El timing de los fallos de la Justicia no son casuales. Algunas causas, cajoneadas durante algunas semanas, reaparecen en el centro de escena para golpear en el momento justo. Y así ocurrió hoy con una resolución judicial que pone tras las rejas a Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido, ex funcionarios y un grupo de empresarios.
Los jueces federales argentinos despertaron todos a la vez para poder escapar del tsunami amarillo que se avecinaba. Lejos de correr y refugiarse, los magistrados tomaron sus tablas y decidieron surfear la ola que arrasaba a la oposición que supo ser oficialismo por doce años.
Julio de Vido y el reformismo permanente
El 24 de octubre, dos días después de que el presidente Mauricio Macri ratificara y acentuara lo conseguido en 2015, el ejecutivo nacional llamó al consenso y anunció una reunión con opositores no tan opositores, empresarios y gremios para acordar las pautas del camino de la reformismo permanente que protagonizan la agenda del fin de año. Luego de evitar aquella palabra a toda costa durante las campañas políticas, las urnas le allanaron el camino para dar vuelta el discurso. De la “no reforma” sugerida hasta entonces, el Presidente sentenció: “Argentina no tiene que tenerle miedo a las reformas, porque representa la posibilidad de crecer” y así anunció el camino que el GPS del 22 de octubre trazó.
El nuevo eje de la Rosada despertó críticas en la oposición, algunos gobernadores y, por supuesto, los gremios -que previeron en aquellas palabras un nuevo intento de flexibilización-. Sin embargo, en medio de los cuestionamiento al Gobierno por esperar los resultados del 22 para mostrar su camino, ahí estuvo la Justicia para desviar las miradas: el 28 de septiembre pidió el desafuero del ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido y, en una sesión express de los congresistas, quedó detenido el 25 de octubre por una causa de sobreprecios que hoy avanza con la lentitud que siempre caracterizó al Poder Judicial.
Reforma tributaria y enriquecimiento de Boudou
El primer boceto de reforma tributaria vio la luz del sol el 11 de noviembre (proyecto que Cambiemos oficializó varios días más tarde). Las primas lecturas provocaron varios cuestionamientos: quita de financiamiento a los deportistas olímpicos, suba desmesurada para las bebidas azucaradas frente a otros bienes sustitutos, y baja de impuestos a los autos de alta gama sin modificar a los de baja y media.
Sin embargo, otra vez la Justicia actuó con una velocidad extraordinaria. El tres de diciembre detuvieron a Amado Boudou por enriquecimiento ilícito en un operativo que se llevó todas las miradas: en pijama, despeinado y vencido, el ex vicepresidente realizó un book de fotos junto a los policías que más tarde lo llevarían tras las rejas. La detención mediática monopolizó la agenda y dejó atrás las discusiones tributarias.
Inflación y memorándum
Los primeros días de noviembre, Cambiemos sufrió un duro golpe: las consultoras privadas anticiparon una inflación superior a los dos puntos -algunas a tres- de inflación para el mes de diciembre. En promedio se trataría de la cuarta inflación más alta del año -cuya explicación yace en un nuevo aumento de los combustibles-. El modelo del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, volvió a ponerse en jaque y su política de aumentar la tasa de interés parecía obsoleta.
Pero el guardavidas del gobierno volvió a aparecer. El 7 de noviembre, el juez federal Claudio Bonadio dio un golpe durísimo a la oposición como su última jugada previa al retiro: detuvo al ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zanini y pidió el desafuero (y la posterior detención) de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner (quien durante dos años podría haber ido presa pero se solicitó su detención días después de su jura como senadora). De esta manera, los aumentos sostenidos de la tasa de interés y la inflación anual que superaba ampliamente la meta del Central quedaron relegadas por la firma de un memorándum cuya investigación sigue trabada.
Cacerolazos, recorte a jubilados y la caída de Cristóbal
Las manifestaciones que provocaron el levantamiento de la sesión de la reforma previsional del oficialismo, continuaron el lunes en el nuevo debate -bono compensatorio de por medio- que se produjo el lunes. La ciudad de Buenos Aires -capitalizada en la plaza del Congreso- fue el escenario de piedrazos, represiones, balas de goma, gases pimienta y un cacerolazo histórico en la madrugada del martes.
Con el proyecto aprobado y los focus group del oficialismo evaluando el saldo político de sumar 80 mil millones de pesos a la billetera presupuestaria, la Justicia, en manos del juez Julian Ercolini, ordenó la detención de los empresarios ligados al kirchnerismo Cristóbal López -quien está prófugo- y Fabián de Sousa. ¿Podrán desviar nuevamente las miradas de los reclamos al camino de reforma permanente?
La tormenta y la detención de Baratta
En medio de la crisis que atraviesa el Gobierno y ante la amenaza de Cristina Fernández a Macri en las encuestas, el juez Claudio Bonadio puso tras las rejas nuevamente a Roberto Baratta, el hombre fuerte de Julio De Vido durante la gestión kirchnerista. También fueron detenidos Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería, una de las firmas que más creció durante el kirchnerismo y de Javier Sánchez Caballero, quien fuera gerente general de IECSA, la empresa constructora que perteneció a la familia del presidente Mauricio Macri.
En este caso, Cambiemos consigue un poco de aire para evitar todas las miradas y las principales portadas por la crisis política arrastrada por los números de la inflación, el desempleo y la merma en la actividad económica.
Fuente: ElCanciller-
