El juez en feria, Fernando González ordenó que, en forma preventiva y hasta tanto la familia compruebe que se puede hacer cargo de él, se le quite la tenencia de un bebé a una joven (identificada como ADS), quien padece retraso madurativo moderado y que lo concibió a partir de haber sido víctima de un abuso sexual, caso penal en el que está imputada la abuela del bebé, identificado con las iniciales CBS.
La medida judicial se adoptó en función de lo que establece la Ley 521, sobre protección integral de los derechos de niños, niñas, adolescentes y sus familias que está vigente desde julio de 2001 y que en su artículo 39 contempla los casos en que se deben aplicar medidas de protección de derechos, en caso de comprobarse “amenaza o violación de derechos”.
El juez a cargo del Juzgado de Familia y Minoridad 1 de Río Grande, adoptó la resolución garantizando el contacto diario con su madre biológica y se hizo luego de evaluar los dictámenes del servicio de neonatología, salud mental, ginecología y servicio social, todos ellos del Hospital Regional.
Así también se evaluó lo dictaminado por la Dirección de Protección Integral, el equipo de orientación del colegio al cual concurre la joven ADS, el Ministerio Pupilar y peritos psicólogo y psiquiatra dependientes de la Dirección Pericial del Poder Judicial.
La medida adoptada es provisoria y no definitiva. La familia de A.D.S. tiene un plazo de 180 días para demostrar que están en condiciones de quedar al cuidado del niño y revertir las situaciones que a la fecha se tuvieron en cuenta para adoptar la medida.
Antecedentes del caso
De lo que se desprende del caso, el embarazo fue detectado por docentes a los seis meses de gestación y allí comenzaron los controles médicos, ante la falta de iniciativa de la familia. La joven, que tiene retraso madurativo moderado, vive con su madre y fue víctima de un abuso sexual, por lo cual se tramita una causa penal, en el cual ésta última está involucrada.
Es más la madre de la joven negaba que su hija estuviera embarazada y que “tenía problemas estomacales e intestinales” y se negó a permitir el monitoreo del caso por parte de los organismo de Protección Integral que deben velar por la no vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Los controles médicos, ante la falta de iniciativa de la familia, comenzaron a realizarse a partir de los seis meses y fueron gestionados y garantizados por la Dirección de Protección Integral – Ministerio de Desarrollo Social – quien tomó intervención a fin de tutelar los derechos del niño por nacer.
Finalmente, el pasado 15 de julio nació el niño y en el transcurso de la internación, ADS permaneció por largos períodos sola junto a su hijo en la habitación, más allá de los reiterados pedidos del equipo médico tratante de tener que estar acompañada por un adulto responsable. Ello, derivó que el niño sea resguardado en el servicio de neonatología por falta de cuidados básicos.