Denuncian a Oviedo por acumulación de cadáveres en un galpón

 La familia de un hombre fallecido en septiembre pasado y cuyos restos esperan aún una cremación que selle el dolor, denunció a la empresa Ramón Oviedo tras comprobar el macabro estado en que la compañía conservaba los restos de su ser querido.

La denuncia se concretó el miércoles pasado en la comisaría Primera y recayó en el Juzgado de Instrucción N° 2 de esta ciudad a cargo de la Dra. María Cristina Barrionuevo, luego de que los hijos de la mujer lograran ver con sus propios ojos el lugar donde la funeraria tendría guardados los restos de, al menos, cien muertos que aún no pudieron ser cremados y entregadas sus cenizas a sus deudos.

La semana pasada otra familia que reclamaba la cremación de los restos de su padre fallecido en marzo del año pasado había denunciado que, según datos de la empresa Ramón Oviedo, (una de las dos funerarias que presta servicios en esta ciudad) había más de 70 cuerpos esperando una cremación desde que comenzó la pandemia y que estos se encontraban “a resguardo en una bóveda”.

Al enterarse de esto, otra familia pidió ver el lugar donde estaba resguardado el cadáver de su padre ya que, según denunciaron en las redes sociales, la funeraria les había cobrado más de 200 mil pesos por mantener el féretro en un lugar refrigerado y acondicionado hasta que llegara el momento de la cremación y querían corroborar que ese servicio se estuviera cumpliendo.

El viernes, los hijos del hombre fallecido publicaron en las redes: “Decidimos acercarnos a las instalaciones para constatar que el cuerpo de mi suegro esté en resguardo y buenas condiciones y no fue así. Se encontraba en el piso de un galpón en la calle Campos. No tiene cámara de frío ni sistema de ventilación ni tampoco está acondicionado para el resguardo de cuerpos. Había olor a podrido y 300 cadáveres más en un galpón con una puerta de chapa y un foquito de luz”.

Los damnificados afirmaron en la publicación: “A raíz de nuestra desesperación Ramón Oviedo nos prometió cremar a mi suegro junto al señor Sena este 25 (de febrero). Ahora nos dicen que, porque denunciamos, no nos van a cremar a nuestros seres queridos”.

Por otra parte indicaron: “Se supone que pagamos doscientas lucas para que el cuerpo se conserve hasta la fecha de cremación y no fue así. Esto es una estafa, una falta de respeto a nuestros seres queridos; la familia de mi señora está destruida”.

Fuente. El sureño

Pedía fotos íntimas a menores y amenazaba con publicarlas para abusarlas: lo condenaron a sólo seis años de cárcel

 hombre fue condenado por la justicia de Salta por los delitos de grooming, coacción y abuso sexual. Las víctimas tenían 14 años y fueron chantajeadas.

La justicia de Salta condenó este jueves a un hombre a seis años de prisión efectiva por dos casos de grooming, coacción y abuso sexual en perjuicio de dos chicas de 14 años a quienes había contactado a través de Facebook.

Leonel Jairo Arce, de 23 años, fue condenado en un juicio abreviado desarrollado en la Sala IV del Tribunal de Juicio de Salta tras ser confirmado como autor material y penalmente responsable de los delitos de grooming, coacción en dos hechos y abuso sexual con acceso carnal, también en dos hechos, en concurso real, en perjuicio de una menor.

El juez Maximiliano Troyano ordenó el traslado de Leonel Jairo Arce a la Unidad Carcelaria 1 y recomendó al director del Servicio Penitenciario que se le brinde tratamiento psicológico por la naturaleza de los hechos por los cuales resultó condenado.

También dispuso que se incorpore una muestra de su ADN al Banco de Datos Genéticos.

Fuentes juidiciales confirmaron a Télam que las víctimas de Leonel Jairo Arce fueron dos chicas de 14 años a quienes contactó por Facebook y Whatsapp tanto con su identidad real como con una falsa llamada “Cande Soria II”.

En el primero de los casos Arce le envió una foto de su órgano sexual a la víctima y mantuvo con ella conversaciones de tono sexual.

Luego le pidió que le mandara fotos desnuda y, una vez que las obtuvo, la chantajeó para que tuviera sexo con él o sino las publicaría en las redes sociales.

La víctima fue violada en dos oportunidades.

Arce contactó a su segunda víctima a través de Facebook con el nombre de Cande Soria II. A ella la amenazó con hacerle daño a su hermana menor y a su papá si no le mandaba fotos desnuda.

El hombre le advirtió a la chica que sabía dónde encontrar a sus familiares y hasta le mandó fotos del frente de su casa y de su hermanita jugando al hockey y la convenció de que podía causarles algún daño en cualquier momento.

Sólo entonces la víctima le envió nueve fotos, tras lo que Arce la amenazó con publicar las fotos si no accedía a tener relaciones sexuales con “Leo Arce”, es decir, él mismo, quien supuestamente también estaba siendo amenazado por Cande Soria II.

La menor llegó a encontrarse con Arce, creyendo que él también era víctima de la coacción, pero no accedió al chantaje y cuando le comentó acerca de sus intenciones de denunciar el hecho, la cuenta de la falsa Cande Soria II desapareció del Facebook.

Corrupción: Le quitan los inmuebles a ex Intendente condenado

La Justicia Civil de Mendoza aplicó por primera vez la ley de extinción de dominio y resolvió quitarle sus inmuebles al ex intendente de Guaymallén Luis Lobos, condenado en una causa por corrupción junto a su esposa Claudia Sgró. En cambio, resolvió dejar en su poder dos vehículos que tenía declarados, así como un cuatriciclo.

El referente del Partido Justicialista fue intendente de la localidad mendocina entre 2013 y 2015, y al finalizar su gestión recibió denuncias por enriquecimiento ilícito, defraudación al Estado y otros delitos vinculados a la corrupción.

En mayo de 2019, Lobos fue condenado a cuatro años y medio de prisión, mientras que su esposa Sgró, fue sentenciada a tres años y cuatro meses de prisión por ser partícipe necesaria de la defraudación al Estado. Además, ambos fueron inhabilitados de por vida a ejercer cargos públicos.

En la provincia, el caso fue conocido como de la “mucama ñoqui” porque la empleada doméstica de su suegra, al igual que su hijo que ofrecía trabajos de jardinería, estaban registrados como empleados municipales sin saberlo. De esta manera, la madre de Sgró cobró los salarios a nombre de los trabajadores anotados de manera irregular.

“Por todo lo expuesto, resuelvo: I.- Admitir parcialmente la acción de extinción de dominio incoada en autos por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza y, en consecuencia, declarar extinguido el dominio de los Sres. Luis Alberto Lobos y Claudia Verónica Sgro respecto de los siguientes bienes: a) Inmueble identificado con la matrícula 362.679/4 unidad 2 PB de calle Cangallo 3862 titularidad del 100% de la Sra. Sgro y b) Inmueble identificado con la matrícula 181.518/4 de Calle Tirasso 4357 y c) inmueble identificado con la matrícula 167.166/4 pasillo comunero de calle Tirasso 4357, estos ultimo titularidad del 100% del Sr. Lobos, sin contraprestación ni compensación alguna a favor de los demandados, así como de sus frutos y productos, en casexo de resultar aplicable”, señala la sentencia dada a conocer.

El proceso de extinción de dominio rige en Mendoza por ley desde abril de 2019. La aprobación en la Legislatura provincial se concretó a partir de un proyecto enviado por el entonces gobernador Alfredo Cornejo y contempla la posibilidad de recuperar los bienes aunque no esté terminada la causa penal. En ese caso, se realiza un juicio civil en el que el imputado debe dar cuenta de cómo obtuvo determinados bienes y en el caso de que esto no sucede, se procede a la incautación y remate.

La iniciativa tiene como objetivo no esperar los largos años que suelen llevar los juicios penales para contar con una sentencia definitiva y agilizar la recuperación de los bienes obtenidos con dinero de la corrupción.

A nivel nacional, la extinción de dominio rige desde enero de 2019 a partir de un decreto firmado por el ex presidente Mauricio Macri que decidió avanzar por esa vía ante los desacuerdos que generó en el Congreso el proyecto y que no lograba ser aprobado en el recinto. “Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente, y tienen que saber que hoy en la Argentina el que las hace las paga. Mi compromiso es seguir trabajando para que el ciudadano que se levanta todos los días para ir a trabajar reconozca que su esfuerzo vale”, había señalado en aquel momento Macri, para explicar los alcances de su DNU que tuvo pedidos de inconstitucionalidad y que sigue generando controversia jurídica.

Perfil, aclaró que el hecho clave de la sentencia que firma María Paz Delgado es que los tres inmuebles en cuestión no formaban parte del matrimonio antes de la llegada a la intendencia. “Ninguno de estos bienes fue adquirido antes de su ingreso a la función pública”, indicó la magistrada en el fallo.

1 de febrero se reanuda la actividad judicial en Tierra del Fuego

Este 1 de febrero el Poder Judicial de Tierra del Fuego volverá a la actividad, tras el fin de la9958el ia Judicial de verano. en donde se pide evitar concurrir de manera presencial y optar por comunicaciones telefónicas debido a la pandemia del coronavirus.  El horario de atención al público es de 8 a 14.

Desde el Poder Judicial indicaron que desde este lunes “e reanudan los plazos procesales, tras finalizar la feria judicial de verano” y que “se recuerda a los usuarios del servicio evitar concurrir a las dependencias salvo que la situación lo amerite”.

De todos modos se puso a disposición los números telefónicos: 

► Edificio tribunales Ushuaia 2901-441500

► Casa de Justicia Tolhuin 2901-441500 interno 1518

►  Edificio tribunales Río Grande 2964-435000

► Atención al Ciudadano, en el siguiente link https://www.justierradelfuego.gov.ar/?page_id=9958

China condena a muerte a funcionario por corrupción

BEIJING (AP) — El exdirector general de la firma estatal China Huarong Asset Management Co. Ltd. fue sentenciado el martes a muerte por aceptar sobornos, en uno de los castigos más severos por delitos económicos en años recientes.

Lai Xiaomin, de 58 años, fue declarado culpable además por el tribunal de Tianjin de cargos menores, incluyendo corrupción y bigamia.

En casos de corrupción las sentencias suelen ser a cadena perpetua o a muerte pero que quedan en suspenso. Las condenas a muerte sin posibilidades de indulto se han vuelto raras en años recientes. Esas sentencias son apeladas automáticamente ante el máximo tribunal de China.

Lai fue investigado por el organismo anticorrupción del gobernante Partido Comunista en el 2018 y expulsado del partido ese mismo año.

En su fallo, el tribunal de Tianjin mencionó el monto “especialmente enorme” de los sobornos aceptados por Lai, diciendo que excedieron 600 millones de yuanes (93 millones de dólares) en una instancia. En total, dijo el fallo, Lai recibió o trató de recibir 1.790 millones de yuanes (260 millones de dólares) en una década por abusar de su posición para hacer inversiones, otorgar contratos de construcción, ayudar con promociones y proveer otros favores.

Fue convicto además de malversar más de 25 millones de yuanes (casi 4 millones de dólares) en bienes estatales e iniciar una segunda familia cuando seguía casado con su primera esposa.

Aunque Lai proveyó información útil sobre actividades ilícitas de sus subordinados, la gravedad de sus faltas y “el nivel del daño causado a la sociedad” hacen que sea insuficiente para otorgarle indulgencia.

“Lai Xiaomin es criminal y avaro en extremo”, dijo el fallo. “Sus delitos son extremamente graves y deben ser castigados severamente de acuerdo con la ley”.

Huarong es una de cuatro entidades creadas en la década de 1990 para comprar préstamos no rendidores de los bancos, ayudando a revivir industrias financiadas por el estado.

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Pedido de juicio político contra el Intendente de Tolhuin Daniel Harrington

Hoy se presentó en la Mesa de Entrada del Concejo Deliberante de la ciudad de Tolhuin el pedido de juicio político contra el intendente Daniel Harrington por el encubrimiento de la venta de tierras fiscales a valores irrisorios que fue había sido realizado durante la gestión de Claudio Queno y fue blanquedo por el actual cuerpo colegiado mediante una ordenanza aprobada el 30 de octubre de este año.

“El pedido de juicio político se hizo porque los concejales Norberto Dávila, Marcelo Muñoz y Jeanette Alderete, junto al intendente Harrington, están incursos en la comisión de delito al intentar borrar las huellas de un crimen preexistente, pasan a ser cómplices por ser participes necesarios”, explicó a Ártika Noticias el abogado Daniel Merlo, quien es el impulsor de la denuncia contra los funcionarios tolhuinenses.

El Concejo Deliberante del corazón de la Isla, en su 3º Sesión Ordinaria ocurrida el 30 de octubre pasado, aprobó el proyecto de Ordenanza para reconocer como preadjudicaciones a todos los instrumentos dictados por el Departamento Ejecutivo mediante los cuales se dispusieron Reservas de Tierras Fiscales, una ordenanza que “oculta la huellas y las pruebas del robo y la estafa que había hecho Claudio Queno cuando Harrington era subsecretario de Gobierno del Municipio de Tolhuin, ya que inventaron la figura de reserva de tierras fiscales para ocultar que vendieron terrenos por $2,50 y por debajo de la mesa; una operatoria en la que, evidentemente, se enriquecieron”, lapidó Merlo.

“Además, la ordenanza faculta a Harrington para que sea quien haga la transformación de reserva de tierra fiscal a la preadjudicación y esto prueba que los beneficiarios de la ordenanza son justamente Queno y el actual Intendente, por eso Harrington nunca hizo la denuncia contra el ex Jefe Comunal, ni puede denunciar a los tres concejales, porque se estaría autoincriminando, porque los cuatro son cómplices de la estafa cometida”.

El pedido de juicio político ingresó hoy por la mesa de entrada del concejo y de ahí será girado a la sala acusadora que había sido conformada en el inicio del periodo ordinario de sesiones 2020. “La ley provincial 823 establece el mecanismo que se sigue ante la formulación de este pedido y las causales serian mal desempeño e indignidad, porque además de delictivo, lo que han hecho, es deshonesto”, finalizó Merlo.

Fuente : FM ARTIKA

Castellucci y Carol denunciados por violencia hacia la vicerrectora de la UNTDF

 La Justicia Federal de Ushuaia dictó una medida cautelar ordenando “detener los sistemáticos ataques del rector de la UNTDF Juan José Castellucci en contra de la vicerrectora Adriana Urciuolo”. Se dispuso tras una denuncia en el marco de la ley Nº26485 de Protección Integral de las Mujeres. La denuncia también involucró al secretario general de la universidad, Gabriel Carol. AIRE LIBRE FM dialogó con la abogada Ana Laura Giordano, quien explicó el motivo de la denuncia.

La medida de protección de carácter interina fue resuelta por el juez Federal de Ushuaia Federico Calvate el pasado 5 de noviembre con el propósito de “preservar” la integridad de Urciuolo mientras dure la tramitación del proceso.

“Fueron ataques que tienen que ver con una cuestión jerárquica”, manifestó la abogada de la ingeniera Urciuolo, y aclaró que “fue en el ámbito laboral y generalmente las situaciones se daban en el seno de las reuniones del Consejo Superior”.

La Vicerrectora acreditó los ataques permanentes de Castellucci y Carol con extractos de los videos de las reuniones del Consejo Superior de la UNTDF en donde se registraron las agresiones. En una de esta situaciones, el pasado 16 de septiembre, Carol compara en el medio de este encuentro institucional a Urciuolo con el ex vicepresidente de la Nación Julio Cobos por la decisión de la vicerrectora de participar en las próximas elecciones universitarias dentro de una lista opositora a la de Castelucci. En la reunión, el Rector habilita en reiteradas oportunidades a que Carol cuestione a la vicerrectora.

Tras ese episodio y otros planteados en la causa, Urciuolo recurrió a la Justicia con el propósito de buscar protección en el marco de la ley de “Protección Integral”.

La medida de carácter interina dictada por Calvete es transitoria. Castellucci y Carol tendrán un plazo de 5 días para responder los términos de la denuncia.

Le suspendieron la licencia de conducir a “Renolito”

La Municipalidad de Ushuaia, a pedido de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, decidió suspenderle la licencia de conducir a Leonardo Mokfalvi, conocido como “Renolito” por un polémico video en el que se lo veía conduciendo de forma temeraria.

Según se informó, la  medida se dispuso, luego que la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que Mokfalvi, tiene inhabilitada su Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI), desde el 30 de junio del 2020, como resultado de los hechos de público conocimiento en los que se lo pudo observar conduciendo un camión a alta velocidad mientras se filmaba con una damajuana de vino en la cabina, para luego culminar volcando su vehículo en la provincia de Santa Cruz.

Al respecto, el subsecretario de gobierno Horacio Herrera precisó que “la medida adoptada se dispuso a pedido de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de acuerdo a lo que señala el artículo 19 de la Ley Nacional de Tránsito y sus disposiciones reglamentarias. En este caso, corresponde por competencias propias del municipio, el otorgamiento de la licencia, así como la suspensión de la misma. Se le va a solicitar un estudio psicológico de esta persona, con un psicofísico preciso para los carnet profesionales”.

“Esta resolución del secretario Pablo García se le entregó en el día de la fecha, para que realice los nuevos estudios psicológicos. En el día de hoy se lo notificó, y la persona se ofuscó, insultó a los inspectores y rechazó notificarse. Por lo que se informó a la Policía, para garantizar la integridad física de los inspectores de tránsito. Recién aceptó notificarse cuando llegó su abogado. Sin embargo, rechazó entregar la licencia y esto quedó debidamente notificado. La persona no está habilitada para conducir, por lo que si conduce se le deberá incautar el vehículo” explicó Herrera.

La suspensión transitoria de la Licencia Nacional de Conducir seguirá vigente hasta que se someta a un nuevo examen psicofísico a los fines de determinar su aptitud actual para conducir.

Denuncia que le quitaron a su hija

USHUAIA.- Maribel, de 27 años, denunció ayer que Minoridad y Familia le quitó a su hija el viernes para entregarla a una familia sustituta y que luego le hicieron firmar un papel, con la excusa que si firmaba, le iban a permitir ver a la niña y conocer a la familia que la recibió. Pero eso nunca ocurrió.

Llorando desconsolada, la mujer contó que, tras la muerte de su pareja, sufrió depresión y mientras ella hacía tratamiento para recuperarse, le dieron la tenencia de su hijita a la abuela materna quien la cuidó durante los dos últimos años.

“Durante la pandemia venía a ver a mi hija a la casa de mi mamá todos los días, pero un día mi hija tuvo un accidente, se nos cayó agua caliente. Ese mismo día la internaron y ya no me quise separar de ella. Estuve tres semanas cuidándola, y estuve en todo momento con ella. Pasaron esas tres semanas y me llama la directora de Desarrollo Social diciendo que mi hija se iba a ir con otra familia y yo con mucho miedo y preocupada, llamé a mi mamá para hacerle saber. Ella llamó a Desarrollo Social donde nunca le respondieron”, relató Maribel llorando.

“El viernes a las 12:00 cuando le dieron el alta, llegaron de Minoridad me dijeron que íbamos a hablar y yo fui con mi hija”, contó. “Había muchas chicas y señoras en Minoridad que me decían que mi hija iba a estar bien con otra familia. Yo les dije que no, que quería estar con mi hija. Yo estoy bien, yo amo a mi hija. Por qué se la van a dar a otra familia”.

“Y me dijeron que era por el bien de mi hija. Yo les dije que iba a cuidarla y ellos me dijeron que no podía quedarse en la casa de mi mamá, porque tuvo el accidente. Por esa razón se la llevan a mi hija”.

Maribel aclaró que “mi psicóloga dice que yo estoy bien, mis informes salen bien. Sigo yendo a la psicóloga porque quiero. Y me dicen no, por el bien de ella y que no podemos quedarnos más de mi mamá”.

“Intentaron sacarme a la fuerza y me obligaron a salir por la puerta de atrás. Yo grité que querían sacarme a mi hija y me hicieron volver a la pieza. Desde el viernes no sé nada de mi hija, no sé con qué familia está. No sé nada”.

Ahora, la desesperación es mayor, porque según relató, “ayer me llamaron de Desarrollo Social y me dan una notificación diciendo que voy a volver a ver a mi hija si firmo un papel. Te vamos a llevar donde está tu hija, vas a conocer a la familia. Si no firmás no la vas a ver más. Y yo por desesperación lo firmé, y no me llevaron donde mi hija. Me engañaron”, acusó.

“La notificación que me dieron, recién ayer la pude leer cuando vino mi amiga. Y dice que yo no puedo reclamar, que cuando ellos quieran voy a volver a ver a mi hija. Ellos me presionaron, me hicieron firmar diciéndome que iban a llevarme a verla y era mentira. No es la primera vez que me engañan, muchas veces ya lo hicieron”, acotó.

Ante esta situación desesperante, la mujer necesita una explicación. “Es injusto que me la hayan sacado. Tiene un hogar, un techo. Tengo la casa de mi mamá para estar, no sé por qué se la llevaron a otra familia. Estoy preocupada, no sé dónde está”.

Denuncian a Tomas Bertotto, ex concejal de Ushuaia y actual asesor en el Senado de Pablo Blanco por emitir certificados truchos para transitar.

La presentación fue realizada ante la Fiscalía por tres ex empleados de una empresa de seguridad de la que el ex edil era gerente. Los trabajadores sostienen que esa firma “nunca existió”, pero que Bertotto igual firmó permisos para autorizar la circulación en medio de las restricciones por la pandemia.

También dicen que trabajaban “en negro”, en turno de 12 horas y sin francos, “compartiendo barbijos y guantes de látex”.

El ex concejal de la ciudad de Ushuaia, Tomás Bertotto, fue denunciado penalmente por tres ex empleados de una empresa de seguridad que lo acusan de emitir permisos de circulación falsos para transitar durante la cuarentena de coronavirus, según surge del texto de la denuncia a la que tuvo acceso EDFM.

La presentación judicial fue realizada el pasado jueves 8 ante el fiscal en turno y clasificada con el número 4336, bajo la carátula “Miño José Andrés y otros”, con el patrocinio del abogado Jorge Hernández.

En el escrito se menciona que los tres denunciantes: José Andrés Miño, Facundo Maximiliano Romero y Marcelo Alejandro Garay, se desempeñaban desde 2017 en la empresa Sheriff TDF Sociedad de Responsabilidad Limitada, propiedad de Bertotto, en calidad de “guardias de seguridad”.

Sin embargo, la denuncia indica que el trabajo se desarrollaba “en condiciones totalmente irregulares”, ya que “la empresa Sheriff jamás existió y no se encuentra registrada”.

En ese contexto, agrega que el ex edil “expidió permisos de tránsito durante el tiempo que duraron las restricciones circulatorias, producto de la pandemia de COVID-19”.

Esos permisos para “transitar y ser exhibidos ante las autoridades”, fueron emitidos por Bertotto “en calidad de gerente” siendo que “no tenía facultades para hacerlo, poniendo en riesgo nuestra salud y la de todos los ciudadanos de la ciudad de Ushuaia, lo que se prueba con los certificados apócrifos que se adjuntan”, afirma la presentación.

En efecto, la denuncia incluye tres certificados fechados el 20 de marzo de este año y firmado por el referente de la Coalición Cívica.

“Certifico que el empleado se desempeña como personal de vigilancia en el predio de la empresa Eidico, Fideicomiso Viviendas Ushuaia, del barrio Los Morros (…) Se extiende el presente certificado para ser presentado ante las autoridades gubernamentales, a los fines de permitir su libre circulación para poder asistir a su lugar de trabajo”, se puede leer en los documentos agregados al expediente judicial.

Los denunciantes solicitaron a la Fiscalía que se investigue al ex concejal como probable autor de los delitos previstos en los artículos 205 y 292 del Código Penal.

Mientras que el artículo 292 hace referencia a la presunta falsificación de un documento, el 205 establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Por otra parte, los ex agentes de vigilancia sostienen en la denuncia que a la fecha es “desconocido” el domicilio real del ex edil, ya que “todo indica que ha hecho abandono de la isla”.

Por ello, le piden al fiscal interviniente, y al juez que se haga cargo de la causa, una orden para “averiguar el paradero” del denunciado.

“Compartían barbijos y guantes”

El abogado de los guardias de seguridad, Jorge Hernández, le dijo a EDFM que “el caso tiene dos aristas, uno penal y otro laboral”.

“En la faz penal, lo que pedimos investigar es el otorgamiento de certificados de circulación durante la pandemia en calidad de gerente de una sociedad inexistente. En materia laboral, vamos a demostrar que Bertotto contrataba gente en negro para brindar el servicio de seguridad en obras en construcción. Hacía trabajar a los empleados doce horas diarias todos los días sin francos y sin ningún tipo de aportes sociales o previsionales”, afirmó Hernández.

También dijo que esa situación “bordea el delito de trata de personas con fines de explotación laboral” ya que las personas eran traídas desde el norte del país y sometidas a “condiciones deplorables” como “ser obligados a compartir barbijos y guantes de látex en medio de la pandemia”, aseveró el letrado.