El Gobierno de Mauricio Macri aumentó la estructuctura del Estado según informe CIPPEC

La administración de Mauricio Macri aumentó el tamaño de la estructura del Poder Ejecutivo y multiplicó los nombramientos discrecionales de funcionarios, que ahora están menos capacitados para los cargos que ocupan, según lo reveló el informe “GPS del Estado”, elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). “El Estado argentino está expandiendo sus fronteras de funcionamiento desde 2003. Con el gobierno de Cambiemos, el crecimiento de la estructura del sector público a nivel nacional se sostuvo”, explicó el reporte, que se realizó en base a información del Boletín Oficial y Base Integral de Empleo Público. Por un lado, la Argentina tiene uno de los gabinetes más grandes de América Latina, con 21 ministerios -en 2015 había 17 carteras-, por sobre Uruguay, México, Colombia y Perú, entre otros países. El aumento de Ministerios derivó en una expansión de la estructuras en los niveles de secretarías y Subsecretarías que “provocaron un incremento del orden del 25% en el universo de cargos políticos entre 2015 y 2017”, según se indicó. En 2015, en tanto, había 65 secretarios de Estado y en marzo de 2018 ese número ascendió a 113. Las subsecretarías, en cambio, se redujeron de 165 a 131, mientras que los directores nacionales pasaron de 291 a 313.

Ajuste en el Estado: oficializan el recorte de cargos en ministerios

De acuerdo a los datos analizados por CIPPEC, durante la gestión de Mauricio Macri, “los avances en la gestión del rendimiento y desarrollo del empleo público han sido pocos”.”Las capacidades del personal organizacional y en particular de la Alta Dirección Pública son decisivos para superar los desafíos de coordinar una estructura estatal más grande, pero el panorama del espacio directivo trazado entre los años 2015 y 2017 muestra mayores continuidades que cambios”, destacaron al respecto los especialistas. En particular, se indicó que “la evidencia muestra que hay un deterioro en el espacio directivo”. “En este sentido, la modalidad de ocupación del espacio directivo es discrecional y tiene un componente altamente político: en 2017 solo el 2% de los directivos públicos se encontraban designados bajo la modalidad de planta permanente, mientras que en 2015 alcanzaba el 6%”, sostuvieron los creadores del documento. Asimismo, se informó que “el porcentaje de directivos públicos que cumplía con los requisitos exigidos por la norma para al acceso a cargos jerárquicos se redujo de 32% a 18% entre 2015 y 2017”. De igual modo, el informe “GPS del Estado” subrayó que “en 2015 el 72% del total de personas que componían la Alta Dirección Pública eran profesionales y en 2017 esta participación cayó al 66%”. “La reducción en el número de profesionales en el espacio directivo y el menor cumplimiento de requisitos da cuenta de que se acentuaron los criterios de confianza o gestión por competencias políticas”, se informó. Además, el informe reveló que hay una “elevada rotación de los directores” que “obstaculiza la efectividad gubernamental”. En esa misma línea, sostuvieron que “el 25% de los directivos públicos que se encontraban designados en 2016 fueron reemplazados de sus cargos en 2017. Más aún, a fines de 2017 solo el 9% del total de directivos públicos continuaba en su cargo”, se indicó. “Esto afecta la capacidad que tiene el espacio directivo para actuar como la memoria institucional de la administración y, al mismo tiempo, interrumpe el proceso de aprendizaje organizacional dentro de la órbita estatal”, agrega el informe.

Fuente : www.perfil.com

El Gobierno convocó a legisladores para avanzar en el proyecto de Ley Nacional de la Vivienda

El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a través de la Secretaría de Vivienda de la Nación, organizó esta mañana una reunión de trabajo entre autoridades de dicha dependencia y legisladores nacionales con el objetivo de consensuar propuestas de política habitacional de cara a la presentación de un proyecto de Ley Nacional de Acceso a la Vivienda para ser debatido en el Congreso nacional.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, y contó con la presencia de los senadores nacionales Carlos Mauricio Espínola (Corrientes, presidente de la comisión de Infraestructura y Vivienda), Julio César Martínez (La Rioja) y Marta Varela (Ciudad de Buenos Aires); y los diputados nacionales Yanina Gayol (Entre Ríos), Nicolás Massot (Córdoba) y Luciano Laspina (Santa Fe).

“Nos parece fundamental, para poder luchar contra el déficit habitacional en Argentina, sentar las bases de una Ley que pueda institucionalizar la política de vivienda como política pública a largo plazo, de la cual puedan valerse las distintas administraciones, independientemente del color político que sean”, declaró Kerr tras el encuentro.

Asimismo, el funcionario destacó el compromiso de los distintos actores implicados para lograr un proyecto consensuado: “venimos trabajando junto a los IPV´s y organizaciones sociales y ahora también convocamos a senadores y diputados de distintos partidos, para que todos puedan aportarnos su visión y lograr así una propuesta enriquecedora que habilite el debate y la aprobación en el Congreso, y su posterior implementación”.

Además, participó el director del Programa de Ciudades del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Gabriel Lanfranchi.

Durante la reunión el director de Diseño de Proyectos de la Secretaría de Vivienda, Agustín Pascual Sanz, presentó a los concurrentes los resultados de los talleres que se están realizando con los representantes de institutos provinciales de vivienda y organizaciones sociales para redactar el proyecto de Ley, y se intercambiaron experiencias de gestión en vivienda en cada provincia.

Además, se compartieron sugerencias para enriquecer el borrador de la ley y se acordaron nuevos encuentros para terminar de darle forma, de cara a su próxima presentación en el Congreso de la Nación.

El proyecto de ley buscará, entre otras cuestiones, establecer niveles adecuados de calidad urbanística y constructiva; generar mecanismos transparentes de evaluación, seguimiento y auditoría, tanto de las obras como de los listados de postulantes y adjudicatarios de las distintas políticas de vivienda; fortalecer el crédito como herramienta de acceso a soluciones habitacionales e incorporar al sector privado en la generación de oferta habitacional.