ARGENTINA HIPERINFLACIONARIA

La Argentina acaba de convertirse en noticia mundial por un motivo que Mauricio Macri jamás hubiera imaginado. La novedad golpeará duramente en la reputación del país justo cuando el Gobierno más necesita congraciarse con los inversores internacionales para reabrir canales de financiamiento en los mercados del exterior: la declaración de la economía nacional nada menos que como hiperinflacionaria. Un organismo regulador de Estados Unidos, vinculado a la Security and Exchange Commission (SEC), dispuso esta semana que Argentina merece esa calificación por haber acumulado en los últimos tres años más de 100 por ciento de inflación. De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que regulan la presentación de balances de las empresas que cotizan en Bolsa en todo el mundo, a las cuales la Argentina ha adherido, acumular más de 100 puntos de inflación en tres años es un disparador para que las compañías radicadas en esos países ajusten sus estados contables a los parámetros que reflejan semejante distorsión de precios. Hay dos organismos en el mundo que definen la cuestión en base a un conjunto de criterios, entre los cuales el sobrepaso de los 100 puntos de inflación en 36 meses es uno de los más relevantes: el Financial Accounting Standards Board (FASB) de Estados Unidos y el International Accounting Standards Board (IASB) con sede en Londres e influencia en toda Europa. Este último adoptaría a corto plazo la misma resolución que el FASB, según anticiparon fuentes de multinacionales radicadas en la Argentina. Las mayores auditoras contables internacionales ya le empezaron a indicar a sus clientes que deberán ajustar sus balances por hiperinflación para incluir la información en los reportes que llegan a inversores de todo el mundo. Una de ellas, Price Waterhouse Cooper (PCW) ya lo hizo con firmas líderes del país, según se pudo constatar para esta columna. Deloitte y KPMG estarían avanzando en la misma dirección. La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas empezó a analizar la cuestión de manera urgente para resolver si instruye a los consejos profesionales de cada provincia a adaptar las presentaciones contables de las empresas argentinas a los parámetros de la NIIF o deja de lado esa sugerencia, estableciendo que solo la apliquen las empresas con oferta pública y las multinacionales, que sí deberán hacerlo por la supremacía de la norma internacional que regula su desempeño. La Federación emitirá su dictamen en el transcurso de los próximos 60 días. A su vez,  la Inspección General de Justicia (IGJ) deberá entregar su propio despacho, pero el Gobierno presiona para demorarlo. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, debió responder sobre este tema en las reuniones que mantuvo el fin de semana pasado en Nueva York, adonde fue a pedir apoyo financiero para el país y se topó con cuestionamientos por el desborde inflacionario y renovadas presiones para que el país cumpla sí o sí con las exigencias del Fondo Monetario. La marca de Argentina como una economía con hiperinflación según la escala internacional conspira contra la misión impostergable que se fijó el Gobierno de volver a colocar deuda en las plazas globales para evitar un nuevo descalabro cambiario.

La resolución de la FASB obliga a las multinacionales y a las empresas que transan sus acciones en el mercado bursátil que cierren balance a partir del 31 de julio a hacerlo con el ajuste por hiperinflación. La fijación de normas contables internacionales se utiliza para homogenizar la información entre los distintos países y permitir la comparación de mercados por parte de los inversores. Que Argentina aparezca con la distinción de ser una economía que cayó en la híper es de entrada un duro golpe para su prestigio, que aparecerá reflejado en los informes de PWC, Deloitte, KPMG y demás auditoras contables que entregan a bancos y fondos de inversión con posiciones globales. Si la reciente declaración de Argentina como mercado emergente por parte de MSCI fue interpretada como una señal favorable para la reinserción del país al nocivo circuito de deuda internacional, la calificación como nación con enfermedad inflacionaria va exactamente en sentido contrario. “Es un desaliento grave para los inversores”, evaluó un especialista del mercado que asesora a fondos internacionales.

Los efectos del ajuste de balances por hiperinflación en principio son solo contables, dado que la determinación de los resultados fiscales para la liquidación de impuestos corre por otra vía en función de otros parámetros. Sin embargo, más de una multinacional estadounidense de productos de consumo masivo en el país presiona al Gobierno para que implemente el ajuste por inflación también en las obligaciones tributarias, a fin de disminuir la carga a pagar de distintos impuestos, empezando por Ganancias. En la Argentina sigue vigente un artículo de la ley de convertibilidad y el decreto 664 de 1992 que impide la indexación de contratos y por lo tanto el ajuste por inflación para fines tributarios. Desde el estallido de diciembre de 2001 numerosas cámaras empresarias, embajadas de países centrales y grandes empresas reclamaron a los gobiernos de Eduardo Duhalde, el kirchnerismo y ahora al macrismo que permita el ajuste por inflación y así afrontar menos impuestos. El gobierno actual, por ahora, también se niega, sobre todo en función de las exigentes metas fiscales que le impuso el FMI. Pero lo que no puede evitar con la declaración de que la economía argentina se encuentra en estado de hiperinflación en la medición internacional es su impacto en el terreno financiero.

PWC utiliza para medir la inflación en el país un índice propio en función de una canasta de datos del Indec –minoristas y mayoristas– y el índice de precios del gobierno porteño a raíz de la desconfianza de la auditora en los datos del primer organismo durante el kirchnerismo y el apagón estadístico que produjo la actual administración al inicio del mandato. Ese indicador ya superó los 100 puntos de inflación en tres años. Ese mismo criterio fue el que siguió la FASB para catalogar a la Argentina desde ahora como un país con híper, igual que Venezuela. Tanto se esforzó el gobierno de Cambiemos en estigmatizar al país bolivariano que ahora empieza a probar de la misma medicina. Para Macri implica un golpe político y reputacional en particular porque en tiempos de la campaña de 2015 se la pasaba diciendo que bajar la inflación era lo más fácil, que el dólar no sería un problema y que un gobierno que no pudiera domar los precios exponía su incapacidad para gestionar la economía. Esos mismos reproches recibirá ahora por parte de organismos internacionales a los que el Gobierno pretende incorporar a la Argentina como la OCDE. Y será una carta de presentación poco virtuosa en la recepción de potencias mundiales en la próxima cumbre del G-20 que se realizará en el país. El anfitrión, por las políticas de Cambiemos, tiene para exhibir como galardón indecoroso el mote de nación hiperinflacionaria.

Más allá de la cuestión contable, la economía está siendo sometida a fuertes presiones inflacionarias por la última devaluación. Según una investigación de la consultora Cinfin, del ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, el traslado a precios de la suba del dólar en los últimos cuatro grandes episodios de disparada del dólar, en 2002, 2009, 2014 y 2016, promedió el 70 por ciento. Eso significa que del alza de 50 por ciento en el tipo de cambio en lo que va de 2018, entre 30 y 35 puntos se irán descargando sobre la inflación minorista a lo largo del próximo año. Para el economista, por lo tanto, el IPC de 2018 cerrará más cerca del 35 por ciento que del 30 que ya reconocen los “gurúes” del mercado. Esa estimación está matizada por dos factores: los aumentos de tarifas y combustibles que autorice el Gobierno y la evolución del tipo de cambio. Si el dólar se vuelve a descontrolar, señala Vanoli, la hiperinflación que ya decretó el mundo para Argentina puede reaparecer también como una realidad cotidiana para los sufridos habitantes del  país de Cambiemos.

David Cufré-P12

 

A Macri sin crédito político ni financiero, todo se le hace cuesta arriba

Sergio Massa lo intuyó el 14 de abril, cuando el dólar apenas había asomado medio pie afuera del desfiladero de los 20 pesos. Federico Sturzenegger acababa de vender 2.000 millones de las reservas del Banco Central la semana previa y el Gobierno procuraba instalar la idea de que ya era suficiente esa devaluación, desde los $17,50 de inicios de diciembre. En Chicago, el líder del Frente Renovador aguardaba para hablar ante “Masters Argentina”, un nucleamiento de estudiantes criollos de posgrados estadounidenses que no oculta su simpatía hacia la administración Cambiemos. El economista Fernando Álvarez, profesor en esa ciudad, insistió tanto en el panel previo con que el Gobierno debía “cuidar la macro” que Massa se acercó a preguntarle por qué. El hombre no se anduvo con rodeos: “Creo que el mercado ya le sacó a la Argentina todo lo que tenía para dar. Si tuviera que decidir hoy sobre una cartera, yo vendería todos los activos argentinos”.

El exjefe de Gabinete se fue cavilando que el tipo sería un loco o un genio, pero por las dudas le recomendó al intendente de Tigre, Julio Zamora, que dolarizara los fondos de reserva del municipio. La apuesta resultó tan rentable como la decisión del flamante presidente del Banco Central, Luis Caputo, de bajarse de la bicicleta de las Lebacs el 17 de enero con el dinero de la cuenta comitente en la financiera CIBSA que comparte con su esposa Ximena Ruiz Hanglin. Desde mediados del año pasado, las arcas tigrenses recibieron más dinero por sus inversiones en bonos, letras y dólares que por lo que pagaron de ABL sus vecinos.

Ernesto Stein, el economista que compartía panel con Álvarez en Chicago, se había entusiasmado mucho apenas asumió Macri. Al punto que el Ministerio de la Producción lo convocó en 2016 como consultor del degradado Lucio Castro, durante dos años encargado del desafío de transformar productivamente al país y ahora simple asesor de Francisco “Latin Lover” Cabrera en el mismo Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) donde el exministro acaba de desembarcar con tres secretarias y un “chófer” (sic) que también le cocina al jefe los panqueques para el desayuno. “Veo programas muy interesantes y agresivos en apoyo al emprendimiento. Y un equipo de trabajo muy competente”, decía Stein en esos primeros meses de enamoramiento.

Desde entonces parece haber transcurrido una eternidad. Y desde las elecciones del año pasado también. El Presidente consumió una parte del capital político que cosechó en octubre al intentar pasar por el Congreso las tres reformas (tributaria, jubilatoria y laboral) de las que solo consiguió dos. El resto se fue con la corrida al dólar y la incertidumbre que ahora se cierne sobre los bolsillos de muchos de sus votantes. Como el riesgo país, su popularidad volvió al nivel previo a su victoria de 2015. Un nivel que casi aniquiló sus chances de reelección y lo convenció de que para sobrevivir debe sacrificar en el altar del ajuste a sus dos alfiles, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, tal como le exige el peronismo no kirchnerista para ayudarlo a aprobar las leyes que necesita como el agua.

A esa oposición envalentonada, repentinamente renuente a seguir donando gobernabilidad mientras la acusan de golpista y corrupta, le interesa especialmente que Vidal y Larreta se hagan cargo del costo de subsidiar el transporte metropolitano. Son 50.000 millones de pesos al año, el doble de lo que gasta el Estado nacional en subvencionar a Edenor y Edesur. El peor escenario posible para la gobernadora y el intendente: anunciar subas del boleto que creían que solo anunciaría el incombustible Guillermo Dietrich. Un hombre que no siente vértigo al estampar su firma en bombas de tiempo judiciales como que hizo suya el martes: la prórroga hasta 2030 (sin licitación) de la concesión de los accesos Norte y Oeste para Abertis e Impregilo, las dos contratistas extranjeras socias del grupo Macri en Autopistas del Sol hasta el año pasado.

Presupuestos y algo más
Los moderados del PJ como Massa, Miguel Pichetto y Diego Bossio, saben que sus acciones subieron y no tienen ningún incentivo para seguir colaborando con a Macri. Tampoco saben qué les depara el futuro, en gran medida condicionado a que la silente Cristina Kirchner decida postularse para volver a la Rosada o no. Pero sonríen ante una crisis política que esta vez nadie puede acusarlos de haber acicateado. Los que olieron la sangre primero, en esta ocasión, no fueron ellos sino los lobos de Wall Street.

Para el oficialismo es al revés. Lo que antes era un trámite, aun sin mayoría parlamentaria, se convirtió en una odisea. Lo que era caro se hizo impagable. El Presupuesto, por ejemplo, ya se insinúa tan conflictivo que el Presidente lanzó a correr la versión de que prefiere gobernar sin él. Del mismo modo que los economistas no ven motores para el crecimiento del 2% que augura el entusiasta Nicolás Dujovne para 2019, el mundo de la política no cree que Macri pueda revertir el deterioro adicional que sufrirá su imagen con la estanflación que generó la disparada del 55% del dólar. Una suba que, por otra parte, cuesta adjudicar a las “turbulencias globales” porque cuadruplica a la de la divisa en Brasil, donde se registró la segunda devaluación más fuerte de la región.

Los que no avisaron todavía si aceptarían que Macri navegue sin presupuesto son sus nuevos socios en el poder, con oficina en la calle 19 de Washington. Aunque el directorio ejecutivo del FMI ya aprobó el programa standby con la Argentina por us$ 50.000 millones y el desembolso que ya ejecutó por los primeros 15.000 millones, todavía faltan la aprobación plenaria y el reporte del “staff”, donde cunde el desconcierto por la dinámica que adquirió la crisis. Y en especial por el uso de los fondos que giraron.

Por convenio constitutivo y por práctica histórica, el Fondo no acepta que se usen sus préstamos para doblar o torcer el tipo de cambio “natural” entre monedas. En términos simples, no presta dólares para que los gobiernos se los vendan barato a sus habitantes. La violación de otras condiciones puede perdonarse con un “waiver”, pero si todo el desembolso inicial se destina a apagar el incendio de la corrida, el staff puede argumentar que se violó la letra del acuerdo y no se trató de un mero “desvío”. Al FMI le interesaba volver al Cono Sur (éste es el primer programa condicional desde el de Perú en 2007) y sus controlantes del G-7 ven en Macri un dique contra el populismo, pero ¿alcanzará para esconder tanta desprolijidad bajo la alfombra?.

No es el único problema. Macri ya tiene que explicar por qué uno de los dos firmantes del acuerdo (Sturzenegger) fue eyectado de su silla a la semana siguiente. Y su reemplazante en comisión, Luis Caputo, no tiene garantizada la venia del Senado ni mucho menos. Después de charlarlo con Massa y con el gobernador pampeano Carlos Verna, Pichetto le transmitió a Federico Pinedo su negativa a discutir su pliego siquiera en comisión. “Hablémoslo en septiembre. Si llega a septiembre”, le dijo secamente.

Austeros pero no tanto
Caputo tiene otros dolores de cabeza, menores, que empiezan a agotar su corta paciencia de operador bursátil. Uno de ellos es la pesada herencia de su antecesor. Y no precisamente los 19.000 millones de dólares que sacrificó de las reservas. Pese a que al asumir prometió que todos sus colaboradores se irían con él, sin cobrar indemnización, Sturzenegger dejó el Central minado de economistas que no se quieren ir, como rezaba el título del libro que publicó en 2013 para burlarse del entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino.

El gerente general del Central, Mariano Flores Vidal, es el que más insiste en quedarse. Dice contar con el apoyo de Macri y hasta llegó a argumentar ante enviados de Caputo que tiene cinco hijos que alimentar, algo que no lo frenó a él a la hora de despedir a empleados de la anterior gestión apenas asumió. Y que tampoco tuvo en cuenta Hernán Lombardi en su lista de 354 periodistas despedidos de Télam.

El joven Francisco “Paco” Gismondi tampoco renunció y dijo que él no llegó con Sturzenegger. Por ahora sigue. Igual que Horacio Tomás Liendo (hijo y nieto), quien ofreció a Caputo su silla en el Directorio pero a cambio de un lugar en la planta permanente. Un puesto que seguramente le resultará más rentable al bufete de abogados de su familia (que asesora a todos los grandes bancos de la plaza local) que a él mismo. Otro caso que complica la transición es el de Andres “Andy” Neumeyer, el economista jefe que llevó Sturze, quien se despidió del personal y hasta fue borrado de la web del Central.

Fuentes de Reconquista 266 aseguran que la renuncia no se hizo efectiva y que, por tanto, su salario de seis cifras se sigue devengando. Igual que el de Nicolás Gadano, subgerente general de Administración que se fue al Ministerio de Hacienda pero sigue en comisión, con el sueldo del Central. Un beneficio que su antiguo jefe les negó sistemáticamente a otros, porque violaba la independencia del ente.

Todos seguramente avergüencen a Sturzenegger. Y hasta quizá lo preocupen en términos macro, porque siempre adjudicó la inflación exclusivamente a la emisión de pesos. Y los gastos del Central, se sabe, se cubren con más emisión. Al final el único auténticamente austero era Lucas Llach, que renunció al cargo de vicepresidente y se recluyó a mirar el Mundial y a tuitear contra Sampaoli desde su casa. Ni siquiera lo imitó el físico Demian Reidel, el otro vice. A los dos días de su despido con causa ya estaba navegando con amigos banqueros a miles de kilómetros, sin reparar en lo caro que está el euro.

Alejandro Bercovich-BAE negocios-

Argentina: Lebac, explicación sencilla de su crecimiento explosivo

A raíz de la corrida cambiaria y el vencimiento masivo de Lebac (Letras del Banco Central), ocurrido el pasado martes 15 de mayo, mucha gente se pregunta acerca de qué significan estas letras, y cuáles pueden ser las consecuencias de su crecimiento exponencial (desde diciembre de 2015 su monto de Lebac prácticamente se multiplicó por cuatro). El objetivo de esta nota es presentar una explicación lo más sencilla posible. En particular, me interesa destacar, por un lado, que las Lebac no son simple deuda que puede sumarse a la deuda pública corriente, o a la deuda externa, como piensan algunas personas. Y por otra parte, responder al argumento de la dirección del Banco Central, que reiteradamente ha dicho que no hay que preocuparse por la acumulación de las letras, ya que se acompaña de la acumulación de reservas.

El punto de partida es la creencia del Banco Central, del Gobierno y los economistas ortodoxos, de que es necesario retirar el dinero que se emite contra dólares o euros. Ese retiro es lo que se llama esterilización. No discutimos ahora la teoría que está en la base de esta política (para una crítica de la teoría cuantitativa ver, por ejemplo, aquíaquíaquí). El Banco Central esteriliza entonces los aumentos de la base monetaria derivados de la compra de activos externos. Esta esterilización se produce principalmente mediante la emisión de Lebac.

Para ver cómo ocurre, presentamos un ejemplo teórico ultra simplificado. Supongamos que el Tesoro toma deuda en el exterior por 200 dólares, con el fin de financiar el déficit fiscal, y el tipo de cambio es $20/USD. El Tesoro ingresa estos USD 200, que debe pasar a pesos. Para ello, vende los USD 200 al Central, y este en contrapartida emite $4000. Esto es, en el activo el BC incorporó USD 200 y en el pasivo $4000. Se cumplió el primer paso.

En un segundo paso, el BC retira $4000 del mercado, o sea, los esteriliza (en los primeros cuatro meses del año el BCRA esterilizó pesos derivados de la toma de deuda del Tesoro por USD 8.000 millones). Para eso el BC emite las letras llamadas Lebac. A fin de hacer los cálculos sencillos, supongamos que las mismas son a un año, y pagan el 30%. Las Lebac se emiten con un valor nominal y se compran con el descuento que corresponde a la tasa de interés, que en este caso dijimos que es del 30%. De manera que para absorber los $4000, el BC debe emitir Lebac por un valor nominal de $5200. Esto es lo que deberá pagar el BC al tenedor de Lebac dentro de un año.

El tercer acto ocurre un año más tarde, al momento del vencimiento de la Lebac (en realidad las Lebac renuevan en lapsos más cortos, pero esto no afecta a la sustancia del asunto). Al vencimiento, el BC debe pagar al inversor $5200. Supongamos que el inversor no desea renovar la colocación en Lebac, y desea pasar los $5200 al dólar. Si el tipo de cambio sigue en $20/USD, habrá hecho una ganancia del 30% en dólares, y puede decidir que es hora de poner su capital a resguardo en el exterior. Obsérvese que en este caso, al cambiar sus pesos por dólares, no solo se lleva la reserva de USD 200 contra la cual el Central había emitido pesos, sino otros USD 60 (producto de la tasa de interés a 30%, con tipo de cambio sin variación) de las reservas del Central. Por lo tanto hay un claro desequilibrio entre las Lebac, las reservas y el tipo de cambio. Y si muchos inversores deciden no renovar sus tenencias de Lebac, el Central enfrentará una seria pérdida de reservas que, en caso extremo, puede llevarlo a la cesación de pagos. En un escenario de este tipo, la devaluación violenta de la moneda y la crisis cambiaria es prácticamente inevitable.

Supongamos sin embargo que el BC intenta convencer al inversor de que renueve las Lebac. El capitalista dinerario ve el asunto riesgoso –por ejemplo, porque el endeudamiento está creciendo a alta tasa, o es elevado el déficit en cuenta corriente- y el Central le ofrece una tasa del 40%. Por lo cual ahora, para absorber $5200 el Central debe emitir Lebac por un valor de $7280. Pero con esto solo se pateó el problema para más adelante. Es que pasado el segundo año, si el inversor quisiera pasarse a dólares, con el tipo de cambio a $20/USD, harían falta USD 364 de las reservas del Central. O sea, 82% más de dólares que los USD 200 que originariamente había en reserva (dólares que para colmo, provienen de la toma de deuda externa). Estamos en el mismo escenario que antes, pero agravado. Y si el Central busca que se renueven las Lebac, el problema se seguirá agrandando. A lo que hay que sumar el efecto negativo, sobre la economía de conjunto, de la alta tasa de interés. Parafraseando a Marx, podemos decir que las crisis capitalistas son inevitables, pero políticas como las que comentamos las agravan a niveles inimaginables.

Por supuesto, existe otra variante: que el tipo de cambio aumente. Por ejemplo, supongamos que en curso del primer año el tipo de cambio pasa a $26/USD. En ese caso, al momento de vencimiento de las Lebac los $5200 equivalen a USD 200. Por lo tanto los especuladores no obtuvieron ganancia (en términos del dólar), y el Central no deterioró su activo. Pero la contrapartida de nuevo es la devaluación de la moneda, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo del salario, la inflación y una distribución del ingreso más desigual.

Finalmente, observemos que en el tiempo en que transcurre nuestro ejemplo teórico la deuda que tomó la Tesorería permanece en USD 200. La emisión de Lebac no la ha modificado. Pero si el peso se devaluó un 30%, aumenta la carga, medida en pesos, de la devolución de la deuda. A lo que se deberán agregar los intereses de la deuda. Por ejemplo, si la tasa de interés en dólares es del 7%, deberá agregar anualmente USD 14 a los pagos.

En conclusión, la ingeniería financiera del Central solo da lugar a una bola de nieve de las Lebac que tiene estación final en nuevas devaluaciones, crisis cambiarias y financieras, caídas del salario y empeoramiento de las condiciones de vida de la población.

Profesor de economía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

SUBA DEL DÓLAR: ‘SI EL MERCADO TE LEE, PERDISTE’, ADVIERTE REDRADO

El economista y ex presidente del Banco Central Martín Redrado fue entrevistado por Jairo Straccia en #FueraDeAgenda sobre la política monetaria tras la fuerte intervención del organismo que dirige Federico Sturzenegger, que sólo el miércoles vendió casi 1.500 millones de dólares para contener el valor del dólar: “Argentina está en transición y se están moviendo todos los precios de la economía. El dólar no puede quedar parado o anclado; lo importante es tener un BCRA activo, comprando o vendiendo… lo contrario al mercado”.

NICOLÁS DUJOVNE NO SE AJUSTA

Aplicando fondos del Estado, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, utiliza aviones privados con un costo que supera los 170 mil pesos para vuelos de cabotaje, organiza comidas en su casa a razón de 3 mil pesos por comensal y encarga alfajores de la marca Chocoarroz; en tanto, su jefe de Gabinete, Ariel Sigal, gastó más de 5 mil dólares en una cena, según información a la que tuvo acceso PERFIL.

El presidente Mauricio Macri suele enfatizar a colaboradores que la austeridad debía ser una prioridad de su gobierno. Sin embargo, parece ser que la directiva de austeridad no llegó justo al ministerio que debe ocuparse del gasto. Al menos eso es lo que se ve en la contratación de aviones privados. No se conocen razones por las cuales el ministro de Hacienda haya tenido que salir de urgencia hacia la Ciudad de Posadas el 21 de junio del año pasado para lo cual contrataron un avión privado a la empresa Sapsa Líneas Aéreas con un costo de 172.725 pesos.

VUELO PRIVADO I Sin ninguna razón de urgencia, el ministro de Hacienda contrató un vuelo de $ 172.725 para viajar el 21 de junio de 2017 a Misiones. En avión de línea ronda los $ 2 a 3 mil.
VUELO PRIVADO I Sin ninguna razón de urgencia, el ministro de Hacienda contrató un vuelo de $ 172.725 para viajar el 21 de junio de 2017 a Misiones. En avión de línea ronda los $ 2 a 3 mil.

El área de prensa del ministro de Hacienda respondió que “la política del Ministerio es que no se contratan aviones privados”. Pero agregaron que “la única excepción puede darse por la imposibilidad del ministro de cumplir funciones en dos lugares diferentes y que no haya vuelos de líneas disponibles”.

Sin embargo, y de acuerdo con la documentación a la cual accedió este medio, el Ministerio solicitó cotización de vuelos privados para el 10 de mayo de 2017 con destino a La Rioja para “participar de la reunión de funcionarios de la provincia”. El precio más conveniente lo ofertó la empresa Sapsa Líneas Aéreas cotizando un Lear Jet 45XR con capacidad para 8 pasajeros por 10.490 dólares. También se solicitó cotización para un viaje a Mar del Plata por un costo de US$ 6.200. En otra oportunidad, el ministro Dujovne viajó en un avión privado a Salta según surge de la nota enviada para solicitar la contratación por la “cual se estima con un costo aproximado de US$ 15 mil (quince mil dólares estadounidenses) o su equivalencia en pesos argentinos AR$ 234.750 (doscientos treinta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos argentinos), según el cambio del día de la fecha fijado en AR$/US$ 15,65”. Conforme consta en el expediente 864210/2017, el viaje se realizó satisfactoriamente.

Chocoarroz. Un memorándum del 9 de marzo del año pasado dirigido por la secretaría privada del ministro al área de Ceremonial señala textualmente: “Solicitamos tengan a bien proveer stock necesario del ítem Chocoarroz para las diversas reuniones de trabajo del señor ministro que se llevan a cabo en este Palacio de Hacienda”.

El precio de una caja de 24 unidades del referido producto ronda los 360 pesos. Según se comenta en los pasillos del Ministerio de Hacienda, este pedido inusual causó más de un problema administrativo, ya que no se acostumbra la provisión de golosinas para el ministro.

Otra práctica que no tiene antecedentes según comentan los memoriosos del Palacio de Hacienda es la realización de comidas en la casa del ministro. Pero Dujovne innovó al llevar a cabo en su residencia un agasajo nada menos que para la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, el 15 de marzo pasado. Según consta en el expediente EX -2018-10876985 –APN-DNEYN#MHA de fecha 13 marzo se solicitaron tres presupuestos, siendo adjudicada a la empresa EAT Catering por un monto total de $ 31.100 para atender a diez personas. Se trata de la misma empresa que se encargó de la comida en oportunidad de la visita al país de la representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Gabriela Ramos, hacia mediados del año pasado. Se trató de un brunch excelente, según participantes, que se realizó a las 11 horas en el microcine de Hacienda. Había de todo: minicroque monsieur, brochetas de fruta, jugos e infusiones. Pocos días después, el 20 de marzo último, Dujovne invitó a la delegación encabezada por el ministro de Hacienda de Brasil de la que participaron 17 comensales con un costo 51.425 pesos y en esta oportunidad la empresa adjudicataria fue Galindez Catering. El invitar a comer a la casa con gastos pagos por el Estado no es una práctica válida para ministros, sí para embajadores, explican en áreas oficiales.

Comidas en Washington
Otros gastos llamativos del área de Hacienda son los que efectuó el jefe de Gabinete, Ariel Sigal. En ocasión de participar de la reunión de abril del Fondo Monetario de 2017, Sigal realizó “un almuerzo de trabajo con funcionarios” en el restaurante Fiola Mare de Washington para 27 comensales por el cual el Estado argentino abonó 5.389 dólares, aunque en la rendición no identifica quiénes participaron del ágape. La factura contempla entre otros gastos, el consumo de ocho botellas del vino Nobile di Montepulciano Avignonesi 2013 por el que se pagó a razón de 75 dólares por botella. Se trata de un vino de la Toscana italiana con calificación 91 en la prestigiosa revista Wine Spectator. En ese mismo almuerzo también degustaron cocteles y tragos. En el mismo viaje Sigal contrató en Washington un chofer que lo asistió durante cinco días por un total de 1.425 dólares, el monto es razonable en función de lo que se paga en la capital estadounidense, pero no es habitual que se contrate este servicio, salvo para el ministro.

El siguiente viaje a Washington con motivo de la reunión del FMI, en octubre, Sigal volvió al restaurante Fiola Mare donde también compartió “una reunión de trabajo” con 11 participantes por la cual abonaron 2.419 dólares. En esta ocasión consumieron seis botellas de vino de diferentes marcas.

La línea que baja Macri
El presidente Mauricio Macri en más de una oportunidad planteó a sus colaboradores que la austeridad debía ser una de las características de su gobierno. Por esta razón, una de las primeras medidas que adoptó cuando asumió el cargo fue suprimir las comidas gratis para los ministros y restantes funcionarios. Hoy, para almorzar en la Casa Rosada deben abonar unos 250 pesos.

“Tenemos que ser muy cuidadosos con los gastos públicos porque es el dinero de la gente”, suele recordar el primer mandatario a sus colaboradores. Esta directiva no solo tiene que ver con la aplicación de buenas prácticas en la función pública, sino que también se vincula con la demanda de una gran parte de la base electoral de Cambiemos, según surge de las encuestas, que condena la percepción de despilfarro que dejó la anterior administración.

En la Casa Rosada se comenta que el primer mandatario está muy pendiente del tema, no le agrada que se contraten hoteles lujosos, es más se queja si le reservan grandes suites, y también le disgusta que viajen al exterior comitivas numerosas. De hecho se ha dispuesto desde la Jefatura de Gabinete un estricto monitoreo de los viajes que los funcionarios realizan al exterior. En esta cruzada, el propio Macri condenó públicamente el mes pasado que los legisladores canjearan por dinero pasajes destinados a sus funciones, lo que le generó un disgusto con su aliada, la diputada Lilita Carrió.

F: Perfil.com

El miedo del Gobierno es que este año el dólar suba menos que la inflación, como sucedió en 2016 y 2017

Las autoridades económicas están más preocupadas con que el peso vuelva a apreciarse, que con una disparada del dólar.

Una clara prueba de eso es la pasividad que han mostrado frente a la suba que ha tenido el dólar, que está un 8% más caro que a principios de año y vale un 16% más que el día siguiente de las elecciones legislativas de octubre pasado.

Aumentos que fueron estimulados desde el Gobierno de diversas maneras: corrigiendo hacia arriba la meta de inflación, induciendo un descenso en la tasa de interés real y forzando a las aseguradoras a desviar los excedentes que colocaban en Lebacs hacia la compra de dólares. No hacen falta pruebas de que fue una devaluación estimulada y, obviamente, bienvenida en el equipo económico.

Los propios funcionarios reconocieron que están más cómodos con el dólar por encima de $20 que oscilando entre 17 y 19. El ministro Francisco Cabrera lo dijo públicamente, e incluso otro miembro del gabinete de su mismo rango confesó ante Infobae que “si por mi fuera, preferiría que el dólar suba hasta 22 pesos”.

El atraso cambiario era de tal magnitud que aun después del salto de los últimos tres meses el índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) que diariamente calcula y publica el Banco Central todavía se ubica por debajo del correspondiente al 17 de diciembre de 2015, que fue el día en que se levantó el mal llamado cepo.

El tipo de cambio real multilateral se ubica por debajo del correspondiente al 17 de diciembre de 2015, que fue el día en que se levantó el mal llamado cepo

El ITCRM se elabora en base a la relación entre el dólar y los precios locales y la de los principales socios comerciales de la Argentina, y refleja el valor relativo de los bienes y servicios de la economía en comparación con los otros países. Cuanto más bajo sea el ITCRM mayor es el atraso y más cara la Argentina en dólares; es decir menos competitiva.

Con un valor igual a 100 para el 17 de diciembre de 2015, el ITCRM había llegado a caer hasta 82 el año pasado, marcando que el dólar estaba tan barato como a mediados del 2015. Ayer se ubicó en 96,7, o sea por debajo del día en que se levantó la restricción en el mercado de cambios y el dólar pegó un gran salto.

La perspectiva oficial acerca de que este año el dólar volverá a perder frente a los precios es compartida casi por unanimidad por los economistas que se atreven a los pronósticos.

Los pronósticos de los consultores

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado que elaboró el Banco Central (hoy se difunde el de febrero) en base a lo que esperan más de cincuenta consultoras y centros de investigación, el dólar aumentaría en el año un 14,5% (cerraría en $21,7  y la inflación rozaría el 20 por ciento).

De ese consenso participan economistas críticos del gobierno. Por ejemplo, para la consultora Contexto que tiene como socio a Mariano de Miguel, quien también dirige el Instituto Estadístico de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana y asesora a la CGT, el dólar subirá en el año 14,5% y los precios entre 19 y 21 por ciento.

Bastante similar a PxQ, la consultora que fundó Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Cristina Kirchner: vaticina un incremento del 18% para el dólar y una inflación de 20,7 por ciento.

Los economistas proyectan una brecha negativa entre tipo de cambio e inflación de 3 a 6 puntos porcentuales

Dos razones que validan el atraso cambiario

Hay dos razones básicas por las que los economistas, tanto los del Gobierno como los de afuera que apoyan o que se oponen, descartan lo que mucha gente teme:

1. Saben que este año volverá a tomar enorme cantidad de deuda en dólares, con los que va a financiar el déficit fiscal y a cubrir el desequilibrio externo.

2. El Banco Central cuenta con la cantidad de reservas suficientes como para neutralizar cualquier sobresalto.

Claro que la recuperación del atraso cambiario no fue inocuo en términos de inflación, lo que sumado al recorte en el aumento a los jubilados, a los fuertes incrementos tarifarios, y a los escándalos que estallaron recientemente, explican que la imagen de Mauricio Macri y la de su gestión hayan caído abruptamente desde octubre, según marcan todas las encuestas.

El humor de la población

Más relevante que la caída en la aprobación del Gobierno es que se registra un sensible deterioro en las expectativas. Según la encuestadora Opinaia, por primera vez desde la asunción de Mauricio Macri en enero había igual número de personas optimistas y pesimistas respecto a cómo estará la situación del país dentro de un año.

Según la medición que anteayer difundió la firma Query, la cantidad de gente que cree que dentro de un año la economía y su situación personal van a estar peor duplica a las que esperan una mejoría. Y llama la atención que entre quienes en octubre votaron a Cambiemos, hay un 20% que espera una desmejora.

Los números de Ricardo Rouvier van en el mismo sentido pero algo atenuados: las expectativas positivas cayeron del 33,8% en el último trimestre de 2017 a 29,9% ahora, y las negativas subieron de 39,7% a 43 por ciento.

En el Gobierno no niegan que el humor social ha empeorado como consecuencia de algunas medidas tomadas y del impacto que ocasionaron casos como los del ministro Jorge Triaca y el del ex subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan. A estos últimos los caracterizan como errores no forzados. Pero consideran que las medidas popularmente antipáticas que tomaron eran imprescindibles para bajar el déficit fiscal.

“Nos gastamos una parte del capital político que ganamos con las elecciones para realizar algunas correcciones impostergables para seguir creciendo de manera sustentable“, dijo a Infobae un ministro con despacho en Casa Rosada.

Aunque con pronósticos bastante más acotados que el de por si poco ambicioso 3,5% que vaticina el Gobierno, entre los economistas hay unanimidad acerca de que este año la economía volverá a crecer.

Lo mismo que con el dólar, en esto también hay una grieta que separa a los economistas, oficialistas y opositores, del pesimismo que tiene el público en general.

F:Infobae.

Aranguren prepara una profunda reforma ministerial en Energía

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, está terminando de definir una importante reforma ministerial que contempla la relocalización y posterioreliminación de hasta seis subsecretarías de la cartera, según relevóEconoJournal entre distintas fuentes privadas y gubernamentales.

La iniciativa está siendo definida por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Carassale, y por Marcelo Blanco, subsecretario de Coordinación Administrativa. Los funcionarios se posicionaron en los últimos meses como las principales espadas de Aranguren en el manejo de la caja del Ministerio.

“El recorte que prepara Aranguren está en línea con el ajuste del 20% del presupuesto que le pidió el presidente Mauricio Macri a cada uno de los ministros”, explicó un funcionario que pidió la reserva de nombre.

El achicamiento del organigrama del ministerio prevé la relocalización de algunos subsecretarios. Andrés Chambouleyron, a cargo de la Subsecretaría de Coordinación Tarifaria, asumirá como presidente del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE). Sólo resta que Macri firme el decreto oficializando su designación. En la misma situación se encuentra Mauricio Roitman, subsecretario de Escenarios y Evaluación de Proyectos, que será el titular del Ente Regulador del Gas (ENARGAS). Una vez concretado ese traspaso, ambas subsecretarías se disolverán.

Al mismo tiempo, Alberto Brusco, subsecretario de Infraestructura Energética, pasará a formar parte de Integración Energética Argentina (IEASA), la nueva empresa estatal que surgirá de la fusión entre Enarsa y Ebhisa, que será presidida por Hugo Balboa.

El área de Energía Eléctrica, que conduce el secretario Alejandro Sruoga, también podría registrar cambios. Una de las alternativas que está en estudio es cesantear al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini. Su salida se sumaría a la de Osvaldo Rolando, que fue reemplazado por Juan Luchilo, ex director de Análisis y Planeamiento de Cammesa, la empresa mixta que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). El nombramiento de Luchilo no fue aún oficializado y en el mercado existen dudas en torno a cuál será su cargo específico.

“Seguramente haya más cambios, el trazo fino del recorte aún no está definido”, explicó una de las fuentes consultadas.

Por Nicolas Gandini-EconoJournal