Denuncian a la CGT y al SOEM por incentivar el acampe de mujeres en Casa de Gobierno

Una de las mujeres que la semana pasada protagonizó un acampe en Casa de Gobierno, reclamando por una solución habitacional, se presentó a la Policía para denunciar la activa participación de representante de la la CGT y el SOEM Ushuaia, Sandra Esperon en el hecho, incluso la responsabilizó además “de cualquier cosa que pudiera sucederle”. 

Según indico Rebeca Abigail Peralta fue una de las mujeres decidió realizar un acampe en Casa de Gobierno en reclamo de una solución habitacional para ella y sus tres hijos. Indico que actualmente se encuentra desocupada, por lo que junto a un grupo de mujeres en una situación de calle similar, alojadas temporalmente en hospedajes pagos por el Gobierno, decidieron realizar la protesta. 

Para la organización de ese acampe, según consta en la denuncia policial presentada, este grupo de mujeres solicitaron “ayuda a varias personas a fines de que puedan acercarle elementos básicos de limpieza, bidones de agua, baños portátiles para los nenes y menores, por tanto a ello, indica que en varias oportunidades se hizo presente una mujer la cual conoce como Sandra Esperón, quien le brindó la ayuda que reclamaban, llevándoles bidones con agua, tachos para hacer fuego y tarimas“. 

Además, en la denuncia, Peralta asegura que Esperón “dialogaba con la gente indicando que ella sería la vocera de las mujeres que se encuentran reclamando por la situación de calle, siendo esto erróneo, ya que Sandra únicamente les brindó algunos elementos, molestándole esta actitud a la denunciante porque dedujo que Esperón utilizaba la situación de forma política, para sacar rédito individual”. 

Peralta hizo saber a Esperón “su descontento respecto de las circunstancias políticas que rodean a su persona, destacando que Esperón se mostró molesta por el reclamo y le manifestó que no debían tener miedo de los funcionarios de gobierno y que ella los conocía muy bien, agregando insultos varios hacia dichas personas”. 

Asimismo, en la denuncia, Peralta sostiene que el 31 de marzo “tras dialogar con personas del Gobierno, quienes prometieron brindar una solución a la brevedad, la denunciante junto a sus compañeras decidieron finalizar con el acampe” pero manteniendo contacto a través de un grupo de Whatsapp. 

Días posteriores, el grupo de mujeres se reunió en el quincho de SOEM “por gestiones de Esperón”, oportunidad en la que Peralta relata que “no se sentía cómoda con la situación ya que había masculinos ajenos al grupo de mujeres y sus hijos, de igual manera se encontraba Sandra Esperón”. 

“En relación a la velada, recuerda que si bien se suscitó de manera normal y sin inconvenientes, el ambiente no era el ideal toda vez que la denunciante ya había tenido un entredicho con Esperón, y nuevamente le comunicó que no era su deseo que no se entrometa en su problemática con el fin de efectuar política a costa suya”. 

En esa situación, Peralta señala que dos de las mujeres que participaron del acampe “se disgustaron” con ella “ya que estaban de acuerdo con Sandra Esperon”. 

Durante la reunión hubo consumo de bebidas alcohólicas “hasta que en determinado momento Sandra Esperón comenzó a hablar en voz alta a todas las mujeres, refiriéndoles que no tengan miedo ni cedan ante la presión que les pudiera ejercer el Gobierno, que no le importaba el Gobernador, instándolas a que si no conseguían una solución vuelvan a reclamar y que tenían en apoyo de ella“. Peralta y algunas de las mujeres no estaban de acuerdo con la propuesta “por lo que manifestó su disconformidad a Sandra”. 

La denunciante relata que esto desencadenó una discusión “generalizada” en la que estuvo cerca de ser agredida. De hecho, menciona que “siendo las 01:40 aproximadamente se hizo presente personal policial en el exterior del quincho”, aunque “a la brevedad los uniformados se retiraron del lugar”. 

La denuncia cierra: “En función de la totalidad de circunstancias narradas, la dicente (Peralta) desea hacer responsable por cualquier acontecimiento futuro que pueda sucederle tanto a la misma como a su entorno familiar y bienes materiales, a Leslie Marin, Eloisa Haro, Soe o Zoe y Sandra Esperón”, segun consta en la denuncia efectuada en sede policial. Tambien la mujer indico que luego de los hechos Victoria Gomez, Antonela Padin y Dalila Saez, tambien se encontraban en desacuerdo con la actitud de Esperon y las otras mujeres.

El Dr. Ernesto Adrián Löffler asumió como Juez del Superior Tribunal de Justicia

 La ceremonia la encabezó el presidente del Superior Tribunal de Justicia, junto a la vicepresidenta Dra. María del Carmen Battaini, -quien siguió la jura desde su público despacho- y el juez Gonzalo Sagastume. 

En un acto sin público, a causa de la situación sanitaria por la pandemia del COVID-19, el nuevo juez del Superior Tribunal de Justicia prestó el juramento de rigor, tras la designación efectuada por el gobernador Gustavo Melella, en el Decreto Nº 574.

Luego de las palabras de apertura del Dr. Muchnik, la Secretaria de Superintendencia y Administración del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Jessica Name procedió a dar lectura al acta correspondiente al nombramiento del Dr. Ernesto Adrián Löffler.

Acto seguido, el presidente del Superior Tribunal tomó juramento al Dr. Löffler  y posteriormente los jueces  del Superior Tribunal de Justicia registraron su firma digital en el acta.

Cabe destacar que esta ceremonia de jura adquiere un carácter único respecto de las anteriores, no sólo porque es la primera vez que una jura de un juez es transmitida vía streaming, sino porque también se ha empleado la firma digital para rubricar el acta de su designación.

La ceremonia de jura se desarrolló bajo los lineamientos de la política de despapelización que se viene implementando en el Poder Judicial a los fines de minimizar al máximo el uso del papel. 

La ceremonia contó con la presencia del gobernador Gustavo Melella, la vicegobernadora y presidenta de la Legislatura, Mónica Urquiza; el Senador Nacional Matías Rodríguez, y en representación de la Municipalidad de Ushuaia, el jefe de Gabinete, Mario Daniele. 

En representación del Poder Ejecutivo provincial asistieron además, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Dra. Adriana Chapperón; el Secretario General y Técnico, Doctor José Guillermo Capdevilla  y el Ministro Jefe de Gabinete provincial, Licenciado Agustín Tita.

Estuvieron presentes también legisladores provinciales, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia, Dr. Julián De Martino; el  juez federal de Ushuaia, Dr. Federico Calvete; el Decano de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional, sede Río Grande, Ingeniero Mario Ferreyra, entre otras autoridades académicas, magistrados y demás funcionarios judiciales.

Melella designó a Löffler y asume el viernes


A tres meses de concluido el concurso y que el Consejo de la Magistratura elevara formalmente al Poder Ejecutivo la propuesta de designación, el gobernador Gustavo Melella dictó el decreto mediante el cual designó a Ernesto Löffler como Juez del Superior Tribunal de Justicia.
En la norma, firmada el pasado viernes 19 de marzo por el Gobernador y el Ministro Jefe de Gabinete y publicada ayer en el Boletín Oficial, se indica que en el marco del proceso de consulta a la ciudadanía previsto en el decreto 723/09 se recibieron “1.440 cartas de adhesión suscriptas por profesionales del derecho, representantes de los Colegios de Abogados, asociaciones profesionales, personal del Poder Judicial local y nacional, funcionarios de la Provincia y Municipios, avalando positivamente la trayectoria profesional y académica del candidato, como asimismo también su compromiso con los valores democráticos, y respecto de la amplia experiencia acumulada en el ejercicio de la magistratura” y otras “5 cartas por parte de ciudadanos y asociaciones civiles que realizaron una serie de observaciones en cuanto al proceso de selección del magistrado ajeno a esta instancia consultiva y a los aspectos concretos a evaluar, en tanto de la lectura de su contenido no emerge un cuestionamiento sobre los antecedentes ni de la idoneidad del candidato”.
En el considerando del decreto de designación se apunta que “es menester recordar que el proceso instaurado por el Decreto Provincial Nº 723/09 y el aquí descripto, no tiene como objetivo analizar la conformación y funcionamiento de otro órgano constitucional; tampoco, desconocer o reemplazar de algún modo sus competencias y procedimientos encomendados al Consejo de la Magistratura” y recuerda que la “instancia de participación pública tiene por finalidad que el Poder Ejecutivo, en lo que hace a la esfera de sus competencias, prepare con cuidado su decisión provisto de las opiniones y el aporte de los diversos sectores de la sociedad civil -de carácter no vinculante- en lo referente al cumplimiento por parte del candidato de los requisitos y antecedentes para ser parte del Superior Tribunal de Justicia; y de cumplirlos, consecuentemente, proceder a la designación”. Se agrega que “la autoridad de aplicación procedió a realizar la consulta pertinente a los organismos de recaudación provincial y nacional en cuanto al cumplimiento de obligaciones fiscales por parte del postulante, siendo respondido de manera oportuna y en sentido favorable por parte de la Agencia de Recaudación Fueguina”, por lo que “no surgiendo en el proceso ninguna observación que cuestione las condiciones personales, académicas y profesionales del Doctor Löffler, no existen obstáculos de índole formal y sustancial para proceder a la designación propuesta”.
Para que Ernesto Löffler asuma formalmente el cargo de 4° vocal del Superior Tribunal de Justicia solo resta que preste el juramento de rigor, lo que ocurrirá este viernes.
Mientras tanto sigue tramitando ante el Consejo de la Magistratura el concurso para cubrir la quinta vocalía de la Corte fueguina, luego de que la Legislatura resolviera ampliar de 3 a 5 el número de integrantes del máximo tribunal provincial.

Fuente: El diario del Fin del Mundo

El Consejo de la Magistratura tratará denuncia por presuntas amenazas a una periodista

El Consejo de la Magistratura se reunió este lunes 8 de marzo en la sede del Superior Tribunal de Justicia. En el encuentro presidido por la Dra. María del Carmen Battaini se definía el jury contra el Juez Sahade, pero finalmente aplazaron la votación. En la sesión ingresó como tema a abordar, la denuncia en las redes sociales de la periodista Carla Fulgenzi, contra el Juez del Superior Tribunal de Justicia Gonzalo Sagastume, por supuestas amenazas.
En primer término el tratamiento del jury al juez Sahade debía tener hoy una votación de los consejeros en base al informe del consejero fiscal, el representante de los abogados de Río Grande, José Rodas.

En su escrito Rodas recomienda desestimar el jury, pero el  fiscal Martínez de Sucre presentó un escrito en el cual manifestó que no compartía el informe realizado por el abogado Rodas y entregó un extenso escrito fundamentando su posición contraria.

Posteriormente Battaini informó  que había recibido un mensaje de texto de parte de la periodista Carla Fulgenzi, en el cual refería que había sido amenazada por un magistrado.

La periodista les envió a los consejeros una copia de capturas de pantalla del intercambio de mensajes que habría realizado con el juez Gonzalo Sagastume. No se sabe en qué contexto se efectuó ese intercambio de mensajes entre ambos.

Por mayoría, se dispuso solicitar a Fulgenzi que en caso de estimarlo conveniente, acompañe las pruebas respectivas como también se la invitó a realizar alguna otra manifestación al respecto sobre lo sucedido.

Presidió la reunión la Dra. María del Carmen Battaini y participaron en forma presencial el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre; el Jefe de Gabinete del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Lic. Agustín Tita; los representantes de los abogados de Ushuaia, Dra. María Gabriela San Martín, y de Río Grande, José Rodas Fernández y el legislador Pablo Villegas. De manera virtual lo hizo el legislador Ricardo Furlan

La Justicia intervino y ordenó retirar los cuerpos acumulados del galpón en Ushuaia

La jueza María Cristina Barrionuevo ordenó que los cuerpos que están acumulados en un galpón de la calle Campo y que involucra a la funeraria Ramón Oviedo, sean trasladados a instalaciones acordes ya que los mismos llevan bastante tiempo en el lugar si haber sido cremados.


Una comitiva policial se hizo presente ayer lunes en el galpón de calle Campos entre Piedrabuena y Belgrano, donde la empresa Oviedo tiene cuerpos de personas que fallecieron durante la pandemia. La hija de uno de los fallecidos formalizó una denuncia en la Policía de la Provincia lo que activó el sistema judicial ya que el fiscal Fernando Ballester Bidau formalizó un requerimiento de instrucción para que se investigue el hecho.


El malestar y la indignación lógica de familiares y amigos de los fallecidos no solo se formalizó con la denuncia, sino que también fue expresada en las redes sociales, donde los cuestionamientos cayeron sobre los funcionarios deo gobierno provincial y municipal por la falta de controles.


Pero con el paso de los días la noticia causó gran indignación también entre los vecinos que residen en la zona donde se encuentran el galpón donde permanecen los cuerpos. Ayer la justicia dispuso el traslado de 9 fallecidos a instalaciones acorde que tiene la Municipalidad de Ushuaia en el cementerio de los Antiguos Pobladores.


Cabe señalar que ayer fueron trasladados 9 féretros y quedan bastantes cuerpos más en el galpón indicó el Diario del Fin del Mundo en su edicion matutina de este martes. Igualmente, Ángel Oviedo, titular de la funeraria Ramón Oviedo, informó ayer por la tarde que ya se presentó en la justicia el plan de traslado del resto de los cuerpos.


En ese sentido anticipó que se realizarán cuatro viajes a crematorios del norte del país, uno en Punta Alta y otro en Trelew.

“Ruta del Dinero K”: Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión

Tras estar detenido por casi cinco años, el empresario Lázaro Báez fue condenado a doce años de prisión en la causa denominada Ruta del dinero K en la que se lo investigó por el lavado de dinero a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita“.

Tras iniciar el juicio en octubre de 2018, el Tribunal Oral Federal 4 fijó para este miércoles a las 9:30 y por videoconferencia la lectura de la sentencia en la denominada “Ruta del dinero K”, que tuvo en la mira al empresario y a sus cuatro hijos, entre muchos otros acusados.

Lázaro Báez fue detenido por orden del juez federal Sebastián Casanello el 5 de abril de 2016, cuando aterrizó en el aeropuerto de San Fernando proveniente de Santa Cruz, ante la sospecha de que podía fugarse.

El titular de Austral Construcciones estuvo preso en la cárcel de Ezeiza desde ese momento con prisión preventiva, hasta que en septiembre de 2020 la Justicia le otorgó la prisión domiciliaria.

El veredicto estaba establecido para dos semanas atrás, pero debido a la “complejidad de la causa“, según sostuvieron los magistrados, la fecha finalmente se fijó para este 24.

Los jueces Adriana Palliotti, Guillermo Costabel y María López Iñíguez fundaron la extensión de la lectura de la sentencia en que buscan tener un “conocimiento acabado” de la causa..

El año pasado ya hubo alegatos con pedidos de pena, siendo la más alta la que reclamó el fiscal Abel Córdoba, que pidió 12 años de prisión para Lázaro Báez, este último quien está desde el año pasado con prisión domiciliaria.

El fiscal lo acusó de lavar unos 60 millones de dólares entre 2010 y 2013, en tanto que la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) hicieron una solicitud que no supera los 9 años.

Córdoba también pidió para Martín Báez, quien se encuentra detenido en el Penal de Ezeiza, la condena de nueve años, mientras que para Leandro Báez solicitó cinco años de prisión, y para Luciana y Melina Báez de cuatro años y medio de condena. En tanto, sobre el “arrepentido” Leonardo Fariña, el fiscal pidió una condena de cinco años de prisión.

Fuente perfil

Denuncian a Oviedo por acumulación de cadáveres en un galpón

 La familia de un hombre fallecido en septiembre pasado y cuyos restos esperan aún una cremación que selle el dolor, denunció a la empresa Ramón Oviedo tras comprobar el macabro estado en que la compañía conservaba los restos de su ser querido.

La denuncia se concretó el miércoles pasado en la comisaría Primera y recayó en el Juzgado de Instrucción N° 2 de esta ciudad a cargo de la Dra. María Cristina Barrionuevo, luego de que los hijos de la mujer lograran ver con sus propios ojos el lugar donde la funeraria tendría guardados los restos de, al menos, cien muertos que aún no pudieron ser cremados y entregadas sus cenizas a sus deudos.

La semana pasada otra familia que reclamaba la cremación de los restos de su padre fallecido en marzo del año pasado había denunciado que, según datos de la empresa Ramón Oviedo, (una de las dos funerarias que presta servicios en esta ciudad) había más de 70 cuerpos esperando una cremación desde que comenzó la pandemia y que estos se encontraban “a resguardo en una bóveda”.

Al enterarse de esto, otra familia pidió ver el lugar donde estaba resguardado el cadáver de su padre ya que, según denunciaron en las redes sociales, la funeraria les había cobrado más de 200 mil pesos por mantener el féretro en un lugar refrigerado y acondicionado hasta que llegara el momento de la cremación y querían corroborar que ese servicio se estuviera cumpliendo.

El viernes, los hijos del hombre fallecido publicaron en las redes: “Decidimos acercarnos a las instalaciones para constatar que el cuerpo de mi suegro esté en resguardo y buenas condiciones y no fue así. Se encontraba en el piso de un galpón en la calle Campos. No tiene cámara de frío ni sistema de ventilación ni tampoco está acondicionado para el resguardo de cuerpos. Había olor a podrido y 300 cadáveres más en un galpón con una puerta de chapa y un foquito de luz”.

Los damnificados afirmaron en la publicación: “A raíz de nuestra desesperación Ramón Oviedo nos prometió cremar a mi suegro junto al señor Sena este 25 (de febrero). Ahora nos dicen que, porque denunciamos, no nos van a cremar a nuestros seres queridos”.

Por otra parte indicaron: “Se supone que pagamos doscientas lucas para que el cuerpo se conserve hasta la fecha de cremación y no fue así. Esto es una estafa, una falta de respeto a nuestros seres queridos; la familia de mi señora está destruida”.

Fuente. El sureño

Pedía fotos íntimas a menores y amenazaba con publicarlas para abusarlas: lo condenaron a sólo seis años de cárcel

 hombre fue condenado por la justicia de Salta por los delitos de grooming, coacción y abuso sexual. Las víctimas tenían 14 años y fueron chantajeadas.

La justicia de Salta condenó este jueves a un hombre a seis años de prisión efectiva por dos casos de grooming, coacción y abuso sexual en perjuicio de dos chicas de 14 años a quienes había contactado a través de Facebook.

Leonel Jairo Arce, de 23 años, fue condenado en un juicio abreviado desarrollado en la Sala IV del Tribunal de Juicio de Salta tras ser confirmado como autor material y penalmente responsable de los delitos de grooming, coacción en dos hechos y abuso sexual con acceso carnal, también en dos hechos, en concurso real, en perjuicio de una menor.

El juez Maximiliano Troyano ordenó el traslado de Leonel Jairo Arce a la Unidad Carcelaria 1 y recomendó al director del Servicio Penitenciario que se le brinde tratamiento psicológico por la naturaleza de los hechos por los cuales resultó condenado.

También dispuso que se incorpore una muestra de su ADN al Banco de Datos Genéticos.

Fuentes juidiciales confirmaron a Télam que las víctimas de Leonel Jairo Arce fueron dos chicas de 14 años a quienes contactó por Facebook y Whatsapp tanto con su identidad real como con una falsa llamada “Cande Soria II”.

En el primero de los casos Arce le envió una foto de su órgano sexual a la víctima y mantuvo con ella conversaciones de tono sexual.

Luego le pidió que le mandara fotos desnuda y, una vez que las obtuvo, la chantajeó para que tuviera sexo con él o sino las publicaría en las redes sociales.

La víctima fue violada en dos oportunidades.

Arce contactó a su segunda víctima a través de Facebook con el nombre de Cande Soria II. A ella la amenazó con hacerle daño a su hermana menor y a su papá si no le mandaba fotos desnuda.

El hombre le advirtió a la chica que sabía dónde encontrar a sus familiares y hasta le mandó fotos del frente de su casa y de su hermanita jugando al hockey y la convenció de que podía causarles algún daño en cualquier momento.

Sólo entonces la víctima le envió nueve fotos, tras lo que Arce la amenazó con publicar las fotos si no accedía a tener relaciones sexuales con “Leo Arce”, es decir, él mismo, quien supuestamente también estaba siendo amenazado por Cande Soria II.

La menor llegó a encontrarse con Arce, creyendo que él también era víctima de la coacción, pero no accedió al chantaje y cuando le comentó acerca de sus intenciones de denunciar el hecho, la cuenta de la falsa Cande Soria II desapareció del Facebook.

Corrupción: Le quitan los inmuebles a ex Intendente condenado

La Justicia Civil de Mendoza aplicó por primera vez la ley de extinción de dominio y resolvió quitarle sus inmuebles al ex intendente de Guaymallén Luis Lobos, condenado en una causa por corrupción junto a su esposa Claudia Sgró. En cambio, resolvió dejar en su poder dos vehículos que tenía declarados, así como un cuatriciclo.

El referente del Partido Justicialista fue intendente de la localidad mendocina entre 2013 y 2015, y al finalizar su gestión recibió denuncias por enriquecimiento ilícito, defraudación al Estado y otros delitos vinculados a la corrupción.

En mayo de 2019, Lobos fue condenado a cuatro años y medio de prisión, mientras que su esposa Sgró, fue sentenciada a tres años y cuatro meses de prisión por ser partícipe necesaria de la defraudación al Estado. Además, ambos fueron inhabilitados de por vida a ejercer cargos públicos.

En la provincia, el caso fue conocido como de la “mucama ñoqui” porque la empleada doméstica de su suegra, al igual que su hijo que ofrecía trabajos de jardinería, estaban registrados como empleados municipales sin saberlo. De esta manera, la madre de Sgró cobró los salarios a nombre de los trabajadores anotados de manera irregular.

“Por todo lo expuesto, resuelvo: I.- Admitir parcialmente la acción de extinción de dominio incoada en autos por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza y, en consecuencia, declarar extinguido el dominio de los Sres. Luis Alberto Lobos y Claudia Verónica Sgro respecto de los siguientes bienes: a) Inmueble identificado con la matrícula 362.679/4 unidad 2 PB de calle Cangallo 3862 titularidad del 100% de la Sra. Sgro y b) Inmueble identificado con la matrícula 181.518/4 de Calle Tirasso 4357 y c) inmueble identificado con la matrícula 167.166/4 pasillo comunero de calle Tirasso 4357, estos ultimo titularidad del 100% del Sr. Lobos, sin contraprestación ni compensación alguna a favor de los demandados, así como de sus frutos y productos, en casexo de resultar aplicable”, señala la sentencia dada a conocer.

El proceso de extinción de dominio rige en Mendoza por ley desde abril de 2019. La aprobación en la Legislatura provincial se concretó a partir de un proyecto enviado por el entonces gobernador Alfredo Cornejo y contempla la posibilidad de recuperar los bienes aunque no esté terminada la causa penal. En ese caso, se realiza un juicio civil en el que el imputado debe dar cuenta de cómo obtuvo determinados bienes y en el caso de que esto no sucede, se procede a la incautación y remate.

La iniciativa tiene como objetivo no esperar los largos años que suelen llevar los juicios penales para contar con una sentencia definitiva y agilizar la recuperación de los bienes obtenidos con dinero de la corrupción.

A nivel nacional, la extinción de dominio rige desde enero de 2019 a partir de un decreto firmado por el ex presidente Mauricio Macri que decidió avanzar por esa vía ante los desacuerdos que generó en el Congreso el proyecto y que no lograba ser aprobado en el recinto. “Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente, y tienen que saber que hoy en la Argentina el que las hace las paga. Mi compromiso es seguir trabajando para que el ciudadano que se levanta todos los días para ir a trabajar reconozca que su esfuerzo vale”, había señalado en aquel momento Macri, para explicar los alcances de su DNU que tuvo pedidos de inconstitucionalidad y que sigue generando controversia jurídica.

Perfil, aclaró que el hecho clave de la sentencia que firma María Paz Delgado es que los tres inmuebles en cuestión no formaban parte del matrimonio antes de la llegada a la intendencia. “Ninguno de estos bienes fue adquirido antes de su ingreso a la función pública”, indicó la magistrada en el fallo.

1 de febrero se reanuda la actividad judicial en Tierra del Fuego

Este 1 de febrero el Poder Judicial de Tierra del Fuego volverá a la actividad, tras el fin de la9958el ia Judicial de verano. en donde se pide evitar concurrir de manera presencial y optar por comunicaciones telefónicas debido a la pandemia del coronavirus.  El horario de atención al público es de 8 a 14.

Desde el Poder Judicial indicaron que desde este lunes “e reanudan los plazos procesales, tras finalizar la feria judicial de verano” y que “se recuerda a los usuarios del servicio evitar concurrir a las dependencias salvo que la situación lo amerite”.

De todos modos se puso a disposición los números telefónicos: 

► Edificio tribunales Ushuaia 2901-441500

► Casa de Justicia Tolhuin 2901-441500 interno 1518

►  Edificio tribunales Río Grande 2964-435000

► Atención al Ciudadano, en el siguiente link https://www.justierradelfuego.gov.ar/?page_id=9958