayores pormenores de los procedimientos, la Prefectura Naval Argentina en su página www.prefecturanaval.gob.ar informó la tarea desarrollada durante el fin de semana en Ushuaia.

El sacerdote acusado de abuso sexual se proclamó inocente

El sacerdote Cristian Vázquez, primer religioso de la provincia en ser enjuiciado por abuso sexual de menores, se proclamó ayer inocente en el inicio de las audiencias que se llevan adelante en tribunales de la ciudad de Río Grande.
Vázquez, de 39 años, y acusado de abusar de una niña en 2013 –cuando la supuesta víctima tenía 13 años- prestó declaración indagatoria ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal de la ciudad del norte de la provincia.
Sin embargo, el ex párroco de la capilla Virgen del Carmen, del barrio Chacra II, no aceptó contestar preguntas, ni de los jueces ni de las partes que intervienen en el proceso, confiaron fuentes que presenciaron la audiencia de carácter reservada por el tipo de delito que se investiga.
Por su parte, el tribunal difirió para hoy la solicitud presentada por el abogado Francisco Ibarra, que interviene en el juicio como querellante -en representación de la familia de la víctima- para que la joven presuntamente abusada no vuelva a ser citada en calidad de testigo,  de manera de no “revictimizarla”.
“Ella debería declarar como testigo y yo sostengo que no tiene sentido porque ya declaró dos veces en el expediente. Ese testimonio fue filmado y la grabación será reproducida en la audiencia”, explicó Ibarra.
El letrado aclaró que los jueces dispusieron una pericia sobre la joven, para evaluar su estado emocional actual, y sobre esa base resolverán si vuelven a convocarla.
Los miembros del tribunal oral Ernesto Borrone, Juan José Varela y Eduardo López, rechazaron también ayer un pedido de nulidad del requerimiento de elevación a juicio efectuado por el abogado Javier Da Fonseca, defensor del sacerdote, durante el desarrollo de las cuestiones preliminares.

Tres hechos

Según la acusación de la fiscal Laura Urquiza, Vázquez cometió tres abusos en perjuicio de la menor, en 2013: en dos ocasiones “tocó a la menor en sus partes íntimas, aprovechándose de la inmadurez sexual de la víctima y sin su consentimiento”, y en el otro caso “concretó el abuso con acceso carnal”, haciendo uso de “amenazas y violencia física”.
En el comienzo del juicio, Urquiza sintetizó los hechos por los que acusa al religioso de los delitos de “abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal agravado”.
La causa comenzó a investigarse en 2016 porque recién en ese momento la menor pudo contarle lo ocurrido a su madre, que radicó la denuncia penal.
El sacerdote llegó al juicio en libertad y separado de sus funciones por decisión del Obispado de Río Gallegos, que también lo sometió a un proceso de la justicia canónica.
El tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta hoy en que se reproducirán las filmaciones con las declaraciones de la menor en la etapa de instrucción de la causa, y luego comenzarán a declarar los primeros testigos.

Primer juicio oral a un sacerdote acusado de abuso

El Tribunal Oral en lo Criminal de Río Grande comenzará a juzgar desde hoy al sacerdote de esa ciudad Cristian Vázquez, acusado del abuso sexual agravado de una menor de 13 años cometido en 2013, en lo que constituirá el primer juicio oral a un cura por delitos sexuales en la provincia, confirmaron fuentes oficiales.
Los hechos que se investigan habrían tenido lugar cuando el religioso de 39 años se desempeñaba como párroco de la capilla Virgen del Carmen, del barrio Chacra II, y fueron denunciados por la madre de la víctima en 2016, cuando su hija pudo contar por primera vez lo que le había sucedido.
Vázquez, separado del cargo desde poco después de la denuncia por el obispado de Río Gallegos (Santa Cruz) llegará al juicio en libertad acusado de los presuntos delitos de “abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal agravado”.
La Justicia mantiene en libertad al religioso tras evaluar que “se sostuvo a derecho en todo el proceso” y que “no existen riesgos procesales”, aunque le impuso una prohibición de acercamiento y contacto con la víctima.
Según la acusación promovida por la fiscal Laura Urquiza, el sacerdote cometió tres abusos: en dos ocasiones “tocó a la menor en sus partes íntimas, aprovechándose de la inmadurez sexual de la víctima y sin su consentimiento”, y en el otro caso “concretó el abuso con acceso carnal”, haciendo uso de “amenazas y violencia física”.
Urquiza recordó que la víctima “frecuentaba asiduamente la iglesia junto a su familia” y realizaba “tareas como monaguillo”, además de que “todo el grupo familiar formaba parte del círculo íntimo del cura porque tanto la joven como su hermana limpiaban el departamento del religioso y a cambio recibían un salario, e incluso celebraron juntos una Navidad”, indica el requerimiento fiscal de elevación a juicio.
El tribunal integrado por los jueces Ernesto Borrone, Juan José Varela y Eduardo López dispuso que las audiencias serán orales pero “no públicas” debido a la edad de la menor cuando sucedieron los hechos y al tipo de delito investigado, en tanto que se dispuso la convocatoria de 29 testigos, confirmaron fuentes judiciales.
En el juicio, además de la fiscal Urquiza, intervendrá una parte querellante representada por el abogado Francisco Ibarra, mientras que la defensa del sacerdote será ejercida por otro letrado particular, Javier Da Fonseca.
El caso de Río Grande no es el único en Tierra del Fuego, ya que otro sacerdote que desarrollaba su ministerio en la ciudad de Río Gallegos, Daniel Omar Acevedo, fue separado del cargo a raíz de la denuncia por presunto abuso sexual que formalizó en Ushuaia un joven de 23 años, el 13 de noviembre de 2016.
El denunciante se presentó en la Comisaría de Minoridad y Familia de la capital fueguina y expuso que cuando tenía 15 años, el cura acudió unas vacaciones a su casa natal en la ciudad de Resistencia, Chaco, e intentó abusar de él.
Dijo que dos años después, cuando tenía 17 años, se repitió un hecho similar en el mismo sitio, y que al año siguiente el joven se mudó a Ushuaia donde volvió a ser contactado por Acevedo y se habría producido un tercer intento de abuso.
La causa judicial por este caso tramita en el Juzgado de Instrucción de Segunda nominación de Ushuaia, a cargo del juez Javier De Gamas Soler, y aun no fue juzgada en juicio oral.
Sin embargo, en octubre del año pasado, Acevedo fue expulsado de la iglesia católica luego de un proceso de la justicia canónica en el que fue hallado culpable, aunque todavía esa medida tiene pendiente una confirmación del órgano competente del Vaticano, informaron fuentes de la iglesia en Santa Cruz.

El médico de Río Negro que se negó a hacer un aborto no punible fue declarado culpable

 

Leandro Rodríguez Lastra, el ginecólogo que se negó a practicarle un aborto no punible a una joven de 19 años, fue declarado culpable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Está acusado de obstruir un aborto no punible a una joven de 19 años víctima de violación y por ahora podrá segur trabajando en el hospital de Cipolletti, pero en los próximos días se conocerá la pena, que puede ser de hasta dos años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer la medicina. “Sigo convencido de mi inocencia”, declaró ante la prensa al finalizar la audiencia.

 

El juez Álvaro Meynet consideró que Rodríguez Lastra “nunca tuvo la intención, siquiera, de contemplar y efectuar la práctica que le reclamaba” la mujer. “En todo momento mantuvo una actitud negadora de la práctica que se le demandaba, a la cual estaba obligado. Queda de lado toda conducta negligente, es una omisión que consiste en la inobservancia de la ley”, agregó. “Allí radica, a mi juicio, el dolo”.

 

Además Meynet señaló que el acusado no estaba inscripto en el registro de objetores de conciencia por lo que “puede inferirse que al menos a esa fecha no tenía una postura personal pública contraria a la práctica del aborto”. El magistrado también indicó que no encontró “debidamente fundada” la acusación de violencia obstétrica que reclamó la fiscalía.

 

También consideró un agravante que Rodríguez Lastra “en momento alguno le informó convenientemente la invocada imposibilidad de realizar la práctica”. “Hay un claro indicio de mentira pues si bien el acusado dice que le informó a la paciente, esta lo niega rotundamente. Debo recordar que en la audiencia de formulación de cargos dijo no recordar preguntarle concretamente si quería realizarse la práctica”, consideró Meynet.

 

“Quedó claro que ningún ciudadano puede colocar sus propias creencias por encima de las normas: las leyes están para cumplirse”, resumió el fiscal Santiago Márquez Gauna, según reproduce el diario Río Negro.

El caso

 

En abril de 2017, una joven de 19 años con un embarazo no deseado llegó derivada desde otro centro de salud a la guardia del hospital Pedro Moguillansky de la ciudad de Cipolletti, Río Negro, con fuertes dolores tras haber ingerido una droga abortiva proporcionada por una ONG. Allí se constató que llevaba 22 semanas y media de gestación, de acuerdo a lo que dijo al ingresar, con un embarazo producto de una violación intrafamiliar.

 

Rodríguez Lastra (MPRN 6818) fue quien la atendió y tras revisarla se negó a practicarle un aborto porque, argumentó, había riesgo para la madre y el feto en gestación. El embarazo siguió adelante en los dos meses que permaneció internada allí, el bebé nació y fue dado en adopción.

 

Tiempo después, la diputada provincial Marta Milesi (Juntos Somos Río Negro), médica pediatra y autora de la ley N° 4796 de aborto no punible en la provincia de Río Negro, lo denunció por “incumplimiento de deberes de funcionario público”, delito penado en el Artículo 248 del Código Penal, por no haber acatado el Protocolo de aborto no punible en casos de abuso.

 

Dos años después del hecho, la causa contra el tocoginecólogo de 42 años, egresado de la UBA, oriundo de Lomas de Zamora e instalado en Cipolletti desde mediados del 2016, llegó a juicio y este martes se conoció el veredicto del tribunal unipersonal integrado por el juez Meynet.

 

En la primera audiencia del juicio, Rodríguez Lastra declaró que se negó a llevar adelante la práctica “para evitar que el cuadro se complique”. “Más allá de la semana 20 ya ni siquiera se puede hablar de aborto. Para interrumpir un embarazo tan avanzado hay que matar al bebé en el útero antes de sacarlo”, señaló el ginecólogo en una entrevista con Infobae.

 

También reconoció en su declaración que solicitó que la joven sea sometida a estudios “psiquiátricos”, lo cual no es previsto por la ley.

 

“El hecho de exigir tal evaluación cuando una profesional psicóloga está afirmando la voluntad y decisión firme de la paciente lúcida para disponerse a la práctica revela una maniobra dilatoria que desconoce la diligencia profesional que conlleva tratar estos casos”, expresó el juez en ese sentido. “El considerando 25 del FAL lo alude expresamente. Cualquier demora puede significar un serio riesgo para la vida y salud de la embarazada”.

 

La joven, hoy de 21 años, que debió seguir adelante con la gestación, también declaró y confirmó que había pedido expresamente en el hospital acceder a un aborto legal.

 

La fiscal Annabela Camporesi había solicitado que el ginecólogo sea declarado culpable ya que no respetó el deseo de una víctima de violación de interrumpir el embarazo, que le suministró sin su consentimiento medicación para detener las contracciones producidas por el misoprostol y que “puso trabas en un proceso ya iniciado”. “El ginecólogo hizo todo lo posible para no hacer la ILE pese a que en ese entonces no era objetor de conciencia”, manifestó junto al fiscal Santiago Márquez Gauna.

 

La defensa del médico, a cargo del abogado Damián Torres, indicó que la responsabilidad fue de las médicas que atendieron a la víctima en el Hospital de Fernández Oro, donde tampoco le realizaron la práctica, y que nunca se llegó a producir un proceso abortivo, por lo que no habría podido revertirlo. También indicaron que los medicamentos que recibió la joven fueron para tratar la fiebre y el proceso infeccioso con el cual ingresó al hospital de Cipolletti.

 

“Una conducta médica tiene que evaluar todo el contexto. Yo recibo una paciente de la cual desconozco todo. Se me dijo: ¿cómo no sabe que el misoprostol causa fiebre? Claro que lo sé pero yo no podía saber si esa era realmente la causa. Tuve que evaluarla, pedir cultivo de sangre, de orina, de flujo. Le di antibióticos. Había riesgo de vida de la paciente”, indicó Rodríguez Lastra a este medio.

 

En las vísperas al dictamen, se llevaron a cabo durante todo el lunes dos movilizaciones -a favor y en contra del médico- en distintos puntos de la ciudad y en la puerta de los Tribunales cipoleños.

PASTORES EVANGÉLICOS OBLIGABAN A FIELES A VENDER SUS CASAS

Los religiosos además forzaban a los hijos de sus víctimas a trabajar. Hay 26 detenidos y se incautaron $1 millón y casi US$40 mil.
Una banda de pastores que obligaba a fieles evangélicos a vender sus viviendas, vivir hacinados y trabajar esclavizados en una panificadora del partido bonaerense de La Matanza fue desarticulada en las últimas horas. Hubo 26 detenidos y se incautaron casi 40 mil dólares y más de un millón de pesos.

La Policía de la provincia de Buenos Aires hizo varios allanamientos en diferentes localidades bonaerenses en los que descubrieron que los líderes de la organización llevaban una vida ostentosa y tenían, entre sus propiedades, una chacra en un club de campo y varios establecimientos rurales. Además forzaban a los hijos de los seguidores a dejar de ir a la escuela para que salgan a la calle a vender los productos que fabricaban. Durante los allanamientos secuestraron 17 vehículos (entre automóviles, camionetas y utilitarios), alhajas de oro, 46 teléfonos celulares, 57 tarjetas de crédito, notebooks, computadoras, pendrives, documentación y otros elementos de interés para la causa.

Los operativos estuvieron a cargo de la División Trata de Personas, perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de la Policía de la Provincia, quienes apresaron a 26 personas, entre ellas la presunta líder a quien se conoce como «Tía Eva» y a su segunda, llamada «La jefa».

La investigación que permitió desmantelar a este grupo delictivo comenzó en diciembre de 2018 luego de una denuncia hecha en La Matanza por una joven de 24 años. Según su testimonio, cuando era adolescente y vivía en González Catán, sus padres fueron captados por miembros de un templo evangélico conocido como Filadelfia, que quedaba en San Justo y que había copiado el nombre de otra conocida organización religiosa para facilitar la seducción de fieles.

La chica contó además que sus papás comenzaron a involucrarse cada vez más en el ámbito religioso y cambiaron en forma abrupta su modo de vida, hasta que los líderes de esta iglesia -bajo manipulaciones psicológicas y supuestas órdenes de Dios- los convencieron de vender su propiedad y entregarles el dinero.

Luego, se mudaron junto con otros miembros de la congregación en una especie de conventillo, donde no podían tener contacto con el resto de sus familiares o amigos. Tras ello los obligaron a trabajar en la panificadora propiedad de la iglesia, cuyos productos los vendían en diferentes esquinas de San Justo los hijos de los fieles, a quienes no les permitían ir a la escuela.

También, denunció que los niños que se negaban a comercializar lo fabricado, cualquiera que desobedeciese órdenes o el fiel no aceptara casarse con quien le imponían, era trasladado de manera forzosa a campos en el interior bonaerense, donde debían participar de «seminarios bíblicos».

Tras investigaciones encubiertas y la intervención de líneas telefónicas, la policía descubrió que los cabecillas de este grupo se quedaban con la totalidad de las ganancias de la panificadora, que en el templo de cuatro pisos de Centenera al 3700 de San Justo vivían los líderes y encargados, y que en otro inmueble similar a un conventillo (ubicado a metros) residían los seguidores, a quienes también forzaban a hacer tareas de mantenimiento, albañilería y limpieza en el lugar.

Las personas eran captadas cuando atravesaban momentos de debilidad emocional en diferentes puntos de la provincia, como (Bahía Blanca, Merlo, General Alvarado y San Miguel del Monte.