Los lobos de Wall Street no reparan en las minucias de la política

Apenas termine de disiparse el humo mundialista, la oposición saldrá a bloquear el plan que pactó Macri con el Fondo para desarmar la bomba de tiempo de las Letras del Banco Central (Lebacs). El argumento es potente: que el mecanismo implica endosarles a todos los contribuyentes el costo de los jugosos intereses que redituó el ciclismo financiero durante los dos años y medio de la fallida gestión Sturzenegger-Llach Jr. ¿De qué modo? Mediante una triangulación: en el memorándum de entendimiento (página 12), el Tesoro se comprometió ante el FMI a devolverle al Central “una porción significativa” de los dólares de sus reservas que usó para pagar deuda externa en los últimos años, a fin de que con esos fondos rescate gradualmente las Lebacs sin emitir más pesos. El Central le devolvería al Tesoro esas letras intransferibles, que rinden un interés bajísimo, pero el Tesoro debería asumir nuevas deudas para girarle los fondos. A un interés mayor, por supuesto, que el 0,16% que pagan esas letras.

Un breve punteo de dos páginas que circuló en las últimas horas entre economistas del peronismo federal, el Frente Renovador y el kirchnerismo advierte que ese mecanismo -condición estructural del acuerdo con el Fondo- viola la Ley de Administración Financiera. Sobre todo su artículo 65, que establece que cualquier conversión, renegociación, reestructuración o conversión de deudas debe implicar “un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”. Para cumplir a la vez con esa ley y con el FMI, el nuevo directorio del Banco Central debería aceptar que el Tesoro le devuelva lo que le debe con una quita equivalente a lo que le costará conseguir esos fondos frescos en el mercado. Con el riesgo país récord de esta semana, y por más emergente que se haya declarado al país en un edificio del bajo Manhattan, ese costo sería infinito. Y si convalidan una quita así, los directores pueden ser enjuiciados y obligados a responder penalmente. Toda una encerrona.

El jefe de la estratégica comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Luciano Laspina, llamó ayer por teléfono a Diego Bossio, uno de los autores de ese borrador. Quería saber si los opositores harían una denuncia penal al respecto. Su negativa lo sosegó parcialmente, pero haría mal en confiarse. Primero, porque no hay una conducción única del peronismo que pueda garantizarle eso. Y segundo, porque la oposición íntegra tomó nota del desgaste oficial (ya se desplomaron hasta sus likes y RTs en redes sociales) y sabe que cada golpe ahora vale doble.

El propio Bossio, con Marco Lavagna, presentará la semana próxima un pedido de informes para que el nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel, detalle qué empresas embolsan los jugosos subsidios que el Estado todavía destina a ese rubro. Es una forma elíptica de volver a poner en debate el tarifazo después del veto presidencial de la ley que lo limitaba. Después viene la batalla por el Presupuesto, que promete alta tensión por el ajuste fiscal comprometido ante el Fondo. Y hacia marzo del año que viene (página 19 del memorándum), el FMI exige que ya esté presentado el proyecto de una nueva Carta Orgánica del Central que le “ate las manos” y cristalice su nuevo rol.

Nuevos cepos

Metas, desvíos, monitoreos y revisiones se convertirán paulatinamente en parte del paisaje político mientras el Fondo vuelva a cogobernar con las autoridades argentinas electas. Los perdones (“waivers”, en la jerga del ente) llegarán más fácil que en la época de Anne Krueger y Anoop Singh en la medida en que los países ricos que controlan el Board sigan proponiéndose sostener políticamente a Macri como dique contra el regreso de los populismos latinoamericanos. Pero la experiencia de Grecia (otro mercado “emergente” para el MSCI al que el Fondo aprobó en 2010 su mayor programa ‘standby’ hasta el momento) muestra que ese apoyo se termina por pagar de uno u otro modo.

Otro costo oculto del acuerdo con el Fondo que ya advirtió la oposición está en el párrafo donde el Gobierno ofrece liquidar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES “para compensar el gasto futuro en pensiones” (página 22). El problema no es solo ese compromiso, ya de por sí controvertido, sino en la inexplicable admisión por parte del Gobierno de que los activos de las AFJP fueron “incautados en 2008”. ¿Cómo usarán esa frase los abogados de MetLife que demandaron al país ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI) y que tuvieron su primera audiencia hace apenas tres meses?

El celebrado ascenso a emergentes, por su parte, impuso una nueva condición a la larga lista de Christine Lagarde: el MSCI aclaró que “reverá su reclasificación si las autoridades argentinas introducen cualquier tipo de restricción de acceso a sus mercados, como controles de capitales o de cambio”. La condición no se limita a prohibir la vuelta de controles de cambios como los que limitaban las compras de dólares por parte de personas y empresas entre 2011 y 2015, sino también la de restricciones al flujo de capitales golondrina como los que tiene por ejemplo Chile o los que desplegaron Brasil, Corea del Sur y Taiwán después de la crisis financiera de 2008.

Ese nuevo cepo que Wall Street le impuso al Gobierno es una frustración para el promovido Nicolás Dujovne, quien declaró anteanoche en TV que había que “sacar lecciones” del fracaso de Sturzenegger a la hora de controlar las Lebacs. Una de esas lecciones, admite puertas adentro el superministro, es que no debió haberse permitido a los extranjeros comprarlas. Fue una forma de “alquilar reservas carísimo”, como definió el ex jefe de investigaciones del Central, Jorge Carrera. Y fue también, junto a otras desregulaciones y contradicciones del plan económico, lo que precipitó la corrida.

Golden Boys

En ese contexto tenso, con lo difícil y costoso que va a ser desarmar la bomba de las Lebacs, no le va a resultar fácil a Caputo justificar ante el Congreso haber invertido 8,5 millones de pesos en ellas y haber ganado medio millón durante los últimos meses del año pasado, cuando ya era ministro de Finanzas. Lo hizo con su propia plata. La “perso”, como le dicen los traders. La de la cuenta comitente en la financiera CIBSA que comparte con su esposa Ximena Ruiz Hanglin, según consta en documentación judicial a la que accedió BAE Negocios. Nada hay de ilegal en ello, aunque puede convertirse en un escollo a la hora de que el Senado apruebe su pliego como presidente del Central. Sobre todo porque después del vencimiento del 17 de enero, tras dos renovaciones, Caputo no apostó más por las Lebacs. Salió justo a tiempo. El dólar cotizaba ese día $19,10 para la venta.

El pudor con el que suelen disimular sus fortunas los políticos, incluso los de origen empresario como Macri, cuyo hermano Gianfranco no habría sido denunciado nuevamente por presunto lavado de dinero si no fuera por la alarma que encendió un empleado bancario atento en Hamburgo, contrasta mucho con el desenfado de los financistas forjados en la fragua de Wall Street. Santiago Bausili, el ex JP Morgan y ex Deutsche que Caputo se llevó consigo de Finanzas al Central, figura por ejemplo con distintos socios en dos cuentas comitentes del Galicia, dos de Capital Markets, una de Banco Comafi y una de Comafi Bursátil. Pese a sus obligaciones como secretario de Estado, todas esas cuentas exhiben movimientos que dan cuenta de la atención que nunca dejó de prestarle a la “perso”.

Son costumbres muy enraizadas de peculiar grupo humano que el propagandista oficial Hernán Iglesias Illa retrató como nadie en la obra cumbre de sus años como periodista, “Golden Boys”. Expatriados melancólicos que a la vez vivieron por largos años en la Gran Manzana. Capaces de admitir lo que dice uno de ellos en el libro: “Aunque queramos volver, nos gusta vivir en Estados Unidos, donde todo funciona y las reglas son claras. Y nos gusta la guita, como a todo el mundo. Bueno, quizás un poco más que a todo el mundo”.

Pablo Quirno, la verdadera mano derecha de Caputo, protagoniza un folletín bastante más breve que también pinta a esos golden boys argentinos que ahora coparon el Central. Se titula “Días de Fútbol” y sigue la trayectoria entre 2002 y 2015 del “Greenwich Pumas FC”, un equipo formado por financistas expatriados radicados en Greenwich, Connecticut. La historia transcurre en ése, uno de los pueblos más ricos de Estados Unidos, que Iglesias describe como una “little San Isidro”. Quirno brilló ahí como arquero y también jugó el ex encargado del FGS de la ANSES, Luis María Blaquier, imputado por fraude con el fondo previsional.

Son fraternidades masculinas, al punto que el libelo presenta a las propias esposas de los financistas como “botineras”. Y hasta le pregunta al lector, que presume masculino, en un epígrafe: “¿Con cuáles te quedás? ¿con las de ayer o con las de hoy?”. Como el que le dijo a Iglesias Illa que, si volvieran a nacer, todos elegirían la vida de sus esposas: “Se rascan todo el día. Viven bárbaro. Se hacen las lolas, se compran la Volvo nueva, juegan al tenis, toman el té, se hacen las uñas y van a la peluquería”. Ni una menos.

Bercovich A.-Infonegocios

Gianfranco Macri reconoció ante AFIP ser dueño de la offshore que blanqueó USD 4 millones en la amnistía dispuesta por Mauricio Macri.

El empresario Gianfranco Macri, hermano del Presidente, admitió ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) haber sido elverdadero dueño de la offshore BF Corporation SA, titular de una cuenta en Suiza. Fue a través de esta compañía que el empresario exteriorizó más US$ 4 millones en el blanqueo de capitales que habilitó el gobierno de Mauricio Macri y como consecuencia de los Panamá Papers y una denuncia de supuesto lavado.

Gianfranco regularizó su situación ante el fisco tras ser denunciado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en diciembre de 2016, en base a información enviada por la fiscalía federal de Hamburgo sobre movimientos sospechosos en una cuenta de la sociedad en el banco UBS, en Alemania.

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BF Corporation fue creada por el estudio Mossack Fonseca. Ni siquiera esta firma sabía quiénes estaban detrás de la compañía. Así lo demuestran nuevos documentos obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con más de cien medios de todo el mundo, entre ellos PERFIL. Los abogados panameños -agentes de la sociedad en cuestión- reclamaron a los intermediarios uruguayos saber quiénes eran los verdaderos dueños de esta compañía, pero el representante legal de la sociedad nunca lo informó.

La cuenta. La offshore de los hermanos del Presidente tenía una cuenta bancaria en Hamburgo, Alemania, pero el 19 de octubre de 2015 Gianfranco decidió mudar el dinero al banco Safra, en Suiza. Antes, su representante pidió “destruir cualquier documentación” relacionada con la compañía y la cuenta bancaria en el UBS. Fue seis días antes de la primera vuelta electoral en la que Mauricio Macri se abriría camino a la Presidencia. El banco recién emitió el reporte de actividad sospechosa tras el estallido de Panamá Papers, en abril de 2016. Así consta en el informe enviado por las autoridades alemanas, al que accedió PERFIL.

Para Mossack Fonseca la offshore era un misterio. Nunca se ocuparon de conocer a los verdaderos dueños de la compañía hasta que estalló Panamá Papers y el estudio debió reaccionar poniendo en orden la documentación de las sociedades que representaba. Cuando reclamaron conocer a su cliente, la respuesta nunca llegó.

Ahora, y ante la consulta del ICIJ, desde el grupo Socma admitieron que Gianfranco y Mariano Macri eran los dueños de la panameña BF Corporation (50% cada uno), e indicaron que todos los fondos depositados en el UBS de Alemania pertenecían a Gianfranco. También confirmaron que el empresario transfirió los fondos de la sociedad a Suiza y que, tiempo más tarde, los blanqueó, a fines de 2016.

El intermediario. Mossack Fonseca nunca habría estado en contacto directo con Gianfranco y Mariano. Tenía un intermediario uruguayo: el estudio Lussich Torrendell & Asociados, el mismo que representó a Franco Macri por otras sociedades offshore.

Los panameños solicitaron a este estudio que les informaran quiénes eran los verdaderos dueños de la sociedad BF Corporation, pero nunca obtuvieron respuesta, según el intercambio de e-mails al que accedió PERFIL. El estudio Lussich sólo les contestó que informaría sobre ese pedido a “los clientes” y que los contactaría otra vez “en cuanto tenga respuesta”, lo que nunca ocurrió, según surge de correo del 18 de abril de 2016 que integra los nuevos documentos de Panamá Papers.

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Cronología de lo invisible. Los e-mails entre el Estudio Lussich Torrendell & Asociados y el estudio panameño demuestran que el contador uruguayo Santiago Lussich era quien hablaba en nombre de BF Corporation sin precisar jamás quiénes eran los dueños de la sociedad.
BF Corporation fue registrada por Mossack Fonseca en 2009. Fue Lussich quien solicitó al estudio panameño que inscriba a tres ciudadanos uruguayos como autoridades de la offshore, según estos correos.

En noviembre de 2012, Lussich solicitó en Panamá un certificado de vigencia de la sociedad, en el que consta que los “directores y dignatarios” eran Claudio Oralan Rodríguez (presidente), Carmen Vázquez Solanes (secretaria) y Gabriel Vieira Merola (tesorero).

“Esta compañía tiene acciones al portador, siendo las mismas inválidas desde el 31 de diciembre. Debe emitir nuevas acciones”, lo intimó Mossack Fonseca el 11 de abril de 2016. El estudio pretendía que BF Corporation nombrara accionistas identificados con nombre y apellido, como entonces ya exigía la ley en Panamá y en medio del escándalo por los Panamá Papers.

El 15 de abril, el estudio panameño dio otro paso. Envió a los uruguayos una factura por US$ 100 por los costos derivados de su renuncia como agente de la sociedad. “En vista que no hemos recibido la información solicitada para completar la debida diligencia [de BF Corporation] y que a la fecha los cambios de Agente Registrado no ha sido culminados, estaremos procediendo como lo establece la ley, a renuncias (sic) a nuestros cargos de Directores y Agente Registrado”.

Ante el silencio de los uruguayos, Mossack Fonseca cortó lazos con BF Corporation. El 22 de abril de 2016, emitió un acta en la que renunció a su representación e intentó así protegerse legalmente. Se amparó en la negativa de sus clientes a informar la identidad de sus beneficiario finales (dueños reales).

Mientras tanto, el banco UBS de Hamburgo, que había manejado la cuenta bancaria de BF Corporation hasta octubre de 2015, decidió emitir una alerta a las autoridades anti-lavado. En agosto de 2016, las autoridades alemanas enviaron la información a la Argentina notificando la existencia del vínculo entre BF Corporation y los hermanos Macri, el movimiento de dinero a Suiza y la orden al banco de destruir cualquier documentación sobre la cuenta bancaria.

El 14 de diciembre de 2016, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) presentó la denuncia contra BF Corporation, los hermanos del Presidente y los intermediarios uruguayos, ya que fue Lussich quien dio las órdenes al banco UBS, como reveló entonces el diario La Nación.

Ocho días después, el 22 de diciembre de 2016, Gianfranco Macri presentó una “declaración voluntaria y excepcional de bienes en el país y/o en el exterior” ante la AFIP. Detalló que él y su hermano Mariano controlaban el 50% cada uno de BF Corporation, pero indicó que era suyo el 100% del dinero controlado por esa sociedad, que estimó en $ 63,5 millones (equivalente entonces a unos US$ 4 millones).

 

El equipo argentino que trabajó en la continuación de Panamá Papers con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación), Mariel Fitz Patrick (Infobae), Emilia Delfino y Sandra Crucianelli (Perfil).

F:Perfil.com

El fracking ya contaminó Mendoza, denuncia EcoLeaks

En Mendoza están preocupados los vecinos. El fracking, un método de extracción de gas no convencional y altamente contaminante, ya envenenó las napas de Malargue con hidrocarburos, según un informe secreto del Departamento General de Irrigación, que fue filtrado y al cual EcoLeaks, una organización sin fines de lucro, pudo acceder.

La comunidad mendocina se organizó y se manifiesta contra la actividad minera, aprobada por el gobernador Alfredo Cornejo hace dos meses, desoyendo los pedidos de su pueblo. Los vecinos denuncian que se ocultan los informes de impacto ambiental que demuestran el alto grado de contaminación que produce el fracking y al que son expuestos.

El informe revela cómo las napas de agua ya están contaminadas. Fue llevado a cabo por el Departamento General de Irrigación, mediante el cual se analizaron muestras de agua de las napas cercanas a los pozos donde se lleva adelante el fracking en Malargue. Tres de las cuatro muestras superan ampliamente el límite permitido de hidrocarburos.

El valor máximo permitido es de 0,1 miligramos por litro para zonas cercanas a fuentes de agua utilizadas para consumo humano y animal, y de 0,5 miligramos por litro en área de cultivos restringidos especiales, según la resolución n°627/2000 del propio Departamento. Sin embargo, dos de las muestras tuvieron un valor de 0,4 miligramos por litro otra 0,7 mg/L, cuatro y siete veces más que lo legalmente establecido.

EcoLeaks denunció que el informe fue censurado por el gobierno de Mendoza, que intenta silenciar y ocultar los resultados para continuar las actividades. Luego de la publicación, el gobierno negó la contaminación y montó una campaña mediática. Sin embargo, el informe fue validado por el laboratorio del Centro de Estudios Tecnológicos Ambientales de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, perteneciente a la Universidad Nacional de Cuyo. Luego de este respaldo, y la publicación del mismo en el Diario Los Andes, el gobierno finalmente admitió la veracidad del informe.

Además de ocultar este informe, los vecinos denuncian que desde el gobierno buscan impulsar “a toda costa” el fracking, y que no tienen escrúpulos en adulterar los resultados de los informes de impacto ambiental. Según denuncia EcoLeaks, el Ingeniero Ricardo Fuentes, asesor y representante de la Petrolera El Trebol S.A, concesionaria que explota los yacimientos de Malargue es también vicedecano de la Universidad Tecnológica Nacional regional Mendoza, donde se analizan las muestras de agua tomadas por el Departamento General de Irrigación. Es decir, que quien controla el impacto ambiental es a la vez representante de quienes explotan los suelos mendocinos.

Los vecinos de Malargue y de la región están movilizados. Reclaman que se derogue el decreto que autorizó el fracking y solicitan una ley que prohíba este tipo de actividad de forma definitiva. La principal actividad que realizan es informativa: pretenden alertar al resto de los ciudadanos de los peligros que conlleva esta actividad, altamente contaminante y prohibida en países como Alemania, Inglaterra o Francia por su nocividad. Pese a que sus manifestaciones son en forma pacífica, desde el gobierno mendocino los acusan de “terroristas” y buscan difamarlos.

Esteban Servat- Magister Biotecnología.

Foto:G.Alarcon

El peronismo presentó un proyecto para transferir Aysa, Edesur y Edenor a Larreta y Vidal

El bloque que lideran Bossio y Kosiner concretó así la amenaza de los gobernadores.

El bloque de diputados nacionales de los gobernadores concretó este miércoles la amenaza de impulsar la transferencia a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires de las empresas de servicios públicos Aysa, Edesur y Edenor, como una manera de devolverle a Macri el peso del ajuste sobre los dos principales distritos que administra el PRO.

El proyecto dispone directamente la transferencia de los contratos de concesión de las privatizadas Edesur y Edenor, que prestan servicios en Capital y el Conurbano, a las respectivas jurisdicciones de operación territorial, de manera que una vez concretado ya “no es necesaria trasnferencia alguna de recursos del Estado”, para subsidiar esos servicios.

Faculta el proyecto al ente regular de energía eléctrica (ENRE) para que firme los convenios y emita las resoluciones complementarias que sean necesarias para concretar la transferencia.

Dispone además que el paquete accionario de la empresa estatal de aguas Aysa, que opera en el mismo territorio que las eléctricas, sea transferido a la Ciudad y la provincia. Según datos del bloque conducido por Pablo Kosiner, desde enero de 2016 Macri le transfirió 34.500 millones de pesos, suficiente para engrosar el déficit, como anticipó LPO.

Se trata de una iniciativa que no es del todo rechazada en la Casa Rosada que no termina de encontrarle la vuelta al ajuste que le va a exigir el FMI, pero que genera un rechazo total tanto de Larreta como de Vidal, que verían sus presupuestos detonados si tienen que absorber los millonarios subsidios que reciben estas compañías.

Como adelantó LPO, los senadores de Argentina Federal se la habían anticipado a Rogelio Frigerio que si tanto quería reducir el déficit lo primera era dejar de financiar a Aysa, que aún está buscando equilibrio operativo.

Miguel Pichetto anunció que enviarían el proyecto en los próximos días e incluiría las concesiones de Edenor y Edusur, las únicas distribuidoras energéticas del país subsidiadas por el Tesoro.

Esta tarde se le anticiparon los diputados del mismo bloque, aún sorprendidos porque Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti lograron que Mauricio Macri aceptara bajar el IVA a servicios, luego de impedirlo en Diputados. Son tiempos de río revuelto.

“Creemos que esta iniciativa es un avance en la construcción de una Argentina más justa, solidaria y federal. No existen fundamentos para seguir sosteniendo una situación de clara desigualdad. Cada distrito debe procurar la sustentabilidad de sus servicios públicos”, manifestó el diputado Martín Llaryora, uno de los impulsores de la propuesta.

“El tratamiento de este proyecto debe ser una prioridad si queremos alcanzar un país con mayor igualdad y dar un paso fundamental en el camino de un verdadero federalismo”, sostuvo el Diputado nacional.

Los otros firmantes fueron Pablo Kosiner, Alejandra Vigo, Paulo Cassinerio, Sergio Ziliotto, Melina Delú, Ariel Rauschenberger, Javier David, Andrés Zottos, Juan José Bahillo, Mayda Cresto y Walberto Allende.

De LPO-LaPolíticaonline.