Castellucci y Carol denunciados por violencia hacia la vicerrectora de la UNTDF

 La Justicia Federal de Ushuaia dictó una medida cautelar ordenando “detener los sistemáticos ataques del rector de la UNTDF Juan José Castellucci en contra de la vicerrectora Adriana Urciuolo”. Se dispuso tras una denuncia en el marco de la ley Nº26485 de Protección Integral de las Mujeres. La denuncia también involucró al secretario general de la universidad, Gabriel Carol. AIRE LIBRE FM dialogó con la abogada Ana Laura Giordano, quien explicó el motivo de la denuncia.

La medida de protección de carácter interina fue resuelta por el juez Federal de Ushuaia Federico Calvate el pasado 5 de noviembre con el propósito de “preservar” la integridad de Urciuolo mientras dure la tramitación del proceso.

“Fueron ataques que tienen que ver con una cuestión jerárquica”, manifestó la abogada de la ingeniera Urciuolo, y aclaró que “fue en el ámbito laboral y generalmente las situaciones se daban en el seno de las reuniones del Consejo Superior”.

La Vicerrectora acreditó los ataques permanentes de Castellucci y Carol con extractos de los videos de las reuniones del Consejo Superior de la UNTDF en donde se registraron las agresiones. En una de esta situaciones, el pasado 16 de septiembre, Carol compara en el medio de este encuentro institucional a Urciuolo con el ex vicepresidente de la Nación Julio Cobos por la decisión de la vicerrectora de participar en las próximas elecciones universitarias dentro de una lista opositora a la de Castelucci. En la reunión, el Rector habilita en reiteradas oportunidades a que Carol cuestione a la vicerrectora.

Tras ese episodio y otros planteados en la causa, Urciuolo recurrió a la Justicia con el propósito de buscar protección en el marco de la ley de “Protección Integral”.

La medida de carácter interina dictada por Calvete es transitoria. Castellucci y Carol tendrán un plazo de 5 días para responder los términos de la denuncia.

Le suspendieron la licencia de conducir a “Renolito”

La Municipalidad de Ushuaia, a pedido de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, decidió suspenderle la licencia de conducir a Leonardo Mokfalvi, conocido como “Renolito” por un polémico video en el que se lo veía conduciendo de forma temeraria.

Según se informó, la  medida se dispuso, luego que la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que Mokfalvi, tiene inhabilitada su Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI), desde el 30 de junio del 2020, como resultado de los hechos de público conocimiento en los que se lo pudo observar conduciendo un camión a alta velocidad mientras se filmaba con una damajuana de vino en la cabina, para luego culminar volcando su vehículo en la provincia de Santa Cruz.

Al respecto, el subsecretario de gobierno Horacio Herrera precisó que “la medida adoptada se dispuso a pedido de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de acuerdo a lo que señala el artículo 19 de la Ley Nacional de Tránsito y sus disposiciones reglamentarias. En este caso, corresponde por competencias propias del municipio, el otorgamiento de la licencia, así como la suspensión de la misma. Se le va a solicitar un estudio psicológico de esta persona, con un psicofísico preciso para los carnet profesionales”.

“Esta resolución del secretario Pablo García se le entregó en el día de la fecha, para que realice los nuevos estudios psicológicos. En el día de hoy se lo notificó, y la persona se ofuscó, insultó a los inspectores y rechazó notificarse. Por lo que se informó a la Policía, para garantizar la integridad física de los inspectores de tránsito. Recién aceptó notificarse cuando llegó su abogado. Sin embargo, rechazó entregar la licencia y esto quedó debidamente notificado. La persona no está habilitada para conducir, por lo que si conduce se le deberá incautar el vehículo” explicó Herrera.

La suspensión transitoria de la Licencia Nacional de Conducir seguirá vigente hasta que se someta a un nuevo examen psicofísico a los fines de determinar su aptitud actual para conducir.

Denuncia que le quitaron a su hija

USHUAIA.- Maribel, de 27 años, denunció ayer que Minoridad y Familia le quitó a su hija el viernes para entregarla a una familia sustituta y que luego le hicieron firmar un papel, con la excusa que si firmaba, le iban a permitir ver a la niña y conocer a la familia que la recibió. Pero eso nunca ocurrió.

Llorando desconsolada, la mujer contó que, tras la muerte de su pareja, sufrió depresión y mientras ella hacía tratamiento para recuperarse, le dieron la tenencia de su hijita a la abuela materna quien la cuidó durante los dos últimos años.

“Durante la pandemia venía a ver a mi hija a la casa de mi mamá todos los días, pero un día mi hija tuvo un accidente, se nos cayó agua caliente. Ese mismo día la internaron y ya no me quise separar de ella. Estuve tres semanas cuidándola, y estuve en todo momento con ella. Pasaron esas tres semanas y me llama la directora de Desarrollo Social diciendo que mi hija se iba a ir con otra familia y yo con mucho miedo y preocupada, llamé a mi mamá para hacerle saber. Ella llamó a Desarrollo Social donde nunca le respondieron”, relató Maribel llorando.

“El viernes a las 12:00 cuando le dieron el alta, llegaron de Minoridad me dijeron que íbamos a hablar y yo fui con mi hija”, contó. “Había muchas chicas y señoras en Minoridad que me decían que mi hija iba a estar bien con otra familia. Yo les dije que no, que quería estar con mi hija. Yo estoy bien, yo amo a mi hija. Por qué se la van a dar a otra familia”.

“Y me dijeron que era por el bien de mi hija. Yo les dije que iba a cuidarla y ellos me dijeron que no podía quedarse en la casa de mi mamá, porque tuvo el accidente. Por esa razón se la llevan a mi hija”.

Maribel aclaró que “mi psicóloga dice que yo estoy bien, mis informes salen bien. Sigo yendo a la psicóloga porque quiero. Y me dicen no, por el bien de ella y que no podemos quedarnos más de mi mamá”.

“Intentaron sacarme a la fuerza y me obligaron a salir por la puerta de atrás. Yo grité que querían sacarme a mi hija y me hicieron volver a la pieza. Desde el viernes no sé nada de mi hija, no sé con qué familia está. No sé nada”.

Ahora, la desesperación es mayor, porque según relató, “ayer me llamaron de Desarrollo Social y me dan una notificación diciendo que voy a volver a ver a mi hija si firmo un papel. Te vamos a llevar donde está tu hija, vas a conocer a la familia. Si no firmás no la vas a ver más. Y yo por desesperación lo firmé, y no me llevaron donde mi hija. Me engañaron”, acusó.

“La notificación que me dieron, recién ayer la pude leer cuando vino mi amiga. Y dice que yo no puedo reclamar, que cuando ellos quieran voy a volver a ver a mi hija. Ellos me presionaron, me hicieron firmar diciéndome que iban a llevarme a verla y era mentira. No es la primera vez que me engañan, muchas veces ya lo hicieron”, acotó.

Ante esta situación desesperante, la mujer necesita una explicación. “Es injusto que me la hayan sacado. Tiene un hogar, un techo. Tengo la casa de mi mamá para estar, no sé por qué se la llevaron a otra familia. Estoy preocupada, no sé dónde está”.

Denuncian a Tomas Bertotto, ex concejal de Ushuaia y actual asesor en el Senado de Pablo Blanco por emitir certificados truchos para transitar.

La presentación fue realizada ante la Fiscalía por tres ex empleados de una empresa de seguridad de la que el ex edil era gerente. Los trabajadores sostienen que esa firma “nunca existió”, pero que Bertotto igual firmó permisos para autorizar la circulación en medio de las restricciones por la pandemia.

También dicen que trabajaban “en negro”, en turno de 12 horas y sin francos, “compartiendo barbijos y guantes de látex”.

El ex concejal de la ciudad de Ushuaia, Tomás Bertotto, fue denunciado penalmente por tres ex empleados de una empresa de seguridad que lo acusan de emitir permisos de circulación falsos para transitar durante la cuarentena de coronavirus, según surge del texto de la denuncia a la que tuvo acceso EDFM.

La presentación judicial fue realizada el pasado jueves 8 ante el fiscal en turno y clasificada con el número 4336, bajo la carátula “Miño José Andrés y otros”, con el patrocinio del abogado Jorge Hernández.

En el escrito se menciona que los tres denunciantes: José Andrés Miño, Facundo Maximiliano Romero y Marcelo Alejandro Garay, se desempeñaban desde 2017 en la empresa Sheriff TDF Sociedad de Responsabilidad Limitada, propiedad de Bertotto, en calidad de “guardias de seguridad”.

Sin embargo, la denuncia indica que el trabajo se desarrollaba “en condiciones totalmente irregulares”, ya que “la empresa Sheriff jamás existió y no se encuentra registrada”.

En ese contexto, agrega que el ex edil “expidió permisos de tránsito durante el tiempo que duraron las restricciones circulatorias, producto de la pandemia de COVID-19”.

Esos permisos para “transitar y ser exhibidos ante las autoridades”, fueron emitidos por Bertotto “en calidad de gerente” siendo que “no tenía facultades para hacerlo, poniendo en riesgo nuestra salud y la de todos los ciudadanos de la ciudad de Ushuaia, lo que se prueba con los certificados apócrifos que se adjuntan”, afirma la presentación.

En efecto, la denuncia incluye tres certificados fechados el 20 de marzo de este año y firmado por el referente de la Coalición Cívica.

“Certifico que el empleado se desempeña como personal de vigilancia en el predio de la empresa Eidico, Fideicomiso Viviendas Ushuaia, del barrio Los Morros (…) Se extiende el presente certificado para ser presentado ante las autoridades gubernamentales, a los fines de permitir su libre circulación para poder asistir a su lugar de trabajo”, se puede leer en los documentos agregados al expediente judicial.

Los denunciantes solicitaron a la Fiscalía que se investigue al ex concejal como probable autor de los delitos previstos en los artículos 205 y 292 del Código Penal.

Mientras que el artículo 292 hace referencia a la presunta falsificación de un documento, el 205 establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Por otra parte, los ex agentes de vigilancia sostienen en la denuncia que a la fecha es “desconocido” el domicilio real del ex edil, ya que “todo indica que ha hecho abandono de la isla”.

Por ello, le piden al fiscal interviniente, y al juez que se haga cargo de la causa, una orden para “averiguar el paradero” del denunciado.

“Compartían barbijos y guantes”

El abogado de los guardias de seguridad, Jorge Hernández, le dijo a EDFM que “el caso tiene dos aristas, uno penal y otro laboral”.

“En la faz penal, lo que pedimos investigar es el otorgamiento de certificados de circulación durante la pandemia en calidad de gerente de una sociedad inexistente. En materia laboral, vamos a demostrar que Bertotto contrataba gente en negro para brindar el servicio de seguridad en obras en construcción. Hacía trabajar a los empleados doce horas diarias todos los días sin francos y sin ningún tipo de aportes sociales o previsionales”, afirmó Hernández.

También dijo que esa situación “bordea el delito de trata de personas con fines de explotación laboral” ya que las personas eran traídas desde el norte del país y sometidas a “condiciones deplorables” como “ser obligados a compartir barbijos y guantes de látex en medio de la pandemia”, aseveró el letrado.

La Justicia imputo al ex presidente de la DPE en la gestion Bertone y varios empleados por defraudacion.

Imputaron al ex presidente de la DPE, Alejandro Ledesma, a los empleados de Energia, Patricia Valencia, Oscar Iasich, Javier Dos Santos y Mario Medina, por una licitación pública realizada a finales de 2019, en la cual la empresa adjudicada Ingeniería 65 cobró $2 millones y nunca entregó los productos durante la gestion Bertone. 
La Fiscalía elevó un requerimiento de instrucción penal donde imputa al ex titular de la Dirección Provincial de Energía y actual funcionario de la gestion Vuoto, Alejandro Ledesma, a dos empleados administrativos y a dos trabajadores del área del pañol. 
El Fiscal Mayor de Ushuaia, Eduardo Urquiza, suscribió un requerimiento de instrucción, y por lo tanto habilitó el inicio de una causa penal, para investigar al ex presidente de la Dirección Provincial de Energía (DPE) Alejandro Ledesma y a otros cuatro empleados del organismo involucrados en una denuncia por presuntas irregularidades efectuada por funcionarios de la actual administración de gobierno. El representante del Ministerio Público imputó en la causa a Ledesma, a Patricia Valencia, jefa del departamento administrativo contable de la DPE, a Oscar Iasich, jefe de división del departamento administrativo contable de la DPE, y a Javier Dos Santos y Mario Medina, trabajadores del sector del pañol, según se desprende del requerimiento. 
También podrían ser investigados los directivos de la empresa privada Ingeniería 65 SRL, adjudicatarios de la licitación pública por materiales para la DPE por $2 millones que nunca habrían sido entregados. 
Aunque el fiscal se reservó la posibilidad de realizar más adelante una calificación legal definitiva de los hechos, deslizó que debería investigarse desde la presunta violación de los deberes de funcionario público, hasta una defraudación en perjuicio de la administración pública y la falsificación de documentos. 
De acuerdo al relato de los hechos efectuado por el propio fiscal, el origen de la causa es la resolución 774/19 de la DPE, que aprobó el pliego de bases y condiciones para la adquisición de “empalmes y conectores terminales de 13,2 y 33KV para el pañol del Departamento de Distribución”. 
A raíz de ello se realizó la licitación 21/2019 que estableció un plazo de entrega de la mercadería de 45 días luego de la adjudicación, y un período de pago de 30 días posterior a que efectivamente fueran recibidos los elementos. Ingeniería 65 resultó adjudicada el 1 de noviembre de 2019, por un monto de $2.071.997. 
Sin embargo, en la denuncia consta que el 8 de noviembre recibió un pago adelantado de $1,7 millones y que el 13 de diciembre recibió el saldo de la operatoria, mientras que el 5 de febrero figura una nota de los responsables del pañol preguntando cuándo se recibirán los artefactos adquiridos. 
Según figura también en un informe del Tribunal de Cuentas, que intervino en el caso, el pago se debería haber realizado contra la entrega de los productos, mientras que la DPE “no estaba autorizada” para efectuar un anticipo financiero. 
La fiscalía le adjudica a uno de los empleados imputados, haber recibido una copia de un remito que dio lugar a la cancelación de los pagos, en lugar de haber recibido el remito en original. 
“La empresa presentó por mesa de entradas de la DPE el remito que presupone la entrega de los materiales por parte de la contratista. Sin embargo no se corroboró la recepción de los mismos. Se completó el pago total estipulado en la licitación pública pese a no haberse recibido por parte de la DPE ninguno de los materiales comprendidos en la licitación”, sostiene el requerimiento fiscal. 
Otro elemento valorado consiste en que el 3 de marzo de este año, cuando la DPE intimó a la empresa para que entregue los materiales, la firma respondió que podía hacerlo “en etapas”, lo que presupone que no los habría entregado hasta el momento. 
Además, la fiscalía sostiene que el 29 de julio, la empresa finalmente se presentó ante la DPE para entregar la mercadería, pero los productos “no fueron aceptados por no coincidir con los de la licitación”. 
En este punto, le imputa a otro de los empleados, haber intentado recibir los productos en ausencia de su jefe, para intentar mejorar la situación de su pareja, que es una de las jefas administrativas involucradas en el expediente, según se desprende de la documentación judicial.

Disponen guardias mínimas para la atención en el Juzgado Civil y Comercial 1 de Ushuaia

Ante la aparición de un caso confirmado de COVID-19 en el Juzgado Civil y Comercial 1 del Distrito Judicial Sur, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió adoptar medidas similares a lo informado respecto de la situación de la Cámara de Apelaciones y el Ministerio Público Fiscal de la Defensa en el DJS.

Por ello, reiteró las recomendaciones del cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad dispuestas en el marco de los protocolos de prevención aprobados en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, y solicitó a los usuarios evitar concurrir a los Tribunales.

De este modo, el STJ dispuso hasta el 28 de septiembre inclusive, la suspensión de plazos procesales en los casos en trámite y dispuso guardias mínimas a cumplir por personal que se encuentre en condiciones, según los parámetros sanitarios vigentes

Confirmaron el procesamiento de Carlos Córdoba por presunta venta de viviendas sociales de ATE

La justicia de Ushuaia confirmó el procesamiento del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Carlos Córdoba y de la ex secretaria de Acción Social del sindicato, Lilian Carolina Galli en la escandalosa causa por las viviendas sociales vendidas a personas ajenas al gremio. Asimismo, se declaró la incompetencia de la justicia provincial para investigar las maniobras de lavado de dinero vinculadas al mismo caso.


En un fallo dictado en las últimas horas, los jueces Paola Caucich y Andrés Leonelli rechazaron las apelaciones a los procesamientos de Córdoba y Galli que había dictado el año pasado el juez de instrucción Javier De Gamas Soler.

En esta instancia, De Gamas Soler dio por demostrado que los directivos de ATE y otros allegados se unieron para organizar un plan “destinado a percibir grandes sumas de dinero de forma mal habida, utilizando un argumento tan sensible como puede ser el acceso a la vivienda propia”.


“Este plan criminal fue ideado de manera minuciosa” por los gremialistas, que de haber logrado su objetivo, “quizás nunca hubiera salido a la luz la perversa maniobra orquestada”, señaló el magistrado.


El juez explicó en su fallo de 2019 (ahora confirmado por la Cámara) que la conducción de ATE utilizó un “proyecto lícito y destacable” como lo es la construcción de 128 viviendas sociales para personas afiliadas al sindicato (en el barrio Barrancas del Río Pipo) para quedarse con 21 de esos inmuebles y “negociarlos a grandes valores económicos”, que si bien eran altos, constituían precios menores al del mercado inmobiliario privado.


“El grupo criminal se arrogó la facultad de “guardarse lugares” entre las 128 soluciones habitacionales, para comercializarlos a discreción, claramente de manera ilegal, lo que resultaría indefectiblemente en un doble perjuicio. Por un lado la estafa al que abonó valores por un departamento que luego debería volver a abonar en su integridad al IPV, y una defraudación a los afiliados legítimos de ATE que perdieron su posibilidad de acceso a una vivienda digna por la maniobra fraudulenta antes indicada”, remarcó De Gamas Soler.


La Justicia procesó por esta maniobra a Córdoba por “22 hechos de estafa que concurren realmente entre sí y defraudación por administración fraudulenta”. Y por los mismos ilícitos a Galli.


También procesó a la “cara visible” de la maniobra, Miguel Arana, conocido como “Miguelón”, un empleado municipal e integrante de la comisión de viviendas de ATE, a quien además de las estafas y la defraudación le adjudicaron “lavado de activos de origen delictivo”. Por idéntico delito fueron procesados Gisela Edith Escobar (pareja de Arana) y Erik Enrique Moscoso Panozo. A todos los embargaron por 3 millones de pesos.

Qué dijo la Cámara



El caso llegó a la Cámara de Apelaciones en relación a los procesamientos de Córdoba, Galli y Moscoso Panozo.
En su pronunciamiento, los camaristas revisaron el cuadro probatorio acerca de la maniobra de estafa y defraudación y llegaron a la conclusión de que “no se advierten motivos” como para desacreditar “la labor valorativa” realizada por el juez de primera instancia.


Por ejemplo, en cuanto a la responsabilidad de Córdoba, el fallo tuvo en cuenta que “participó del sorteo realizado el 16 de julio de 2011 para conformar el listado de adjudicatarios que fue acercado al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), suscribió la nota del 12 diciembre de 2011 por la cual se acompañó al IPV el listado de los primeros 128 adjudicatarios y remitió a ese organismo y a la municipalidad notas, en octubre de 2017, poniendo en conocimiento que las únicas personas del gremio autorizadas para la realización de tales trámites eran él y Galli”, además de haber intercedido ante el IPV y el ministro de gobierno, en enero de 2018, para incorporar nuevos adjudicatarios.


“Aprovechándose de la existencia del proyecto de construcción de viviendas sociales, los imputados llevaron a cabo 22 hechos de estafa que perjudicaron patrimonialmente a personas no integrantes de la asociación gremial, quienes fueron inducidos al error, mediante el ofrecimiento engañoso en venta de departamentos a los que no podían acceder por no cumplir los requisitos que exigía la adjudicación y que abonaron sumas de dinero indebidas”, puede leerse en el voto de la jueza Caucich al que después adhirió Leonelli.


En ese sentido, los camaristas confirmaron que los responsables de la maniobra “hacían creer que los pagos (por las viviendas) respondían, o bien a la compra de adjudicaciones a titulares que por diversos motivos deseaban enajenarlas, o bien a la adquisición directa de soluciones habitacionales que se encontraban dentro de un cupo que el sindicato podía comercializar y por las que debían pagar sumas de dinero en concepto de reserva, movimiento de suelo y gestiones administrativas”.


En definitiva, había “un plan común en el que cada interviniente ejecutó las acciones acordadas conforme a una división de roles”, ratificó la resolución.


Por su parte, en cuanto a la participación de Moscoso Panozo, se concluyó (en esta instancia preliminar) que recibió bienes adquiridos por los fondos de procedencia ilícita.


“La acusación fiscal abarca que diversos cheques librados por el nombrado se habrían utilizado por los otros imputados para la adquisición de nuevas máquinas viales, en pos de disimular su origen y de otorgar a éstos la apariencia de licitud”, recuerda el fallo.


Y agrega que según el procesamiento de De Gamas, con el caudal económico conseguido para cometer las estafas, algunos de los imputados (entre ellos Moscoso Panozo) “montaron una empresa y compraron maquinaria vial para ir haciendo ingresar ese caudal, de manera gradual y por una doble vía. Por un lado, la compra de esa maquinaria y por otro con la facturación producto de la explotación de esa maquinaria (…) Arana fue la cara visible pero contó con la cooperación de Escobar y de Moscoso Panoso”.

Sin embargo, los camaristas disintieron con el juez de primera instancia al considerar que el delito de lavado debe ser investigado por la Justicia Federal, y que por eso corresponde el dictado de la incompetencia parcial.


“La norma busca proteger la integridad y regularidad del sistema financiero en su conjunto y como tal la investigación de los comportamientos susceptibles de afectarlo constituyen un claro interés federal (…)  La propia naturaleza jurídica del delito de lavado de dinero y el cambio normativo que le asignó una nueva ubicación sistemática, lo convirtió en un delito autónomo que debe ser investigado por la justicia federal también con autonomía, dado que los bienes jurídicos tutelados son independientes a los protegidos por los delitos precedentes o simultáneos”, aseveró el pronunciamiento de la Cámara.

Dos imputados por distribuir pornografía infantil en Río Grande

Un video con contenido pornográfico de menores de 18 años fue detectado enviado por la red social Instagram y mediante la dirección IP se terminó allanando un domicilio en el barrio Mutual ordenado por el Juez de Instrucción, Dr. Daniel Cesari Hernández.

Explicó que se está investigando la eventual producción y transmisión de imágenes y videos con escenas explícitas de sexo que involucran a menores de 18 años. 

Un hombre mayor de edad y un menor de 16 años fueron notificados por lo sucedido.

Juntan firmas en rechazo a la ampliación del Superior Tribunal de Justicia

A través de la plataforma Change.org, un grupo de vecinos de Tierra del Fuego decidió llevar a la acción su rechazo al proyecto de ampliación del Superior Tribunal de Justicia, cuyos propios integrantes impulsan.

Es que la iniciativa ya comenzó a ser discutida oficialmente en el seno de la Legislatura y teniendo en cuenta el apoyo inicial a la norma, muchos especulan con una pronta aprobación.

Por ello, se ha decidido comenzar esta colecta de firmas en contra de la reforma, entendiendo que la misma ocurre «bajo un modelo vertical y elitista, donde sólo debaten las y los especialistas en la materia» y pide que, en cambio, «el alcance de la reforma judicial debe ser ampliamente discutido y debatido, procurando que las y los usuarios del servicio de justicia -que serán impactados por sus resultados- sean parte de la discusión».

Y basa en dos puntos las modificaciones clave que deben realizarse para garantizar una reforma transparente:

-La modificación del sistema de selección de jueces, para reemplazar el actual, cooptado por intereses políticos, que no garantiza la idoneidad técnica de los candidatos ni está sujeto a ningún tipo de control ciudadano.

-La imposición de criterios que garanticen una representación igualitaria de las mujeres en los organismos judiciales, ya sea en los tribunales como en el Consejo de la Magistratura, que como muestra exhibe hoy una composición enteramente masculina.

Comerciante estafado por casi un millon de pesos con una llamada telefonica.

Un comerciante de Río Grande fue estafado por al menos un par de delincuentes que le sustrajeron con engaños una cifra casi millonaria de su cuenta bancaria. De acuerdo a la exposición hecha por L.O.B. en la comisaría Primera, resultó estafado a través de engaños, en la modalidad conocida comúnmente como “Cuento del tío”. 
Dedicado a la venta de muebles por redes sociales, el hombre de 53 años fue contactado por un supuesto comprador, quien se comprometió a depositar una seña por un mueble, pidiéndole para ello los datos de su cuenta bancaria. Poco después lo volvió a contactar el falso cliente diciéndole que –por error- había depositado una cifra mucho mayor a la convenida y que necesitaba que se la reintegrara
Envolviéndolo en mentiras y con fingida angustia, el embaucador le dijo a la víctima que lo llamaría un supuesto empleado del banco quien le explicaría el procedimiento para proceder al reintegro. 
Continuando el elaborado engaño, poco después el denunciante recibió la llamada de otro sujeto, quien dijo ser oficial de cuentas del banco Francés y que se ofreció a ayudarlo en la operación. Fue así que le pidió el número de Token (un código de seguridad reservado para operaciones bancarias delicadas) y con ese y otro datos privados logró que la víctima transfiriera dinero de su propia cuenta a otras cuentas, por un total de 833 mil pesos
Tras haber hecho las transferencias, el hombre se dio cuenta de que todo era mentira, que había sido víctima de una estafa pero no había forma de revertir la operatoria y por ello es que decidió hacer la denuncia policial correspondiente. 
A los fines de prevenir a otras personas respecto de la actividad de estos delincuentes, la Policía difundió los números telefónicos desde donde se habrían hecho los llamados para consumar el saqueo. 
Los abonados telefónicos (según la información policial) resultan ser 02964-15¬-535916; 011-56441045 y 299-5095401.