La Justicia imputo al ex presidente de la DPE en la gestion Bertone y varios empleados por defraudacion.

Imputaron al ex presidente de la DPE, Alejandro Ledesma, a los empleados de Energia, Patricia Valencia, Oscar Iasich, Javier Dos Santos y Mario Medina, por una licitación pública realizada a finales de 2019, en la cual la empresa adjudicada Ingeniería 65 cobró $2 millones y nunca entregó los productos durante la gestion Bertone. 
La Fiscalía elevó un requerimiento de instrucción penal donde imputa al ex titular de la Dirección Provincial de Energía y actual funcionario de la gestion Vuoto, Alejandro Ledesma, a dos empleados administrativos y a dos trabajadores del área del pañol. 
El Fiscal Mayor de Ushuaia, Eduardo Urquiza, suscribió un requerimiento de instrucción, y por lo tanto habilitó el inicio de una causa penal, para investigar al ex presidente de la Dirección Provincial de Energía (DPE) Alejandro Ledesma y a otros cuatro empleados del organismo involucrados en una denuncia por presuntas irregularidades efectuada por funcionarios de la actual administración de gobierno. El representante del Ministerio Público imputó en la causa a Ledesma, a Patricia Valencia, jefa del departamento administrativo contable de la DPE, a Oscar Iasich, jefe de división del departamento administrativo contable de la DPE, y a Javier Dos Santos y Mario Medina, trabajadores del sector del pañol, según se desprende del requerimiento. 
También podrían ser investigados los directivos de la empresa privada Ingeniería 65 SRL, adjudicatarios de la licitación pública por materiales para la DPE por $2 millones que nunca habrían sido entregados. 
Aunque el fiscal se reservó la posibilidad de realizar más adelante una calificación legal definitiva de los hechos, deslizó que debería investigarse desde la presunta violación de los deberes de funcionario público, hasta una defraudación en perjuicio de la administración pública y la falsificación de documentos. 
De acuerdo al relato de los hechos efectuado por el propio fiscal, el origen de la causa es la resolución 774/19 de la DPE, que aprobó el pliego de bases y condiciones para la adquisición de “empalmes y conectores terminales de 13,2 y 33KV para el pañol del Departamento de Distribución”. 
A raíz de ello se realizó la licitación 21/2019 que estableció un plazo de entrega de la mercadería de 45 días luego de la adjudicación, y un período de pago de 30 días posterior a que efectivamente fueran recibidos los elementos. Ingeniería 65 resultó adjudicada el 1 de noviembre de 2019, por un monto de $2.071.997. 
Sin embargo, en la denuncia consta que el 8 de noviembre recibió un pago adelantado de $1,7 millones y que el 13 de diciembre recibió el saldo de la operatoria, mientras que el 5 de febrero figura una nota de los responsables del pañol preguntando cuándo se recibirán los artefactos adquiridos. 
Según figura también en un informe del Tribunal de Cuentas, que intervino en el caso, el pago se debería haber realizado contra la entrega de los productos, mientras que la DPE “no estaba autorizada” para efectuar un anticipo financiero. 
La fiscalía le adjudica a uno de los empleados imputados, haber recibido una copia de un remito que dio lugar a la cancelación de los pagos, en lugar de haber recibido el remito en original. 
“La empresa presentó por mesa de entradas de la DPE el remito que presupone la entrega de los materiales por parte de la contratista. Sin embargo no se corroboró la recepción de los mismos. Se completó el pago total estipulado en la licitación pública pese a no haberse recibido por parte de la DPE ninguno de los materiales comprendidos en la licitación”, sostiene el requerimiento fiscal. 
Otro elemento valorado consiste en que el 3 de marzo de este año, cuando la DPE intimó a la empresa para que entregue los materiales, la firma respondió que podía hacerlo “en etapas”, lo que presupone que no los habría entregado hasta el momento. 
Además, la fiscalía sostiene que el 29 de julio, la empresa finalmente se presentó ante la DPE para entregar la mercadería, pero los productos “no fueron aceptados por no coincidir con los de la licitación”. 
En este punto, le imputa a otro de los empleados, haber intentado recibir los productos en ausencia de su jefe, para intentar mejorar la situación de su pareja, que es una de las jefas administrativas involucradas en el expediente, según se desprende de la documentación judicial.

Disponen guardias mínimas para la atención en el Juzgado Civil y Comercial 1 de Ushuaia

Ante la aparición de un caso confirmado de COVID-19 en el Juzgado Civil y Comercial 1 del Distrito Judicial Sur, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió adoptar medidas similares a lo informado respecto de la situación de la Cámara de Apelaciones y el Ministerio Público Fiscal de la Defensa en el DJS.

Por ello, reiteró las recomendaciones del cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad dispuestas en el marco de los protocolos de prevención aprobados en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, y solicitó a los usuarios evitar concurrir a los Tribunales.

De este modo, el STJ dispuso hasta el 28 de septiembre inclusive, la suspensión de plazos procesales en los casos en trámite y dispuso guardias mínimas a cumplir por personal que se encuentre en condiciones, según los parámetros sanitarios vigentes

Confirmaron el procesamiento de Carlos Córdoba por presunta venta de viviendas sociales de ATE

La justicia de Ushuaia confirmó el procesamiento del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Carlos Córdoba y de la ex secretaria de Acción Social del sindicato, Lilian Carolina Galli en la escandalosa causa por las viviendas sociales vendidas a personas ajenas al gremio. Asimismo, se declaró la incompetencia de la justicia provincial para investigar las maniobras de lavado de dinero vinculadas al mismo caso.


En un fallo dictado en las últimas horas, los jueces Paola Caucich y Andrés Leonelli rechazaron las apelaciones a los procesamientos de Córdoba y Galli que había dictado el año pasado el juez de instrucción Javier De Gamas Soler.

En esta instancia, De Gamas Soler dio por demostrado que los directivos de ATE y otros allegados se unieron para organizar un plan “destinado a percibir grandes sumas de dinero de forma mal habida, utilizando un argumento tan sensible como puede ser el acceso a la vivienda propia”.


“Este plan criminal fue ideado de manera minuciosa” por los gremialistas, que de haber logrado su objetivo, “quizás nunca hubiera salido a la luz la perversa maniobra orquestada”, señaló el magistrado.


El juez explicó en su fallo de 2019 (ahora confirmado por la Cámara) que la conducción de ATE utilizó un “proyecto lícito y destacable” como lo es la construcción de 128 viviendas sociales para personas afiliadas al sindicato (en el barrio Barrancas del Río Pipo) para quedarse con 21 de esos inmuebles y “negociarlos a grandes valores económicos”, que si bien eran altos, constituían precios menores al del mercado inmobiliario privado.


“El grupo criminal se arrogó la facultad de “guardarse lugares” entre las 128 soluciones habitacionales, para comercializarlos a discreción, claramente de manera ilegal, lo que resultaría indefectiblemente en un doble perjuicio. Por un lado la estafa al que abonó valores por un departamento que luego debería volver a abonar en su integridad al IPV, y una defraudación a los afiliados legítimos de ATE que perdieron su posibilidad de acceso a una vivienda digna por la maniobra fraudulenta antes indicada”, remarcó De Gamas Soler.


La Justicia procesó por esta maniobra a Córdoba por “22 hechos de estafa que concurren realmente entre sí y defraudación por administración fraudulenta”. Y por los mismos ilícitos a Galli.


También procesó a la “cara visible” de la maniobra, Miguel Arana, conocido como “Miguelón”, un empleado municipal e integrante de la comisión de viviendas de ATE, a quien además de las estafas y la defraudación le adjudicaron “lavado de activos de origen delictivo”. Por idéntico delito fueron procesados Gisela Edith Escobar (pareja de Arana) y Erik Enrique Moscoso Panozo. A todos los embargaron por 3 millones de pesos.

Qué dijo la Cámara



El caso llegó a la Cámara de Apelaciones en relación a los procesamientos de Córdoba, Galli y Moscoso Panozo.
En su pronunciamiento, los camaristas revisaron el cuadro probatorio acerca de la maniobra de estafa y defraudación y llegaron a la conclusión de que “no se advierten motivos” como para desacreditar “la labor valorativa” realizada por el juez de primera instancia.


Por ejemplo, en cuanto a la responsabilidad de Córdoba, el fallo tuvo en cuenta que “participó del sorteo realizado el 16 de julio de 2011 para conformar el listado de adjudicatarios que fue acercado al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), suscribió la nota del 12 diciembre de 2011 por la cual se acompañó al IPV el listado de los primeros 128 adjudicatarios y remitió a ese organismo y a la municipalidad notas, en octubre de 2017, poniendo en conocimiento que las únicas personas del gremio autorizadas para la realización de tales trámites eran él y Galli”, además de haber intercedido ante el IPV y el ministro de gobierno, en enero de 2018, para incorporar nuevos adjudicatarios.


“Aprovechándose de la existencia del proyecto de construcción de viviendas sociales, los imputados llevaron a cabo 22 hechos de estafa que perjudicaron patrimonialmente a personas no integrantes de la asociación gremial, quienes fueron inducidos al error, mediante el ofrecimiento engañoso en venta de departamentos a los que no podían acceder por no cumplir los requisitos que exigía la adjudicación y que abonaron sumas de dinero indebidas”, puede leerse en el voto de la jueza Caucich al que después adhirió Leonelli.


En ese sentido, los camaristas confirmaron que los responsables de la maniobra “hacían creer que los pagos (por las viviendas) respondían, o bien a la compra de adjudicaciones a titulares que por diversos motivos deseaban enajenarlas, o bien a la adquisición directa de soluciones habitacionales que se encontraban dentro de un cupo que el sindicato podía comercializar y por las que debían pagar sumas de dinero en concepto de reserva, movimiento de suelo y gestiones administrativas”.


En definitiva, había “un plan común en el que cada interviniente ejecutó las acciones acordadas conforme a una división de roles”, ratificó la resolución.


Por su parte, en cuanto a la participación de Moscoso Panozo, se concluyó (en esta instancia preliminar) que recibió bienes adquiridos por los fondos de procedencia ilícita.


“La acusación fiscal abarca que diversos cheques librados por el nombrado se habrían utilizado por los otros imputados para la adquisición de nuevas máquinas viales, en pos de disimular su origen y de otorgar a éstos la apariencia de licitud”, recuerda el fallo.


Y agrega que según el procesamiento de De Gamas, con el caudal económico conseguido para cometer las estafas, algunos de los imputados (entre ellos Moscoso Panozo) “montaron una empresa y compraron maquinaria vial para ir haciendo ingresar ese caudal, de manera gradual y por una doble vía. Por un lado, la compra de esa maquinaria y por otro con la facturación producto de la explotación de esa maquinaria (…) Arana fue la cara visible pero contó con la cooperación de Escobar y de Moscoso Panoso”.

Sin embargo, los camaristas disintieron con el juez de primera instancia al considerar que el delito de lavado debe ser investigado por la Justicia Federal, y que por eso corresponde el dictado de la incompetencia parcial.


“La norma busca proteger la integridad y regularidad del sistema financiero en su conjunto y como tal la investigación de los comportamientos susceptibles de afectarlo constituyen un claro interés federal (…)  La propia naturaleza jurídica del delito de lavado de dinero y el cambio normativo que le asignó una nueva ubicación sistemática, lo convirtió en un delito autónomo que debe ser investigado por la justicia federal también con autonomía, dado que los bienes jurídicos tutelados son independientes a los protegidos por los delitos precedentes o simultáneos”, aseveró el pronunciamiento de la Cámara.

Dos imputados por distribuir pornografía infantil en Río Grande

Un video con contenido pornográfico de menores de 18 años fue detectado enviado por la red social Instagram y mediante la dirección IP se terminó allanando un domicilio en el barrio Mutual ordenado por el Juez de Instrucción, Dr. Daniel Cesari Hernández.

Explicó que se está investigando la eventual producción y transmisión de imágenes y videos con escenas explícitas de sexo que involucran a menores de 18 años. 

Un hombre mayor de edad y un menor de 16 años fueron notificados por lo sucedido.

Juntan firmas en rechazo a la ampliación del Superior Tribunal de Justicia

A través de la plataforma Change.org, un grupo de vecinos de Tierra del Fuego decidió llevar a la acción su rechazo al proyecto de ampliación del Superior Tribunal de Justicia, cuyos propios integrantes impulsan.

Es que la iniciativa ya comenzó a ser discutida oficialmente en el seno de la Legislatura y teniendo en cuenta el apoyo inicial a la norma, muchos especulan con una pronta aprobación.

Por ello, se ha decidido comenzar esta colecta de firmas en contra de la reforma, entendiendo que la misma ocurre «bajo un modelo vertical y elitista, donde sólo debaten las y los especialistas en la materia» y pide que, en cambio, «el alcance de la reforma judicial debe ser ampliamente discutido y debatido, procurando que las y los usuarios del servicio de justicia -que serán impactados por sus resultados- sean parte de la discusión».

Y basa en dos puntos las modificaciones clave que deben realizarse para garantizar una reforma transparente:

-La modificación del sistema de selección de jueces, para reemplazar el actual, cooptado por intereses políticos, que no garantiza la idoneidad técnica de los candidatos ni está sujeto a ningún tipo de control ciudadano.

-La imposición de criterios que garanticen una representación igualitaria de las mujeres en los organismos judiciales, ya sea en los tribunales como en el Consejo de la Magistratura, que como muestra exhibe hoy una composición enteramente masculina.

Comerciante estafado por casi un millon de pesos con una llamada telefonica.

Un comerciante de Río Grande fue estafado por al menos un par de delincuentes que le sustrajeron con engaños una cifra casi millonaria de su cuenta bancaria. De acuerdo a la exposición hecha por L.O.B. en la comisaría Primera, resultó estafado a través de engaños, en la modalidad conocida comúnmente como “Cuento del tío”. 
Dedicado a la venta de muebles por redes sociales, el hombre de 53 años fue contactado por un supuesto comprador, quien se comprometió a depositar una seña por un mueble, pidiéndole para ello los datos de su cuenta bancaria. Poco después lo volvió a contactar el falso cliente diciéndole que –por error- había depositado una cifra mucho mayor a la convenida y que necesitaba que se la reintegrara
Envolviéndolo en mentiras y con fingida angustia, el embaucador le dijo a la víctima que lo llamaría un supuesto empleado del banco quien le explicaría el procedimiento para proceder al reintegro. 
Continuando el elaborado engaño, poco después el denunciante recibió la llamada de otro sujeto, quien dijo ser oficial de cuentas del banco Francés y que se ofreció a ayudarlo en la operación. Fue así que le pidió el número de Token (un código de seguridad reservado para operaciones bancarias delicadas) y con ese y otro datos privados logró que la víctima transfiriera dinero de su propia cuenta a otras cuentas, por un total de 833 mil pesos
Tras haber hecho las transferencias, el hombre se dio cuenta de que todo era mentira, que había sido víctima de una estafa pero no había forma de revertir la operatoria y por ello es que decidió hacer la denuncia policial correspondiente. 
A los fines de prevenir a otras personas respecto de la actividad de estos delincuentes, la Policía difundió los números telefónicos desde donde se habrían hecho los llamados para consumar el saqueo. 
Los abonados telefónicos (según la información policial) resultan ser 02964-15¬-535916; 011-56441045 y 299-5095401.

GRAVE DENUNCIA CONTRA HARRINGTON POR ENCUBRIMIENTO AGRAVADO

Así lo reveló el abogado Daniel Merlo en diálogo radial, quien sentenció que Harrington, al igual que integrantes del Superior Tribunal de Justicia han sido denunciados por “Encubrimiento Agravado” y “Enriquecimiento ilícito”. 
El abogado dijo que radicó una presentación urgente “el día miércoles, me presente en los tribunales de Ushuaia, ahora que podemos asistir los abogados en forma presencial, e hice dos presentaciones en el juzgado N°1 que está a cargo del Dr. De Gamas Soler”, reveló.
Sobre las denuncias detalló que “una es para pedir que remitan en carácter de urgente, y por eso presenté un pronto despacho, respecto a la denuncia que formulé en febrero contra el Intendente de la ciudad de Tolhuin, -Daniel Harrington-, cuando dijo públicamente que él NO iba a denunciar al ex intendente Queno, porque no quería utilizar la política. Y eso es un delito” disparó y agregó “Se llama Encubrimiento Agravado según el código penal”.
Sobre esa denuncia al actual intendente de Tolhuin explicó que el fiscal que intervino había solicitado que sea remitida a Río Grande, “cosa que no ocurrió. Es decir hace tres meses que estaban durmiendo este expediente sin ninguna justificación” reprochó contra la justicia.
En este punto, el abogado se detuvo a explicar una grave acusación contra el funcionamiento de la justicia, y se refirió a algunos términos que se usan en el ámbito judicial como “dormir un expediente, plancharlo, cajonear, es decir, lamentablemente hay chicanas dentro del proceso judicial y esta es una de ellas. Cuando no se quiere avanzar en la investigación de una determinada causa, cuando se quiere esconder la tierra debajo de la alfombra, se duerme un expediente y es lo que estaba pasando” disparó el letrado.
El Dr. Merlo recordó que la denuncia contra el actual intendente de Tolhuin “se realizó a raíz de un reportaje a Harrington en un medio local, donde él dice que Queno siguió entregando terrenos fiscales en Tolhuin hasta el último día de su gestión, violando la ordenanza Municipal”.
Y agregó que “como él, Harrington no lo denunció, obviamente porque es su socio, y era su obligación como funcionario público, y no lo hizo ” expuso el letrado, y reiteró que se trata del delito de “encubrimiento agravado” porque al omitir la denuncia “Se convierte en cómplice” sentenció. 
Además, el abogado dijo que por esa situación “hice el pedido de juicio político a Harrington”.
2° DENUNCIA
Por otro lado, el abogado se refirió a la segunda denuncia “que tiene que ver con enriquecimiento ilícito, y prevaricato en contra de los tres miembros del superior tribunal de justicia”.
Explicó que el prevaricato “es cuando un juez a propósito viola la ley o cita en una resolución judicial para fundamentar un hecho que es falso” anotó.
Señaló que en este caso concreto se apoya en tres hechos que supuestamente los integrantes del Superior habrían tomado parte de acciones que van contra lo que marca la ley, y que en uno de esas irregularidades “curiosamente está involucrado el intendente Harrington cuando era legislador”. Y explicó que “el superior tribunal autorizó en tiempo record, en 24 horas, a llevarse documentación y pruebas sobre un juicio” que se había iniciado a una empresa.

El Superior Tribunal de Justicia formalizó el pedido para sumar dos nuevos integrantes

A través de una nota ingresada a la Legislatura el pasado viernes 5 de junio, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) presentó un proyecto para aumentar de tres a cinco el número de sus integrantes. 

La propuesta pide modificar el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 110 y está firmada por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Gonzalo Sagastume, y los jueces Javier Muchnik y María del Carmen Battaini.

Entre los argumentos del pedido, el STJ recuerda que el número de jueces que lo conforman puede ser aumento solamente por una ley aprobada por dos tercios de la Legislatura, asegurando que “el Poder Judicial ha cumplido 25 años de funcionamiento pleno, desempeñando con eficiencia la función de administrar justicia en el ámbito provincial“.

En ese sentido, el proyecto señala que “a lo largo de dicho período se ha incrementado notablemente la demanda de intervención en los conflictos“, atribuyendo esta stiaución al “aumento exponencial de la poblacion de Tierra del Fuego“.

Mencionando que esto motivó la modificación de la estructura del Poder Judicial, que sumó tribunales y juzgados, el Superior Tribunal argumenta que “el camino recorrido durante estos 25 años tornan aconsejable proponer la elevación a cinco del número de miembros del Tribunal“.

De acuerdo al proyecto, el promedio de la cantidad de jueces de los máximos tribunales en las otras 23 jurisdicciones del país es de 6 miembros “siendo nuestra provincia la única con una terna, lo cual determina prudencial la elevación a 5“.

La Justicia fueguina vuelve a la actividad laboral

Desde este martes 26 de mayo la Justicia fueguina volverá a la actividad laboral, lo que permitirá la reanudación de los plazos procesales, aunque habrá restricciones a la hora de entrega de documentación y se deberá tener en cuenta un protocolo sanitario.

Los jueces del Superior Tribunal de Justicia Gonzalo Sagastume, Javier Darío Muchnik y María del Carmen Battaini, rubricaron la medida que permite la reapertura judicial mediante el  “Protocolo para el reinicio programado de las actividades en las instalaciones del Poder Judicial”, elaborado con intervención de las diversas áreas técnicas de la institución.  

Según se informó, la puesta en marcha de la actividad, implicará la reanudación de los plazos procesales, estableciendo una modalidad de trabajo puertas abiertas, con una dotación de personal presencial equivalente a no más de la mitad de la planta permanente plena y debiendo cada titular disponer la forma en que se organizará su sistema de asistencia. 

En todos los casos, la cantidad de personal a asignarse deberá respetar la distancia social y medidas de bioseguridad vigentes en el actual contexto, así como adecuarse a las características edilicias de cada lugar de desempeño de labores, quedando el resto del personal afectado a la realización de tareas domiciliarias o teletrabajo. 

Asimismo, cuando entre en vigencia el 1 de junio el Sistema Kayen, cesará el funcionamiento del correo electrónico Covid 19 para presentaciones judiciales. La comparencia a los edificios y la presentación física de los escritos o documentación será excepcional y, en caso que sea necesaria, en los edificios centrales se fijará  una mesa genera de entradas y recepción, a los fines de evitar la circulación de personas en el interior de los mismos.

“Se solicita a todo el personal el máximo de responsabilidad social en el cumplimiento de las medidas dispuestas, tendientes a garantizar el servicio de justicia en condiciones de seguridad sanitaria”, pidieron desde la Justicia.

Por otro lado, se informó que continúan en plena vigencia los canales digitales aprobados por el Superior Tribunal de Justicia hasta el momento, reanudándose los plazos procesales.

“En caso de ser estrictamente necesaria la presentación física de demandas o escritos, deberán ser canalizadas en las mesas generales de entradas y recepción”, recalcaron desde el Superior Tribunal de Justicia. 

Analizan la finalización de la feria judicial para el 26 de mayo

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Gonzalo Sagastume, se reunió con los representantes de los Colegios Públicos de Abogados, Dres. José Rodas, Victoria Cerone y Leonardo Plasenzoti –por Río Grande- y los Dres. Susana Sosa, Macarena Aguilar y Eduardo Damonte –por Ushuaia-.

En la reunión se habló sobre la inminente conclusión de la feria judicial extraordinaria y se recordó que se está a espera del pronto pronunciamiento del Comité Operativo de Emergencia (COE) para determinar la viabilidad de la modalidad de trabajo propuesta por los representantes abogados.

Luego, el Abogado Relator Dr. Daniel Satini junto al equipo informático del Poder Judicial, integrado por el Ing. José María Ledesma y el Lic. Alejandro Álvarez, exhibieron el funcionamiento del Sistema de Actuación Electrónica (SAE – Kayen), el cual está próximo a entrar en vigencia.

Por último, el Doctor Gonzalo Sagastume asumió el compromiso de brindar una respuesta respecto de la solicitud del inicio de la actividad judicial para el día 26 de mayo.

Participaron de la reunión el Secretario de Gestión y Coordinación Administrativa y Jurisdiccional, Dr. David Pachtman y el Abogado Relator Dr. Jesús Gonzalez Saber y el informático del Colegio Público de Abogados de Río Grande, Matías Esteban Vagliente.